AN- 2015 condena «matraqueo» en alcabalas y destrucción económica tras expropiaciones
Desde la Asamblea Nacional (AN) de 2015, los diputados rechazaron y condenaron la extorsión, «matraca», en las alcabalas y carreteras de las que son blanco productores agropecuarios y particulares por parte de la Guardia Nacional (GN) y los cuerpos policiales. También condenaron la ruina de las empresas expropiadas por la revolución
La Asamblea Nacional (AN) de 2015 debatió sobre el deterioro y mal funcionamiento de las empresas expropiadas en manos del régimen de Nicolás Maduro, también sobre la grave situación del sistema educativo venezolano que afecta la calidad de vida de los niños y adolescentes, y la situación de cobro indebido y extorsión en las alcabalas que afectan el libre tránsito y la productividad del país.
A las 11 am, el presidente de la AN de 2015, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por un grupo de países, declaró abierta la sesión de la Comisión Delegada.
Los parlamentarios rechazaron y condenaron la extorsión, «matraca», en las alcabalas y carreteras de las que son blanco productores agropecuarios y particulares por parte de la Guardia Nacional (GN) y los cuerpos policiales, quienes le quitan mercancía o cobran en divisas para permitir el libre tránsito.
«En las carreteras de todo el país los funcionarios de la Guardia Nacional y cuerpos policiales solicitan colaboraciones de los productores que transportan mercancía o particulares a cambio de permitirles transitar libremente. Pueden llevar todos sus documentos en regla, en el caso de los productores la guía de movilización de carga, igual tiene que dejar productos de los que trasladan a los funcionarios, para que puedan continuar su viaje o en el caso de vehículos particulares tiene que pagar”, denunció la diputada Desireé Barboza.
Desde la AN, Barboza dijo, este martes, que el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, Celso Fantine, señaló que los sobornos terminan reflejándose en el precio de los productos que pagan los consumidores.
Por su parte, el diputado Luis Florido expresó, desde la sesión virtual de la Delegada, que con la «matraca» se vulnera la garantía constitucional como el libre tránsito
“Para algunos llegar a una alcabala es como llegar a la antesala del infierno, para otros es sinónimo de matraca. Los expertos que hablan de la eficiencia de las alcabalas dicen que en términos criminalísticos para conseguir delincuentes estadísticamente su eficiencia es del dos por ciento”, puntualizó.
Durante su intervención ante la AN, Florido aseveró que desde Barquisimeto hasta Caracas, un productor o un particular tiene que pasar por 35 alcabalas. Destacó que estos alcabalas son potenciales lugares donde pueden retener a los transportistas, revisarlos y no permitirle el tránsito si no les dejan algo en divisas o productos de los que transportan.
#SesiónAN | El Dip. @LuisFlorido finaliza el debate sobre la situación de cobro indebido y extorsión en las alcabalas que afectan el libre tránsito y la productividad del país. pic.twitter.com/dybGbCVQqq
— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) July 19, 2022
“La Guardia Nacional y cuerpos policiales no cumplen con su deber de proteger a la ciudadanía y se han convertido en matraqueros. A todo los que transportan alimentos sea agrícola o leche, pescado, carne, pollo, o queso, los que transportan productos perecederos y particulares son víctimas de extorsión de las autoridades”, puntualizó la diputada Gladys Herrera.
AN condena expropiaciones
Sobre el deterioro de las empresas expropiadas, el diputado José Luis Pirela, durante su participación en la sesión de la Comisión Delegada de la AN, dijo que el modelo estatista y confiscatorio convirtió al capital privado, nacional e internacional, en su enemigo.
Refirió que datos de Conindustria revelan que 1.168 empresas fueron expropiadas y no fueron pagadas. Añadió que, en 2011, se expropiaron 179 edificaciones.
#SesiónAN | El Dip. @joseluispirelar participa en el debate sobre el deterioro y mal funcionamiento de las empresas expropiadas en manos del régimen de Nicolás Maduro. pic.twitter.com/KHra7kB6lg
— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) July 19, 2022
Pirela puntualizó que el sector agropecuario fue afectado, con las expropiaciones, en 5 millones de hectáreas productivas.
Asismismo, desde la sesión virtual de la AN, el diputado expresó que al manejo absurdo del sector petrolero del país, «le debemos la baja productividad de gasolina y las inhumanas colas que tenemos que hacer para surtir los vehículos de combustible, hoy día, dolarizado. Pasamos de tener la gasolina más barata a una de las más caras».
El diputado José Ricardo Salazar señaló que hay una destrucción del 80% de la economía del país. Añadió que las expropiaciones han sido una herramienta del régimen para hacerse del dominio de empresas nacionales y extranjeras «que representaban, según ellos, un riesgo o una amenaza para su ejercicio del poder».
En la discusión de la Delegada de la AN, el parlamentario Ricardo Aponte repudió la frenética toma de propiedades empresariales y predios privadas lo cual generó pasivos laborales y escasa productividad. «La gran mayoría de estas aventuras empresariales por parte del Estado terminaron en fracaso».
Aponte añadió que la industria siderúrgica, cementera y minera está prácticamente paralizada, en tanto las empresas del servicio de electricidad y de telecomunicaciones están actualmente en estado ruinoso por falya de inversión.
Asimismo, la Dinorah Figuera llamó la atención sobre la paralizacion del sistema productivo nacional. Señaló que el gobierno del expresidente Hugo Chávez comenzó el esquema de de expropiaciones que originó pobreza; inseguridad jurídica; retiro y desaparición de industrias y empresas; además de migración y movilidad de trabajadores cualificados, «quienes fueron sometidos a presiones, criminalización y estigmatización laboral».
Este martes, desde la sesión virtual de la AN, los diputados conectados también repudiaron la precaria situación del sistema educativo venezolano y la ausencia de políticas educativas coherentes en atención a la Convención de los Derechos del Niño.
Deyalitza Aray denunció que la activación de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles), conformadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FAN), representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y milicianos, son un “espejismo más”, que busca «el control de las escuelas y someter a la población bajo un esquema de militarización”.
La parlamentaria también repudió el desprecio del gobierno de Maduro contra el pensamiento libre y autónomo que brinda la educación y las precarias condiciones de las infraestructuras de los centros educativos.
Por su parte, la diputada Mildred Carrero también cuestionó el plan del gobierno con los Bricomiles. Señaló que los militares no pueden ocuparse de la educación. Resaltó que el organismo castrense es “sinónimo de corrupción y narcotráfico”.
Asimismo, Rafael Veloz indicó que con Maduro no se va arreglar la crisis educativa. Refirió también que la migración de docentes alcanza el 25%, mientras que un millón de estudiantes dejaron sus estudios en los niveles de primaria y secundaria.
En un punto de información, el diputado Franco Casella pidió que la AN designe una comisión especial para investigar la situación del Saime y su ineficiente gestión. También abogó porque genere un documento oficial en el que se señale la deficiencia en los organismos del Estado para generar los documentos oficiales de identificación.
Desde España, Casella dijo que, en ese país, 4 mil 573 venezolanos han sido señalados y reseñados por los órganos de seguridad por presunta falsedad documental. El parlamentario se encuentra en el grupo de los afectados.
Lea también:AN-2015 aboga por derechos de migrantes y pide justicia por asesinato de líder indígena
