AN de Guaidó condena persecución a opositores en Nicaragua
Sobre la situación en Nicaragua, el diputado Luis Florido (Un Nuevo Tiempo – Lara) recordó que el régimen de Daniel Ortega ha perseguido y judicializado al menos a 10 opositores en las últimas dos semanas
La Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, presidida por Juan Guaidó, condenó la persecución y judicialización contra disidentes opositores del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, y pidieron a la comunidad internacional que se pronuncie ante la erosión de la democracia en ese país.
En su acuerdo, aprobado durante la sesión virtual de este martes 15 de junio, la AN electa en 2015 reiteró el acompañamiento y seguimiento hecho por la Organización de Estados Americanos a la persecución que ha hecho la dictadura de Daniel Ortega a su disidencia. Además, aprobaron que ese parlamento eleve su rechazo sobre lo sucedido en Nicaragua ante la asamblea general de la OEA.
Antes de iniciar los debates, la comisión delegada guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del diputado zuliano Ricardo Fernández (representante indígena por el occidente) por complicaciones debido al covid-19, además de la muerte del dirigente de Primero Justicia Gustavo Padrón.
Fallece otro diputado de la Legítima @AsambleaVE por COVID: Ricardo Fernandez, Guajiro, parlamentario indígena
No tuvo la posibilidad de ser adecuadamente atendido por falta de recursos, el régimen confiscó los salarios de los parlamentarios desde 2016, igual hizo con el seguro pic.twitter.com/WIFAdzUFSK
— Luis Florido (@LuisFlorido) June 15, 2021
“Lamentamos la muerte de Ricardo Fernández, un amigo, un luchador, un representante legítimo del pueblo indígena. Es muy doloroso para nosotros, para los parlamentarios y para su familia. Profundo dolor embarga en estos momentos al Parlamento”, manifestó Juan Guaidó antes de dar paso al minuto de silencio.
Según informaciones, el diputado padecía de coronavirus desde hace un mes. Al complicarse y no poder ser atendido adecuadamente en Venezuela, fue trasladado hasta Colombia, pero falleció. Era el suplente del diputado Virgilio Ferrer por el circuito indígena de los estados Mérida, Zulia y Trujillo.
Fernández es el tercer diputado de la AN electa en 2015 que ha fallecido por covid-19. A principios de la pandemia falleció el diputado Hernán Alemán, que se encontraba exiliado en Colombia. Luego falleció la parlamentaria Bolivia Suárez en el estado Lara.
Nicaragua asediada
Sobre la situación en Nicaragua, el diputado Luis Florido (Un Nuevo Tiempo – Lara) recordó que el régimen de Daniel Ortega ha perseguido y judicializado al menos a 10 opositores en las últimas dos semanas, algunos en su momento compañeros de guerrilla del mandatario nicaragüense.
«La visión de la política e integración debemos defenderla. Por eso debemos rechazar todas estas detenciones de precandidatos presidenciales», dijo Florido, al tiempo que señaló que esto no es un tema de «izquierdas» o posiciones ideológicas, sino de defender la democracia de la región.
Además dijo que la actuación del mandatario nicaragüense es el «mismo modus operandi» de Nicolás Maduro al encarcelar a los opositores. «Luchar por la misma lucha del pueblo nicaragüense es luchar la misma lucha del pueblo venezolano por recuperar la democracia y libertad», afirmó.
Mientras que el diputado Renzo Prieto (Voluntad Popular – Táchira) dijo que se debe tender la mano al pueblo de Nicaragua «y levantar la voz por los que sufren en ese país (…) En ses país, al igual que nosotros, han sido asesinados a manos del Estado, no hay garantías ni separación de poderes, usan al poder judicial para perseguir y encerrar, usando leyes nuevas para encarcelar».
Con estas leyes han encerrado a varios candidatos en Nicaragua, dijo Prieto, al referirse a la cuestionada «ley de soberanía», aprobada en diciembre de 2020, y que veta las candidaturas de ciudadanos nicaragüenses que exijan o avalen sanciones internacionales, actos de los que el régimen de Ortega acusa a la oposición y califica de «traidores a la patria».
