Mayoría de la AN-2015 ratifica disolución del Gobierno interino de Juan Guaidó
Voluntad Popular, organización política en la que milita Guaidó, admitió que desde hace cuatro meses un grupo de diputados manifestó sus intenciones de no apoyar la extensión de la gestión interina. El partido aseguró haber estado abierto a recibir otras alternativas siempre y cuando las mismas fuesen constitucionales y avaladas por la comunidad internacional
Con 72 votos a favor, 29 en contra y ocho votos salvados, la Asamblea Nacional electa en 2015 aprobó en segunda discusión la eliminación de la presidencia encargada, encabezada por Juan Guaidó desde el año 2019.
Pese a que la bancada mayoritaria del Parlamento — conformada por los partidos Un Nuevo Tiempo (UNT), Primero Justicia (PJ), Movimiento por Venezuela (MPV) y Acción Democrática (AD)— optó por el cese de las funciones del interinato, otras fracciones estuvieron en desacuerdo porque consideran que es un «suicidio» para la oposición venezolana y da espacio para que la comunidad internacional considere otorgarle reconocimiento a Nicolás Maduro.
Durante la sesión extraordinaria de este viernes, Juan Miguel Matheus, diputado de PJ y parte del equipo redactor del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia, afirmó que desde el punto de vista jurídico, no es cierto que el interinato exista en la Carta Magna, que es el argumento que, apoyándose en el artículo 233, alegan algunos partidos para apostar por la continuidad del mismo.
«Como no existe, comenzamos a trabajar en el Estatuto de la Transición en septiembre de 2018 porque ya se veía lo que vendría y la Constitución no era suficiente. Tuvimos que ejercer nuestras competencias legislativas para proteger la Constitución, como se aprobó en enero de 2019. Fue una emergencia», explicó.
También reprochó que en estos años Juan Guaidó, al no separarse de su cargo como presidente del Parlamento antes de tomar posesión de la presidencia encargada, ha puesto en duda la separación de poderes de ambas instancias.
«Es un gobierno interino que tenía caducidad de 30 días, nadie los compra pero tampoco cuatro años (…) Hemos tenido algo que pasó de ser provisional a convertirse en algo perpetuo. Y no se celebraron las elecciones, de manera que el artículo 233 perdió su razón de ser para justificar el gobierno interino. Además, esto fue pensado cuando teníamos la certeza de que el cambio político era inminente», afirmó el legislador.
En ese sentido, Matheus dijo a las fracciones parlamentarias que rechazan la eliminación del interinato debido a que los fondos de Venezuela en el exterior podrían caer en manos del oficialismo, que no estarían en riesgo al hacerse la reforma. Esto porque, según él, la nueva versión del Estatuto «da herramientas suficientes para protegerlos. Si llegase a ocurrir que Estados Unidos, Portugal o Inglaterra le devuelven los activos a Maduro, ellos tendrán que responder por darle los activos a un dictador violador de derechos humanos acusado de delitos de lesa humanidad».
A ese planteamiento, el diputado Freddy Guevara, de Voluntad Popular, el partido en el que milita Guaidó, respondió con una negativa por considerar que no está claro cómo se puede garantizar la protección de los programas como el Fondo Especial para la Liberación de Venezuela.
Además, el dirigente opositor reveló que la indisposición de otros partidos políticos de no apoyar la extensión del gobierno encargado se les fue comunicada hace cuatro meses y que desde la organización que él representa no se negaron a que les presentaran otras alternativas siempre y cuando las mismas fuesen constitucionales y avaladas por la comunidad internacional.
«Las decisiones que tomamos tienen validez en tanto y cuenta gobiernos y tribunales extranjeros las hacen propias. ¿Cómo pensamos traer un instrumento jurídico sin siquiera haber consultado o validado con ellos? Es insólito que ahora se diga que si se pierde el oro es culpa de Inglaterra. No me jodas, chico. Si se pierde el oro es porque no se construyó una opción consensuada a tiempo», indicó.
Para Guevara, es importante que los puestos y apoyos que tiene el interinato dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no se pierdan. Que eso no pase «depende de que haya una presidencia interina».
