AN aprobó nuevos fondos para la «transición» bajo auditoría de la OEA
El diputado Alfonso Marquina (Primero Justicia – Lara), presidente de la Comisión de Finanzas, fue enfático al afirmar que estos recursos deben ser manejados con criterios de «urgencia, austeridad y que vayan dirigidos a la transición democrática de Venezuela», además de ser transparentes con ese manejo
La Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión un proyecto de ley especial para la creación de un fondo «para la liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital», que estará bajo control de la Organización de Estados Americanos (OEA) además del control parlamentario.
Como se ha vuelto costumbre, la AN liderada por Juan Guaidó sesionó fuera de sus espacios naturales -en esta ocasión fue el complejo cultural de Los Salias, estado Miranda- debido a la imposibilidad de usar los espacios físicos del Palacio Federal Legislativo, tomado por el diputado Luis Parra y la constituyente.
En esta sesión, Guaidó propuso la necesidad de crear un fondo vía ley especial (basados en el artículo 36 del Estatuto de Transición) para atender la creación de programas de atención al parlamento venezolano y el resto de los poderes públicos, servicio exterior y «estrategia internacional», de respaldo a sectores como enfermeras y universidades; la atención de 80 niños que requieren un trasplante de médula urgente; fortalecimiento de comunicaciones; seguridad y defensa nacional.
Este fondo está calculado en 80 millones de dólares, lo que equivale a «seis horas de producción petrolera en un día», según dijo Guaidó a los medios. Para ello, se hará una solicitud a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense para que libere el dinero de una de las cuentas venezolanas en el exterior bloqueadas, aunque no se conoció cual.
El dinero en cuestión entonces pasaría a ser distribuido en cada uno de esos programas, bajo auditoría de la OEA. El contralor especial de la República, aprobado hace una semana por el parlamento, también ejercería funciones de control fiscal sobre el dinero, en base a las leyes venezolanas.
3:40pm #Miranda | Sobre el fondo especial para la liberación de #Venezuela, aprobada en primera discusión este #18Feb, @jguaido indicó que el fondo será entre 40 y 80 millones de dólares. Sin embargo, el monto se discutirá en la Comisión de Finanzas – vía @GabyGabyGG pic.twitter.com/iXcamCBQ7W
— El Pitazo (@ElPitazoTV) February 18, 2020
Bajo este mismo proceso de contraloría entrarían los 22 millones de dólares aprobados desde noviembre de 2019 para la cancelación de gastos de representación en juicios contra la República venezolana en el exterior, y donde están en juego activos como Citgo.
El diputado Alfonso Marquina (Primero Justicia – Lara), presidente de la Comisión de Finanzas, fue enfático al afirmar que estos recursos deben ser manejados con criterios de «urgencia, austeridad y que vayan dirigidos a la transición democrática de Venezuela», además de ser transparentes con ese manejo.
Esta acción marca una postura diferente por parte de la fracción de Primero Justicia, que objetó la aprobación del último monto para el fondo especial de litigios, debido al incumplimiento en los mecanismos de control parlamentario que se impusieron luego de la aprobación del primer fondo.
«Venezuela ha estado marcada por la opacidad, el manejo irregular de las finanzas públicas, la complicidad de los poderes para que los recursos venezolanos sean dilapidados por quienes usurpan el poder. Por eso nosotros queremos marcar una diferencia, ante la opacidad, transparencia», dijo Marquina durante su intervención.
El parlamentario insistió que esta es una «pequeña parte de una cuenta» de las que se encuentran bloqueadas en el exterior con dinero venezolano. El resto «estarán congelados hasta tanto se tenga el gobierno de transición y se convoque a elecciones realmente libres».
Además justificó el uso de estos dineros bajo una vía de excepción del artículo 36 del Estatuto de Transición, pese a que este instrumento expresa que: «Los activos del Estado que hayan sido recuperados no podrán ser dispuestos o ejecutados hasta tanto cese la usurpación y se haya conformado un Gobierno provisional de unidad nacional. A estos efectos, y en virtud de la reconducción presupuestaria continuada en la que se encuentra la República desde el año 2016, la AN podrá dictar una ley especial en materia financiera y presupuestaria de conformidad con el artículo 187».
Cambios en el exterior
La Asamblea Nacional también autorizó, a solicitud de la presidencia interina que ejerce Juan Guaidó desde enero de 2019, el nombramiento de dos nuevos representantes diplomáticos de su gobierno en el exterior.
Una de las designaciones es la del diputado Winston Flores (Voluntad Popular – Vargas) para fungir como representante especial en Bolivia. El parlamentario se encuentra fuera del país desde mayo de 2019, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia diera «luz verde» para el allanamiento de su inmunidad, tras vincularlo a los sucesos del 30 de abril de ese año.
Foto Cortesía Asamblea Nacional
Este nombramiento implica nuevos puentes con el gobierno interino de Jeanine Áñez en Bolivia, mandataria que ha reconocido la usurpación de Nicolás Maduro en el poder.
También se aprobó la sustitución de René de Solá Quintero como representante diplomático de Venezuela en Ecuador, una de las primeras designaciones que realizó Guaidó en enero de 2019. A partir de ahora será Héctor Quintero-Montiel quien ocupe ese cargo.
Desde el 22 de enero de 2019, la Asamblea Nacional ha autorizado la designación de 40 representantes diplomáticos aunque menos de la mitad han sido reconocidos por los países correspondientes, entre elolos, los países que pertenecen a la Unión Europea.
Sanciones contra Rosneft
El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que también ejerce como mandatario interino venezolano con el apoyo de más de 50 países, calificó de “victoria” las sanciones que emitió el martes 18 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Rosneft Trading S.A, una filial de la estatal petrolera rusa Rosneft.
“Los que sigan sosteniendo la dictadura tendrán consecuencias, hoy sostienen una guerra, hoy sostienen el asesinato de niños venezolanos, hoy sostienen a cinco millones de venezolanos refugiados, hoy empujan a venezolanos al hambre y a la miseria. Seguir sosteniendo a una dictadura es un acto criminal y de guerra”, sentenció Guaidó.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) alegó que “Estados Unidos está decidido a evitar el saqueo de los activos petroleros de Venezuela por el corrupto régimen de Maduro”, al que Rosneft contribuye en mantener, según explicó el Departamento del Tesoro.
“Todas las empresas que se pongan del lado de la Constitución, todos los que respeten el Estado de derecho venezolano, serán bienvenidos; prueba de ello, es el caso de las sanciones, las cuales podrían ser revisadas, modificadas y reversibles”, dijo el parlamentario, que además comentó que “seguirá aumentando la presión en todos los terrenos hasta lograr la libertad de Venezuela”.
