AN de Maduro echó para atrás cambios en el TSJ hechos por Chávez en 2005
La AN de mayoría chavista electa en 2020 aprobó un acuerdo en el que se emplaza a la promoción de los ejemplos de hombres y mujeres pedagogos la educación popular inclusiva, pese a que los docentes de la nación devengan un salario que no cubre ni la canasta básica alimentaria
La Asamblea Nacional (AN) electa en los cuestionados comicios de diciembre del 2020 aprobó en segunda discusión la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que en resumidas cuentas contempla dejar sin efecto medidas impulsadas por el fallecido Hugo Chávez en 2006.
La reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia fue presentada por el diputado de la bancada del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello en la sesión del 18 de enero, iniciada una hora después de la hora en la que fue convocada.
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El instrumento establece la reducción del número de los Magistrados de 32 a 20. También se ordena la designación de los magistrados y sus respectivos suplentes por la Asamblea Nacional mediante la mayoría de dos tercios de sus miembros, suprimiendo las regulaciones vigentes que permiten que después de varios intentos se puedan designar por mayoría simple.
El documento presentado en plenaria también exhorta a fortalecer la autonomía y procedimiento de designación del Comité de Postulaciones Judiciales, aumentando a quince integrantes, cinco diputadas y diputados y diez personas postuladas por otros sectores de la sociedad.
Con la reforma al ordenamiento jurídico la Sala Constitucional del Máximo Tribunal estará integrada por cinco magistrados y las cinco restantes (Electoral, Político-Administrativa, Casación Civil, Casación Penal y Casación Social) por tres magistrados, reza el proyecto de reforma de ley aprobado, frente a los siete y cinco que tienen actualmente. Asimismo, se pudo conocer que cada sala tendrá un secretario y un alguacil.
A finales de diciembre, cuando apenas se informaba sobre la discusión de esta reforma el presidente del Parlamento de mayoría chavista, Jorge Rodríguez señaló que fue el máximo representante del Judicial, Maikel Moreno, fue quien propuso promover la reforma con el objetivo de que pueda darse un mejor manejo de las salas.
«En días pasados, hemos recibido por parte del presidente del TSJ, Maikel Moreno, para la consideración de esta Comisión (parlamentaria) para el Diálogo y la Reconciliación Nacional una propuesta, para que se realice una reforma de la ley orgánica del TSJ a los efectos de que esa composición del TSJ, que ahora consta de 32 miembros sea reducida», dijo Rodríguez en ese momento.
Recordó que hasta ahora el Parlamento ha hecho reformas al Código Procesal Penal, a la Ley de Estatutos de la Policía, Derechos sobre las mujeres, a la Ley de Comisión de Justicia y Libertad y seguridad personal.
Desde 2015 el TSJ ha sido señalado de servir a intereses de Ejecutivo Nacional en vez de ser un órgano meramente independiente. En diciembre de ese año, luego de consumarse la victoria de la oposición en las elecciones Legislativas, la Asamblea Nacional (AN) saliente, de mayoría chavista y presida por Diosdado Cabello aprobó la designación de 13 nuevos magistrados principales y 21 suplentes, todos vinculados al oficialismo.
La medida se aprobó en sesiones extraordinarias de la AN durante el asueto navideño, algo que la oposición consideró «irregular». Con esto, el chavismo logró asegurarse una importante ventaja en la batalla de poderes.
Anteriormente eran 20 magistrados los que integraban el TSJ, pero en 2005, el gobierno de Hugo Chávez logró que el Legislativo en ese entonces aprobara la ampliación del número de jueces del TSJ.
Reforma a la Ley de Defensa de Patrimonio Cultural
La AN de Maduro aprobó en primera discusión el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, una propuesta que fue presentada por el segundo vicepresidente de la comisión permanente de Cultura y Recreación, Roberto Messutti.
Destacó que en el instrumento debe incluirse el concepto de patrimonio inmaterial o patrimonio viviente, denominación realizada por la Unesco en 2003. Según el parlamentario de la bancada oficialista el la ley buscaría promover y salvaguardar los valores y la identidad de la venezolanidad.
Messutti explicó que es una ley para proteger los intereses de todos los venezolanos por igual, sin distinción de clase, etnia, religión o ideología política.
El diputado Javier Segovia, de la bancada opositora votó a favor del proyecto por ser la cultura un derecho humano. Agregó que la ley está alineada con la Constitución y con los nuevos tiempos.
En tanto Jorge Rodríguez, remitió la reforma parcial a la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, para que sea consultada con las cultoras, cultores, movimientos culturales y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con el fin de elaborar el informe y ser sometida a segunda discusión ante el Parlamento Nacional.
En el proyecto de Ley se propone un nuevo esquema de funcionamiento y atribuciones del Instituto de Patrimonio Cultural. Al ente se le asignarían más responsabilidades y facultades para que realice trabajos en defensa de los objetos o acumulación de bienes materiales e inmateriales.
La reforma establece el régimen punitivo actualizado a la realidad que vive el país y crea el Consejo Consultivo del Patrimonio Cultural que servirá de consulta para el Ejecutivo Nacional.
Acordándose de los maestros
La AN de mayoría chavista electa en 2020 aprobó un acuerdo en el que se emplaza a la promoción de los ejemplos de hombres y mujeres pedagogos la educación popular inclusiva, pese a que los docentes de la nación devengan un salario que no cubre ni la canasta básica alimentaria.
El Legislativo reconoció la labor que ejercen los profesores de todos los subsistemas de educación básica de la nación. Asimismo, establece acompañar las acciones didácticas y pedagógicas que el Ministerio para la Educación adelanta en materia del salto cualitativo a la transformación educativa.
La propuesta fue presentada por el diputado Enrique Ramos, quien señaló que Venezuela celebra con entusiasmo cada 15 de enero, por ser un día muy especial. El parlamentario evitó referirse a las reiteradas protestes del gremio en exigencia al régimen de Maduro por reivindicaciones salariales, así como también denunciando la precariedad en las edificaciones.
En tanto el diputado Bruno Gallo expresó que los maestros requieren la revitalización de sus organismos, asociaciones gremiales y sindicales, así como el reconocimiento de sus derechos, entre ellos mejor calidad de vida. Solicito a la AN el compromiso para que se le mejoren las condiciones a los docentes en cuanto a salarios, asistencia social y en la formación para mantenerse al día en sus conocimientos pedagógicos.
El diputado Gilberto Giménez replicó a lo dicho por Gallo para jactarse de que en la llamada «revolución» los maestros fueron revindicados. Dijo que a pesar del supuesto bloqueo económico siguen impartiendo clases. Tampoco mencionó las protestas que desde antes de la pandemia mantiene el gremio.
Finalmente, el Parlamento discutió sobre la designación del representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 130 del reglamento interior y debates de la AN.
El presidente de la AN propuso a la plenaria parlamentaria la ratificación del diputado Francisco Ameliach como representante del Parlamento venezolano ante el Consejo de Estado, la cual fue aprobada por unanimidad.