«Yo le pido al parlamento que busquemos con urgencia reforzar todos aquellos esfuerzos multilaterales, no solo para detener a Ortega, sino al principal criminal de nuestra nación (…) Debemos evitar que en otras naciones se monten personeros como estos. No son políticos, son criminales», aseveró el parlamentario.
La diputada Olivia Lozano (VP – Bolívar) también intervino en el debate, y recalcó que Latinoamérica y el mundo están plagados de «figuras como éstas, que violan los derechos humanos, persiguen, encarcelan y asesinan con la tranquilidad de saberse impunes».
Lo que sí sorprende y preocupa, continuó Lozano, «es la inobservancia y la falta de rechazo firme de parte de la gran mayoría de los países democráticos del hemisferio, con contadas excepciones, corriendo el riesgo que las graves situaciones políticas de Nicaragua, Cuba y Venezuela pueden ser oscuros referentes y modelos para el resto del continente».
Canaima en riesgo
La comisión delegada también aprobó un acuerdo sobre el riesgo que corre el parque nacional Canaima, y solicitaron a la Unesco que exija a Cancillería -controlada por Jorge Arreaza- el examen del estado de conservación de dicho reservorio natural, y que reciban el informe que entregará la Asamblea Nacional electa en 2015 sobre el caso.
Además, convocaron a las academias y organizaciones ambientales nacionales e internacionales a constituir una comisión técnica para que evalúe de forma efectiva el impacto de la minería ilegal en Canaima, y lograr recomendaciones para su recuperación.
La diputada María Gabriela Hernández (PJ – Monagas) recordó que este junio se cumplen 59 años de la creación del Parque Nacional Canaima, con un gran valor ecológico y científico, lo que significó incluirlo en la lista de patrimonios ambientales del mundo.
«La criminal política minera de la dictadura, conocida como Arco Minero del Orinoco, se ha extendido y profundizado en Canaima», dijo la parlamentaria, quien puntualizó que desde 2016 ese parlamento ha promulgado cinco acuerdos políticos y emitido varios informes y pronunciamientos a autoridades ambientales de la ONU.
La Unesco pidió un informe sobre el estado de conservación del parque nacional Canaima, que fue asumida por la Cancillería y el Ministerio de Minería. La también presidenta de la Comisión de Ambiente dijo que «seguro ese informe omitirá que el pueblo pemón fue desplazado o incluso fue obligado a trabajar en condiciones de esclavitud en las minas de la zona».
Y falta el agua…
Los diputados también debatieron sobre la escasez de agua que hay en todo el país, lo que agrava las condiciones sanitarias para combatir la covid-19. La diputada Nora Bracho (UNT – Zulia) aseguró que más del 90% de la población venezolana no recibe agua potable de manera continua, producto del deterioro progresivo del sistema hídrico nacional por la falta de mantenimiento.
Bracho denunció que en el estado Zulia, y mostró un vídeo para respaldar sus afirmaciones, la poca agua que llega por tubería o cisterna es de color marrón, con residuos fecales y mal oliente. Destacó que el agua potable no recibe el tratamiento adecuado para el consumo humano, por la falta de plantas potabilizadoras.
Mientras que el diputado Gilmar Márquez calificó al servicio del agua potable en el país como «caótico». Recordó que la mayoría de las hidrológicas estadales fueron intervenidas, como Aguas de Mérida y la Hidrológica del Lago de Maracaibo (HidroLago), lo que afectó gravemente el suministro en esas entidades debido a la desinverción.
Márquez indicó que los más perjudicados son las familias con menos recursos, porque deben recurrir a otras modalidades para lograr tener agua en sus casas, como el pago en dólares por envases o cisternas de agua.
El parlamentario Rafael Ramírez (PJ- Zulia) afirmó que en su estado tienen más de 50 días sin que llegue agua por tuberías, bajo la excusa que viene sucia producto de las lluvias en las cabeceras de los ríos.
“No solo nos dejaron sin agua potable, sino también que la poca que llega está tan cargada de barro y sedimentos que es imposible para el consumo humano”, destacó el diputado, quien también denunció que tanto funcionarios de HidroLago como de la alcaldía del Zulia tiene un negocio con los camiones cisternas, las cuales cuestan cuarenta dólares y deben pagarse en efectivo.
