Asamblea Nacional aprobó Ley para funcionamiento del Consejo de Contraloría
El funcionamiento del Consejo de Contraloría será hasta que se «recupere la democracia y cese la usurpación», tal como lo dispone el Estatuto de Transición
La Asamblea Nacional aprobó la Ley para la Organización y Funcionamiento del Consejo de Contraloría, una instancia del gobierno interino de Juan Guaidó para controlar los gastos aprobados sobre activos de Venezuela en el exterior.
Dicha Ley contiene 40 artículos y tiene como objetivo regular los recursos que se manejarán por la vía de la presidencia encargada; parlamento; procuraduría especial; comisiones presidenciales; empresas del Estado que están en el exterior y las distintas juntas ad hoc nombradas desde el interinato.
El diputado José Prat (La Causa R-Bolívar), presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, explicó que este Consejo tiene el objetivo de vigilar, fiscalizar y controlar el buen uso de los activos de Venezuela que se encuentran en el exterior y fueron «rescatados por el gobierno interino».
Aunque los funcionarios del gobierno de Guaidó han evitado dar un monto total de los activos en el exterior, se han aprobado diversos montos para el pago de proyectos relacionados con la emergencia humanitaria y la atención de litigios que involucran a empresas del Estado como Citgo.
El funcionamiento del Consejo de Contraloría será hasta que se «recupere la democracia y cese la usurpación», tal como lo dispone el Estatuto de Transición aprobado por el parlamento venezolano en 2019.
«Durante 21 años de opacidad por la falta de control, corrupción desmedida y saqueo de las arcas públicas, donde no ha existido un contrapeso, y se ha ido destruyendo la institucionalidad; la separación de poderes, es una novedad que se presente una Ley que estipule el control del gasto de dinero de todos los venezolanos», subrayó Prat.
Indígenas afectados
En la sesión virtual de la Asamblea Nacional, la presidenta de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, Gladys Guaipo, alertó el riesgo que corren las comunidades originarias vulnerables en los estados Bolívar y Delta Amacuro, ante el brote del coronavirus en el país.
«La grave situación por la pandemia del covid-19 está afectando a nuestros pueblos indígenas. Esto se suma a la ausencia de asistencia médica a estas poblaciones en total abandono, lo que supone una violación de derechos humanos de manera sistemática (…) El coronavirus está causando muertes en los hermanos waraos venezolanos y no figuran en las estadísticas nacionales», aseveró la parlamentario.
Confirmó la existencia de 40 casos positivos de miembros de esta etnia que hoy se encuentran en en la localidad de São João da Boa Vista, Brasil, luego de que se vieran forzados a migrar por la crítica situación que atraviesa Venezuela.
Por ello hizo un llamado a organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que presten la atención requerida a esta población vulnerable.
Debacle del sistema eléctrico
Los diputados de la Asamblea Nacional debatieron este martes 12 de mayo sobre la debacle del sistema eléctrico venezolano, ante los constantes apagones que se viven en todo el país. El diputado por Mérida Lawrence Castro (Acción Democrática) aseveró que en su estado se registran cortes de luz diarios de hasta 12 horas, lo que imposibilita el comercio, «desarrollo de los estudiantes, la vida cotidiana de los merideños».
«Lo último que sucedió fue el asesinato del joven Rafael Hernández en una protesta en el sector El Campito por parte de unos sujetos desconocidos. Pedimos justicia por su asesinato. El responsable de la muerte de los venezolanos no es el covid-19, hoy los venezolanos se están muriendo por falta de energía eléctrica en los hospitales, el incremento de las acciones delictivas en las calles y los barrios», aseveró el parlamentario.
Por su parte, Enrique Márquez (Un Nuevo Tiempo-Zulia) indicó que debido al «desastre en que se ha convertido el sistema eléctrico» en el país no hay suficiente generación «ni siquiera para atender a un pueblo que se encuentra en cuarentena».
«Este sistema no da ni siquiera para mantener una actividad mínima como la que se está realizando hoy en Venezuela. No nos sirve el sistema y tampoco el régimen con su modelo fracaso, estatista y políticamente inviable», sentenció el diputado.
Según Márquez, la generación hidroeléctrica no es suficiente y está «muy disminuida» a partir de los apagones del año pasado, mientras que la generación termoeléctrica «está practicamente detenida con las consecuentes fallas en la distribución de energía».
Por su parte, Omar González (Vente Venezuela-Anzoátegui) detalló que en el país se han producido desde el año pasado más del 100 mil fallas eléctricas, todas reportadas por el Comité de apagones. «Esto se debe a la paralización de plantas termoeléctricas como Planta Centro que en 2018 dejó de producir más de 2000 MW de generación», añadió.
Mientras que Avilio Troconiz (Primero Justica-Zulia) dijo que se están viviendo «las mismas situaciones del año pasado».
Mencionó que en los estados occidentales pasan hasta más de 12 horas sin electricidad y los voceros oficiales solo dan excusas. «Nosotros sabemos que las empresas y organismos públicos del Estado no están trabajando, por lo cual el consumo de energía es mucho menor pero hay casos como en Zulia y Táchira con las fluctuaciones de energía, más de 40 al día, lo que afecta los artefactos eléctricos y muchas familias no pueden sustituirlos».
Por último, el diputado Williams Dávila (AD-Mérida) recordó que «hay países que se han desarrollado sin petróleo pero no sin energía eléctrica», al tiempo que dijo que en su entidad hubo un promedio de 200 horas sin energía eléctrica solo el mes pasado.
A nombre del bloque de diputados de Mérida, Dávila informó que enviaron una comunicación a la Comisión permanente de Política Interior para exigir una investigación por la muerte del joven Rafael Hérnandez.
Violencia en El Callao
A través de un acuerdo, los diputados de la Asamblea Nacional repudiaron el asesinato del cultor y minero Carlos Clark, hecho acaecido el pasado 8 de mayo en la población de El Callao, estado Bolívar.
El diputado Ángel Álvarez dijo que Clark fue asesinado por grupos irregulares tras denunciar la invasión de la mina que administraba, de nombre «Las cuatro esquinas», y además se negó a pagar «vacuna», como se conoce a los montos en oro o dinero que deben pagar mineros en esa zona para laborar ante la presencia de grupos paramilitares y los llamados «sindicatos».
Álvarez solicitó al parlamento que se eleve esta denuncia ante las instancias internacionales correspondientes, para que «en el momento que retorne la institucionalidad al país», los que cometieron este delito paguen.
Dentro del acuerdo aprobado por los diputados se señaló que la muerte de Clark, fundador de la agrupación Nueva Onda El Callao, es un «daño irreparable a nuestro patrimonio cultural, la identidad cultural y los valores cívicos de los venezolanos» que «están siendo reemplazados por la violencia auspiciada por parte del régimen de Nicolás Maduro.»
Además, reiteraron su condenó la presencia de grupos irregulares, armados en territorios del país, en especial al sur de Venezuela.
