AN-2020 sanciona ley orgánica para recuperar los bienes de la corrupción
La Ley Orgánica de Extinción de Dominio, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional (AN) del 2020, consta de 48 artículos y cuatro capítulos. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la creación de una comisión especial, que será liderada por el diputado oficialista Diosdado Cabello, para revisar todas las leyes que aborden la lucha contra la corrupción y «mejorarlas»
La Asamblea Nacional (AN) del 2020 sancionó la Ley de Extinción de Dominio, que permite transferir al Estado la titularidad de los bienes derivados de actividades ilícitas. La norma contempla la imprescriptibilidad de las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos de corrupción o el tráfico de estupefacientes.
La ley, que fue aprobada por unanimidad y remitida a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la sesión ordinaria del 27 de abril, consta de 48 artículos y cuatro capítulos.
Fue presentada por primera vez a la plenaria el 31 de marzo, en medio del escándalo de corrupción que ha salpicado a altos funcionarios de gobierno y las empresas estatales Petróleos de Venezuela, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Cartones de Venezuela.
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Tras aprobarse la ley el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, felicitó a la Comisión Permanente de Política Interior y a toda la cámara. Aseguró que la Ley de Extinción de Dominio será de gran ayuda para combatir la corrupción en el país.
«Anuncio para continuar en este proceso de lucha contra la corrupción una comisión especial conformada por diputados de la Comisión Permanente de Política Interior, Contraloría y Economía que estará presidida por el diputado Diosdado Cabello, para que sean revisadas, con la misma celeridad, todas las leyes relacionadas con la lucha contra la corrupción y hacerlas más eficientes, para que la impunidad no sea la moneda de uso de personas del sector privado, porque no solo los funcionarios públicos caen en la corrupción», dijo.
Durante el debate de este 27 de abril fueron añadidos dos artículos, ambos propuestos por el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello. La bancada opositora no presentó ninguna objeción.
Uno de los artículos agregados, que pasó a ser el 25, señala que desde el inicio del procedimiento y cuando fuera necesario asegurar un bien sobre el cual pudiese recaer la extinción de dominio deberá adoptarse la prohibición de enajenar los bienes, así como también deja claro que las medidas cautelares deben ser solicitadas por escrito y sin demora por el Ministerio Público ante el Tribunal de Extinción de Dominio, que deberá pronunciarse en las 24 horas siguientes.
El artículo 25 también prevé que el órgano auxiliar solicite al juez medidas cautelares, previa autorización por cualquier medio del MP, y que dichas medidas se ejecutarán independientemente de quien sea el titular.
«Dictada la medida, el juez debe notificar al Servicio de Bienes Recuperados. Materializada la medida, el Ministerio Público dispondrá de un plazo de dos meses para ejercer la acción de extinción de dominio. Por motivos fundados podrá prorrogar una sola vez. Vencido el plazo decaerán las medidas acordadas», dice parte del artículo 25.
Otro de los artículos agregados a la Ley y que pasó a ser el 26, indica que los funcionarios de organismos de seguridad auxiliares, al momento de hacer una operación orientada a la incautación por actividades ilícitas, deberán estar acompañados por efectivos del Servicio de Bienes Recuperados y suministrar la información requerida. «El incumplimiento dará lugar a medidas disciplinarias».
La Asamblea Nacional ordenó a los ministerios con competencia en Relaciones Interiores y de Justicia a dictar las normas que regulen a los organismo de seguridad ciudadanos en esta materia. El artículo también establece que los organismos auxiliares que se apropien u oculten bienes serán sancionados de acuerdo a la Ley.
La Ley de Extinción del Dominio ofrece fijar mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de los bienes relacionados o derivados de actividades ilícitas y la extinción de los derechos relativos al dominio de los mismos a favor de la República, sin contraprestación ni compensación alguna.
La sanción de esta ley faculta al MP, a cargo del fiscal Tarek William Saab, de iniciar y dirigir la investigación para identificar, localizar los bienes susceptibles de extinción de dominio, acreditar que concurren los elementos exigidos para la extinción de dominio, identificar a los posibles titulares de derechos sobre estos bienes y averiguar su lugar de notificación.
El ente también podrá acreditar el vínculo entre los posibles titulares de derechos sobre los bienes y el supuesto de extinción de dominio, desvirtuar la presunción de buena fe en la adquisición y destino de los bienes susceptibles de extinción de dominio. Las actuaciones tendrán carácter reservado hasta la notificación de la pretensión de extinción de dominio o la materialización de las medidas cautelares
AN celebra aniversario de la Misión Vivienda
La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo con motivo de celebrarse el 12° aniversario de la Misión Vivienda. El documento, que fue presentado a la plenaria por el diputado Rigel Sergent (PSUV – Distrito Capital) fue aprobado por unanimidad.
Durante la presentación del proyecto, Sergent resaltó el hecho de que en 12 años la misión se hayan podido construir 4.546.000 viviendas. «Eso merece el reconocimiento del pueblo y de este Parlamento», dijo desde la tribuna de oradores.
Según el parlamentario, el Gobierno a través de la Misión Vivienda «ha democratizado» el suelo urbano y se ha ceñido a la agenda de Naciones Unidas que emplaza a los países a garantizar a sus ciudadanos una vivienda digna. Se jactó de que la ONU reconoce que Venezuela es uno de los pocos países que cumple este aspecto.
Resaltó que las viviendas son construidas, por un valor 50% menor al del mercado, garantizándose con ella el derecho a la ciudad. Dijo que 70% de las viviendas se han levantado con la participación del pueblo a través de los Comités de Tierras Urbanas.
En la sesión del jueves 27 de abril también fueron ratificados los diputados ante el Parlamento del Mercosur y la Unión Interparlamentaria Mundial.
La representación para el Parlamento del Mercosur quedó integrada por los diputados Pedro Intante, Iris Varela, Saúl Ortega, Nancy Pérez, Jesús Faría, Ricardo Molina, Nicia Maldonado, Didalco Bolívar, Blanca Eekhout, Ricardo Sánchez, Carlos Gamarra, Marlenys Contreras, Willy Medina, Victoria Mata, Grecia Colmenares, José Gregorio Correa, Oscar Ronderos, Alejandro Aguilera, Giovany Blanco, Alexander Cordero y José Noriega.
Mientras que ante la Unión Interparlamentaria fueron designados Pedro Infante, como jefe de delegación, y Desiré Santos, Pedro Carreño, Hermann Escarrá, Ilenia Medina, José Gregorio Correa, Oscar Ronderos y Javier Bertucci.
El parlamento también aprobó un proyecto de acuerdo en ocasión de haberse celebrado el Día del Ajedrez Escolar en Venezuela.