«No quiero que se pierda Citgo, ni que perdamos el puesto en la OEA. Quiero que la AN siga funcionando. Pero, ¿cómo es posible que queramos dar este salto al vacío sin haber asumido la mínima tarea de haber pasado esa iniciativa a los aliados? No podemos pedirle a esos países que sean más demócratas y solidarios que nosotros», aseveró.
Otros partidos minoritarios, como Encuentro Ciudadano, Proyecto Venezuela, Convergencia, La Causa R y el Bloque Parlamentario 16 de Julio plantaron su posición en contra de la modificación del estatuto. Diputados como Biagio Pilieri, Richard Blanco, José Pratt y Héctor Cordero, todos en contra del proyecto, tuvieron derecho de palabra durante la sesión de este 29 de diciembre.
Rechazo al «gobierno parlamentario»
Durante la sesión extraordinaria se detalló la reforma contempla mantener la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV) y de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). También establece que la creación del Consejo de Administración y Protección de Activos, el cual estará integrado por cinco miembros, designados por el Legislativo o su Comisión Delegada, dentro de los cuales designará quien cumplirá las funciones de coordinador, quienes una vez instalados, deberán aprobar su reglamento de funcionamiento.
De acuerdo con lo expuesto en la reforma el Consejo de Administración y Protección de Activos será el órgano competente para proteger todos los bienes o activos del país en el Exterior, participando cuando lo estime conveniente en la administración de los mismos. En el ejercicio de sus atribuciones representará las acciones que pertenezcan a la República en cualquiera de los entes en los cuales sea accionista la misma. Asimismo, podrá nombrar apoderados judiciales en representación de la República o revocar los que se hayan otorgados.
«El Consejo de Administración de Protección de Activos y el de Administración del Programa de Gastos, junto a la junta ad hoc de Pdvsa y el BCV se mantendrán en funcionamiento para el período de 12 meses, de conformidad con la vigencia establecida en el estatuto», se lee en el informe.
Diputados que respaldaron continuar el gobierno interino tildaron la reforma como inconstitucional. Francisco Sucre por (VP) argumentó que el articulado de la reforma «viola transversalmente» la ley. El parlamentario cuestionó que se pretenda dar recursos económicos a personas ajenas del Ejecutivo, porque además, «la función del gobierno recaería en la AN y eso crearía un gobierno parlamentario», una figura que no existe en la Carta Magna.
Con Sucre estuvieron de acuerdo diputados como Mariela Magallanes (LCR), Gilbert Caro (Voluntad Popular), Macario González (MUD), entre otros.
El diputado Tomás Guanipa (PJ) lamentó la postura de la fracción de diputados que estuvo en desacuerdo con la supresión del gobierno interino. Deploró que se haya «actuado como el gobierno» y apelado al chantaje, la descalificación y la agresión contra parlamentarios.
Rechazó que en la sesión se intentará «tratara de torcer las rodillas al 80% de los diputados que tiene una oposición distinta». Por su parte, Luis florido aseguró que los diputados, sobre todo de voluntad popular, buscan desestimar «a quienes están de acuerdo con eliminar el gobierno interino.
¿Qué más establece la reforma?
La reforma al Estatuto de la Transición, que fue aprobada por la mayoría del Parlamento electo en 2015 mantiene su desconocimiento a las elecciones presidenciales del 2018 y las Legislativas del 2020. El documento señala que los actos derivados de los «fraudes electorales cometidos en ambas fechas» son nulos e ineficaces en los términos de los artículos 25 y 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Aunque se eliminó la figura de gobierno interino la AN del 2015 se mantendrá en sus funciones, pues se aprobó que la continuidad constitucional del Poder Legislativo Nacional será ejercida por el Parlamento electo en 2015, que podrá funcionar a través de la Comisión Delegada, hasta doce meses continuos a partir del 5 de enero de 2023.
