AN de Guaidó cree que Maduro disfraza violación de DDHH para eludir competencia de CPI
La AN de Guaidó, electa en 2015, aprobó en la sesión ordinaria del 4 de mayo un proyecto de acuerdo en rechazo a la criminalización de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela
Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, aseguraron que el giro al discurso que dio el fiscal general designado por la impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab, en relación al caso del Juan Pablo Pernalete, asesinado en 2017 en medio de las protestas contra el gobierno y la muerte del concejal opositor Fernando Albán, quien en octubre del 2018 cayó del décimo piso de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) solo busca disfrazar las vulneraciones de los derechos humanos para eludir las competencias de la Corte Penal Internacional (CPI).
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Durante la sesión ordinaria de este 4 de mayo los parlamentarios de la AN de Guaidó debatieron sobre la admisión de los hechos por parte de Saab en casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Para Juan Guaidó, presidente del Parlamento electo en 2015 y que se instaló en un período adicional por continuidad administrativa, el régimen de Nicolás Maduro pretende lavarse la cara y relativizar estos delitos.
Lo que se busca
El diputado Williams Dávila tildó de cínicas las declaraciones del fiscal designado por la impuesta asamblea constituyente. Al mismo tiempo, desestimó que alguien pueda comerse el cuento «de que aquí hubo homicidio culposo».
El parlamentario aseveró que para nadie es un secreto que lo que ha ocurrido es producto de un patrón sistemático. A juicio de Dávila, el gobierno de Nicolás Maduro dice investigar estos casos para eludir las competencias de la CPI.
«Siempre se denunció que la muerte de Pernalete fue en manos de la Guardia Nacional, siempre lo denunciamos. Con cinismo reconoce el asesinato de tres ciudadanos, pero no dicen nada de los demás jóvenes asesinados en 2017. También se denunció siempre que Fernando Albán fue asesinado y cuando lo dijimos se arreció la persecución», dijo durante su derecho de palabra.
Williams Dávila exigió que identifique a la cadena de mando. En este sentido, recordó que en el caso de las violaciones a los derechos fundamentales no existe el principio de la obediencia.
Aseveró que la confesión de Tarek William Saab pone en evidencia que encubrió a los responsables. «Solo busca que la fiscal archive el expediente y lo envíe a Venezuela porque estamos ante la presencia de la responsabilidad penal internacional», agregó.
Con Dávila coincidió el diputado Joaquín Aguilar. Durante el debate reiteró que en el caso de Pernalete, Fernando Albán e incluso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, asesinado en manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), se evidencia el accionar que, dijo, aplica el gobierno de Maduro para asegurarse la permanencia en el poder.
«Por eso no les importa violar la Constitución, destruir la moneda acabar y con las instituciones. No les importa echarse para atrás en estos casos. En los momentos que los asesinaron se negó rotundamente cualquier responsabilidad con estas muertes y ahora le hacen imputaciones a algunos de los responsables materiales para hacer ver que estas muertes fueron producidas por accionar indebido», agregó.
La diputada Tamara Adrián, por su parte, recordó que la Corte Penal Internacional ha cambiado al fiscal que lleva el caso de Venezuela. Hizo hincapié en que el nuevo fiscal, el británico Karim Khan, está acostumbrado a enfrentar las actitudes que tienen gobiernos «forajidos», por lo que aseguró que el cambio de guion de Saab servirá de poco para evitar lo que subrayó es inevitable: la formulación de los cargos penales ante la corte.
La parlamentaria tildó como una «tramoya burda» la actuación de Saab. Del mismo modo, sostuvo que el régimen de Maduro busca disfrazar la realidad sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Sobre el mismo punto los diputados Amelia Belisario y Rotmi Mantilla señalaron que detrás de las declaraciones de Saab el objetivo es hacer ver que en Venezuela se actúa contra las violaciones a los derechos humanos.
Belisario apuntó que desde el Ministerio Público (MP) se pretende restar responsabilidad al gobierno de Maduro al decir que en el caso de Alban se trato de un homicidio culposo.
Por su parte, el diputado Mantilla exigió a Saab «ya que está animado a investigar», ponerle el ojo a la investigación que se debió abrir cuando se descubrió una supuesta red de prostitución del alto mando militar en el estado Apure, sobre la presunta venta de boletas de libertad a los presos comunes del Sebin y a que explique cómo se usan aviones de la FAN para traficar.
AN de Guaidó defiende ONG
La AN de Guaidó electa en 2015 aprobó un proyecto de acuerdo en rechazo a la criminalización de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela.
Los parlamentarios aseveraron que la Providencia Administrativa No. 001-2021, norma emanada por la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, que entre otras cosas, obliga a las organizaciones sin fines de lucro a inscribirse en este Registro Unificado, consignar documentos que, por los múltiples obstáculos que existen en las oficinas de registro lo hacen imposible o documentos sensibles como la identificación de los beneficiarios de la organización como inconstitucional.
El proyecto de acuerdo también plantea denunciar ante la comunidad internacional lo que tildaron los diputados como una grave situación que vulnera el Estado de Derecho, como un acto más del régimen de Maduro para someter a la ciudadanía.
El diputado Luis Stefanelli sostuvo que al momento de la ONG hacer los registros se les piden recaudos que la misma administración pública se niega a dar. Calificó la norma como una «adefesio», que consiguió como víctima al ciudadano común.
Durante su derecho de palabra la diputada Sandra Flores enfatizó que con la providencia el gobierno solo busca hostigar a las ONG que están en el terreno y que tienden la mano al venezolano que enfrenta situaciones dolorosas.
Con Flores coincidió la también diputada Deyalitza Araya. La parlamentaria recordó que entre otras labores las ONG atienden a adultos mayores, distribuyen alimentos, medicamentos y brindan atención a familias vulnerables.
«Son organizaciones que tienen una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos y la visibilización de la realidad. El único mecanismo que ha convertido en política de Estado el gobierno es precisamente la persecución y construcción de expedientes para acallar las informaciones y cifras que dan cuenta el trabajo de investigación y diario de las ONG», agregó la diputada de la AN de Guaidó.
