AN de Maduro alardea de la operación en la Cota 905, aunque líderes de bandas escaparon
La AN de Maduro aprobó en primera discusión el proyecto de ley para la prevención y erradicación del abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes y el proyecto de ley de Teatro. Otros de los puntos abordados en la plenaria fue el de la ley de ciudades y protección a adultos mayores
Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) electa en los cuestionados comicios de diciembre del 2020, alardearon de la operación policial denominada «Gran Cacique Indio Guaicaipuro” que se realizó en la Cota 905 entre los días 7, 8 y 9 de julio para, supuestamente, rescatar la zona caraqueña de las bandas delictivas. Esto pese a que los líderes de estos grupos se escaparon en sus narices y que lejos de generar alivio a los vecinos ha despertado zozobra.
En la sesión se aprobó por unanimidad el acuerdo en respaldo a la operación con el alegato de que el despliegue buscaba garantizar paz, tranquilidad y seguridad a los sectores populares. La AN de Maduro aprobó crear una comisión que será presidida por el diputado Pedro Carreño, para presentarle al mandatario el acuerdo.
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Durante la discusión de este punto el diputado Pedro Carreño se jactó de la supuesta capacidad de los cuerpos de seguridad del Estado para combatir las bandas criminales que operan en Caracas. Aun cuando tras una semana de los enfrentamientos más son las dudas que las certezas y olvidándose de las acusaciones que, por ejemplo, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet ha hecho contra del gobierno por los excesos policiales.
Carreño, quien también preside la comisión de Política Interior, enfatizó que la operación «Gran Cacique Indio Guaicaipuro» se mantendrá para preservar la paz y la vida, pero no detalló si emprenderán acciones para salvaguardar los derechos humanos de los vecinos.
Por su parte, el diputado de la tolda opositora Bruno Galo subrayó que el Estado debe «darle duro» a quienes tienen de rehenes a los ciudadanos. Al mismo tiempo, felicitó a los cuerpos de seguridad de la nación que entraron en la Cota 905 de Caracas. El diputado de Avanzada Progresista también pidió a sus colegas ejercer la función contralora de la Asamblea Nacional y pedir la asistencia de la ministra de Relaciones Interiores para que explique los planes de seguridad que adelanta.
El proyecto fue presentado por el parlamentario y general retirado chavista Antonio Benavides Torres quien dijo que por medio de ella el gobierno, supuestamente, ejercerá la autoridad del Estado cuando se vea amenazada la paz de la nación. Aseguró que ante las amenazas el Estado venezolano y los cuerpos de seguridad ejercerán su autoridad.
Reciclando hipótesis
Cuando de reciclar discursos y teorías conspirativas se trata el chavismo da lo mejor de si. No es de extrañarse que el las mismas «hipótesis» se repitan una y otra vez a cada momento y desde cualquier espacio y, por supuesto, la AN electa en los cuestionados comicios del 6 de diciembre no puede ser la excepción.
Durante la sesión ordinaria de este 20 de julio el presidente del Parlamento de mayoría chavista, Jorge Rodríguez, reiteró que los enfrentamientos entre funcionarios policiales e integrantes de supuestas bandas delictivas de la Cota 905 que se registraron entre los días 7, 8 y 9 de julio fueron orquestados por la oposición venezolana
“Es evidente la participación de la extrema derecha, con apoyo de Estados Unidos y Colombia, en los hechos violentos en la Cota 905. Por ello se activó al Operativo Gran Cacique Indio Guaicaipuro”, dijo Rodríguez. Al mismo tiempo, responsabilizó al presidente de la AN electa en 2015, Juan Guaidó y a los dirigentes del partido Voluntad Popular (VP) Freddy Guevara, Leopoldo López y Gilber Caro, entre otros.
Según Jorge Rodríguez, el gobierno tiene grandes equipos para intervenir las conversaciones a través de Whatsapp. En este sentido, emplazó tanto a Freddy Guevara como a Leopoldo López y Guaidó a determinar quién entregó las conversaciones al régimen. Dijo que «hay mucho más».
El parlamentario reiteró la tesis de que Guaidó, quien es reconocido por parte importante de la comunidad internacional como mandatario encargado de Venezuela, hizo una licitación de empresas que podían «asesinar» a Nicolás Maduro, entre ellas: UTC, Silver Corp y la empresa propiedad de Antonio Itriago.
Rodríguez durante su participación en el punto de debate también se refirió al proceso de negociación y de diálogo. Al respecto, recalcó que solo acudirán a un diálogo con actores políticos que firmen un documento en el que se comprometan a desligarse de cualquier acto de violencia.
«Si no les gusta, muchas gracias no nos interesa participar. No vamos a hablar con los que arremeten contra la soberanía y nuestro pueblo”, aseveró.
Pese a los señalamientos Rodríguez dijo que «las balas que cayeron en la parroquia El Paraíso y las acciones violentas perpetradas en la Cota 905 no tienen color político”.