El diputado Sergio Vergara (VP) aseveró que se pretende hacer uso del artículo 333 de la Constitución para restablecer el hilo constitucional que rompió la mayoría que aprobó suprimir la presidencia encargada. Por su parte, Macario González, presidente de la Comisión de Contraloría, advirtió a los diputados que la protección de los activos en el extranjero se suprime en simultáneo al gobierno interino.
De acuerdo con el articulado, entre otras cosas serán competencias de la AN-2015 dar continuidad a las funciones del Poder Legislativo nacional, promover la transición a la democracia, proteger los activos de la República en el extranjero a través del Consejo de Administración y Protección de Activos, autorizar la disposición de los recursos indispensables para cumplir con los objetivos y fines de esta ley, tramitar la cooperación financiera internacional de organismos multilaterales y países del mundo a los fines de iniciar el proceso de transición democrática y de proseguir la reversión de la emergencia humanitaria, procurar las condiciones institucionales para la defensa de los derechos e intereses de los entes y bienes del Estado venezolano en el extranjero.
Además, podrá aprobar la contratación de las empresas que deben auditar la administración de los bienes y recursos públicos por parte del Consejo de Administración y Protección de Activos, aprobar el presupuesto de la Asamblea Nacional y sus modificaciones, convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias, cuando así lo exija la importancia de algún asunto, designar comisiones temporales integradas, ejercer las funciones de control constitucional y promover interna e internacionalmente la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, así como el restablecimiento de la democracia.
El artículo 14 de la reforma establece que «los activos del Estado que hayan sido o sean recuperados bajo la vigencia de este Estatuto, serán administrados y protegidos por el Consejo de Administración y Protección de Activos, y no podrán ser enajenados, gravados o ejecutados por ningún título o en ninguna circunstancia, hasta tanto se elijan autoridades legítimas del poder público nacional mediante la celebración de elecciones libres, justas y verificables».
El diputado Francisco Sucre reiteró que se instalaba un gobierno parlamentario, figura que no existe en la Carta Magna y que la AN se atribuye en la reforma competencias del Ejecutivo, como por ejemplo nombrar las juntas ad hoc del BCV y Pdvsa.
Con la aprobación en segunda discusión de la reforma todos los entes y funcionarios designados por la Presidencia Encargada quedan sin efecto a partir de la entrada en vigencia de la Ley. Solo quedarpan quedarán en el ejercicio de sus funciones los funcionarios a cargo del Consejo de Administración del Gasto ahora denominado Consejo de Administración y Protección de Activos, Consejo para la Administración del Programa de Gastos, Seguridad y Defensa de la Democracia y los miembros de la Junta Directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela.
Mientras que la oficina de la Presidencia Encargada deberá presentar a la Comisión Delegada de la AN-2015 un informe detallado, con la rendición de la cuenta de su gestión, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días (45) desde la entrada en vigencia de la presente Ley, al igual que el Procurador Especial, el Contralor Especial, el coordinador del Consejo de Administración del Gasto, el presidente de la Junta Ad Hoc del BCV, el Presidente de la junta ad hoc de Pdvsa y todos los funcionarios que han tenido hasta el presente responsabilidades de administración de bienes.
Fondo para la liberación de Venezuela
La AN-2015 también aprobó en segunda discusión la el informe de la Ley especial del fondo para la liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital, que tiene como objeto autorizar la disposición de los gastos indispensables para cumplir con los objetivos y fines del Estatuto que rige la Transición.
La ley autoriza al Parlamento para disponer de los recursos hasta por la cantidad de 52 millones de dólares, los cuales deberá destinar al cumplimiento del objeto de esta ley. El articulado deja claro que los gastos autorizados serán sufragados con recursos disponibles de Venezuela y demás entes descentralizados, disponibles en cuentas bancarias en el extranjero.
«Adicionalmente, la Junta Administradora Ad – hoc del Banco Central de Venezuela podrá transferir recursos a la República para la ejecución de los gastos aquí autorizados, tomando en cuenta las normas que los rigen de conformidad con la Ley del Banco Central de Venezuela», se lee.
La minoría, integrada por diputados que respaldaron a Guaidó, tildaron la propuesta como un cúmulo de artículos que violan la Constitución.
