Amnistía Internacional pide a la CPI investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela
Amnistía Internacional presentó este martes su informe sobre los hechos ocurridos en Venezuela durante los últimos días de enero durante las protestas en apoyo a Guaidó, donde 47 personas murieron por impacto de bala y más de 900 fueron detenidas
Las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, muertes y lesiones por el uso excesivo de la fuerza que ha utilizado el Gobierno de Nicolás Maduro de forma sistemática y generalizada desde por lo menos el año 2017, pueden constituir crímenes de lesa humanidad, alertó Amnistía Internacional este martes 14 de mayo en su más reciente informe titulado Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela, sobre los hechos ocurridos a finales de enero de 2019, durante manifestaciones en apoyo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
“Como hemos denunciado desde hace años, en Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras o quienes son percibidas como tales simplemente por el hecho de protestar, por la que el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, durante la presentación del informe en Ciudad de México.
Amnistía Internacional detalla que los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos cometidas en enero se hicieron de forma consistente en casi todo el país, con un alto nivel de articulación entre los cuerpos de seguridad a nivel nacional y estatal. Además indica que no sucedieron al azar ni de forma aislada, sino que fueron parte de un ataque planeado previamente y dirigido por las fuerzas de seguridad en contra de personas identificadas o percibidas como opositoras, especialmente en zonas altamente marginadas, con la finalidad de neutralizarlas o eliminarlas.
El informe destaca que en las manifestaciones ocurridas entre el 21 y el 25 de enero de 2019, al menos 47 personas murieron en contextos de protestas, «todas por heridas de bala». Amnistía Internacional asegura que todas las autoridades hasta el más alto nivel, incluyendo al mandatario Nicolás Maduro, estuvieron al tanto de estos hechos y no tomaron las medidas necesarias para impedirlas ni para investigarlas; por lo que considera que el encubrimiento de esas situaciones ha sido parte de la política de represión.
En medio de las protestas de esos días, “más de 900 personas fueron detenidas arbitrariamente en todos los estados del país e incluyeron niños y adolescentes”, añadió Amnistía Internacional.
Debido a las características de los ataques ocurridos en enero, en términos de la gravedad de las conductas, número de víctimas, espacio temporal y geográfico en el que se coordinaron las distintas fuerzas de seguridad, así como la existencia de indicios de patrones similares a los de 2014 y 2017, Amnistía Internacional considera que en Venezuela se pudieron haber cometido crímenes de lesa humanidad, por lo que debe ser determinado por una instancia judicial independiente e imparcial.
Amnistía Internacional recomienda la creación de una comisión de investigación en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su próximo periodo de sesiones en junio y julio de 2019. Asimismo, recomienda la activación de la jurisdicción universal por parte de aquellos países genuinamente preocupados por la situación en el país, así como la consideración y el estudio de estos hechos por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que mantiene un examen preliminar sobre Venezuela desde inicios de 2018.
El grave deterioro de las condiciones de vida y las sistemáticas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, continúan afectando a la mayoría de la población en Venezuela y han obligado a más de 3.7 millones de personas a abandonar el país. Al menos tres millones se encuentran en otros países de América Latina y el Caribe, y muchas de ellas en necesidad de protección internacional.
“Ante las graves violaciones de derechos humanos, la falta de acceso a medicinas y alimentos y la violencia generalizada en Venezuela, hay una imperiosa hambre de justicia. Los probables crímenes de lesa humanidad que las autoridades han cometido no pueden quedar impunes”, dijo Erika Guevara Rosas.
Amnistía Internacional también ha denunciado más de ocho mil ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad entre 2015 y 2017, entre los cuales se documentaron a profundidad ocho casos que dieron cuenta de patrones similares de ataque dirigido contra hombres jóvenes y en situación de pobreza. Toda esta documentación permite a la organización identificar la naturaleza sistemática y generalizada de los hechos de enero de 2019 en contra de una población civil.