Prevenir el abuso a niños
En sesión ordinaria, la AN de Maduro aprobó en primera discusión el proyecto de ley para la prevención y erradicación del abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo a la diputada oficialista Arelys Orta, el instrumento buscará crear herramientas para prevenir estos delitos. Sin embargo, no precisó si han evaluado alternativas para evitar los abusos contra niños y adolescentes y cuáles serían.
«Esta ley apunta hacia el alcance de la protección física, mental y social de los niños. Así como también a brindar protección integral a las victimas, directas e indirectas, para garantizar su integridad y libre desarrollo», agregó.
La parlamentaria enfatizó que mucho niños callan y no denuncian por temor y por vergüenza a ser señalados. Recalcó que el anteproyecto se traduce también en el resguardo de la integridad emocional, física y psicológica de los menores.
En este punto el diputado opositor Alfonso Campos detalló que en el 2020, en medio de la pandemia, se comenzó a generar «tras bastidores» un aumento de los casos de abusos y violaciones hacia niños y adolescentes. Recordó que el Ministerio Público informó que presentó mas de nueve mil casos de abusos de carácter sexual sobre niños en el territorio.
Para el parlamentario la prevención de estos delitos pasa por hacer frente, por ejemplo a la pornografía y contenido implícito que llega a los jóvenes a través de redes sociales.
Campos aseguró que existen movimientos que buscan promover la pedofilia y que se escudarían en la «diversidad de género» para normalizarla.
Otra de las diputadas que ejerció su derecho de palabra en este punto fue Lidysol Velásquez, quien aunque aseveró que «con moral» puede decir que hay una legislación que ha atendido a los niños, niñas y adolescentes afirmó que «no nos parece suficiente» y que se necesitan más propulsores.
AN de Maduro aborda ley de Teatro
La AN Maduro aprobó en primera discusión el proyecto de ley de Teatro, presentado por la comisión permanente de Cultura y Recreación, que tendría como objetivo, entre otras cosas, impulsar la disciplina en los centros educativos.
El diputado de la bancada oficialista Enrique Ramos Olivares, quien presentó el proyecto de ley, afirmó que es necesario que se inicie una gran discusión en la nación para masificar el teatro como herramienta para construir una sociedad de ejemplo.
«Veíamos con asombro cómo la contrarrevolución genera financiamiento para que los niños emprendan la guerra. Hacia ellos es que queremos dirigir esta ley y sobre todo dentro del sistema educativo, porque es importante que en cada escuela se fomente lo que debe ser el teatro escolar», dijo.
La diputada oficialista Grecia Colmenares señaló que este instrumento no solo destacaría al movimiento teatral venezolano, sino que también con texto se reivindicaría a grandes hombres como por ejemplo César Rengifo, «que dedicó su vida a la construcción de ese mejor mundo para demostrar que desde todos los espacios se pueden hacer las transformación».
La tolda opositora respaldó la aprobación en primera discusión del proyecto de ley. El parlamentario Luis Ibarra dijo que la bancada cree que el teatro, enmarcado de manera educativa tanto en los niños y adolescentes, es parte de la solución para sacarlos del ocio, la violencia y armas.
«El teatro hay que llevarlo al barrio, a la comunidad, al cerro para que las familias puedan disfrutar la experiencia. Hagamos en los cerros y barrios más salas teatrales en lugar de guaridas de violencia», dijo.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ordenó hacer una consulta amplia, con organizadores de festivales en la que nadie se quede sin ser consultado sobre la ley.
AN de Maduro moviendo los hilos
El diputado de la tolda roja Carlos Mogollón presentó el proyecto de Ley Orgánica sobre el Derecho a la Ciudad. A su juicio, en las ciudades deben promoverse espacios para la producción y el emprendimiento.
Según Mogollón, el proyecto de ley se enfoca en concebir a la urbe como espacio para la producción, gestión y desarrollo en la que se logre la consecución de una vida digna para sus ciudadanos. El funcionario chavista no detalló sobre cómo el instrumento haría frente al colapso de los servicios públicos y a la emergencia humanitaria compleja que se instaló en el país en la narices del régimen para devolver las condiciones de vida a la ciudadanía.
El legislador de la tolda roja Sergent Rigel respaldó lo expuesto por Mogollón. Incluso sacó de nuevo a relucir las pretensiones del oficialismo de instalar en la nación un Estado Comunal.
Adultos Mayores y el afán por el régimen cubano
Otro de los puntos que la AN de Maduro abordó fue el acuerdo en favor de la lucha de Cuba y el rechazo a las supuestas acciones de injerencia que para el chavismo ejercer el gobierno de Estados Unidos a la isla caribeña.
La AN aprobó la creación de una delegación oficial que estará integrada los diputados América Pérez, Carola Chávez; Jesús Farías, Edgardo Ramírez y Mario Silva para hacer entrega al embajador de Cuba el documento.
Por último, la AN de Maduro aprobó diferir la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores. La norma que de aprobarse buscaría garantizar respeto a la dignidad humana de los adultos mayores, sector de la población que ha sido considerada por organizaciones defensoras de los derechos humanos como entre las más vulnerables y desprotegidas.
