AN de Maduro priorizó en 2022 leyes económicas y para «frenar la corrupción»
La Asamblea Nacional electa en 2020 dominada por el chavismo terminó 2022 sin lograr sancionar las 23 leyes que se incluyó en el Plan Básico Legislativo, aprobado en enero del año pasado. El período anual se resumió en 74 sesiones realizadas, 21 leyes sancionadas, unas 17 que se quedaron en una primera discusión —entre ellas algunas normas en las que se intenta imponer el inconstitucional estado comunal— y otros nueve proyectos de ley a la espera de discusión
El 5 de enero de 2023 se instalará un nuevoperiodo de sesiones de la Asamblea Nacional electa en 2020, que dirige Jorge Rodríguez. Se espera que el diputado del PSUV sea ratificado al frente de esa institución, para su tercer año consecutivo en el cargo.
Ese día, Rodríguez hará gala de los hecho por el parlamento que encabeza, dominado por fuerzas oficialistas y con una mínima representación opositora. El año 2022 terminó con 21 nuevas leyes sancionadas por la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020. El parlamento de mayoría chavista priorizó este año en su agenda normas para «impulsar la economía» e intentar frenar la corrupción en las instituciones públicas, que se ha profundizado en las narices del gobierno de Nicolás Maduro.
El Legislativo no cumplió la meta de aprobar este año las 23 leyes del Plan Básico Legislativo, aprobado en enero. De esta planificación, los diputados sancionaron solo ocho normas y otras nueve quedaron sin tener una primera discusión en la Cámara. El resto de las leyes que se sancionaron en 2022 no estaban contempladas inicialmente en el programa.
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Para la AN-2020 el año pasado se resumió en unas 74 sesiones realizadas, 21 leyes sancionadas, unas 17 que se quedaron en una primera discusión y otros nueve proyectos de ley que quedaron pendientes por discutir. En el año viejo, el Legislativo dio luz verde a 77 acuerdos, hizo 12 designaciones, seis actos de control político, 16 autorizaciones para designar a embajadores y una para aprobar créditos adicionales.
Adicionalmente, la plenaria conformó 47 grupos de amistad parlamentaria, instaló 12 comisiones especiales, siete mixtas y 15 permanentes.
Leyes sancionadas en 2022:
- Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
- Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras
- Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad
- Ley de Publicaciones Oficiales
- Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
- Ley contra la Corrupción
- Ley Orgánica de la Defensa Pública
- Ley de Intérpretes Públicos
- Ley Derogatoria de la Ley sobre la Condecoración Orden Francisco Fajardo
- Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales
- Ley de Registro de Antecedentes Penales.
- Ley de sellos
- Ley de Archivos Nacionales
- Ley de la Actividad Aseguradora
- Ley sobre la Condecoración Orden Gran Cacique Guaicaipuro “Guapotori Guaicaipuro”
- Ley que Regula el Uso del Nombre, Títulos y Efigie de El Libertador Simón Bolívar.
- Ley Aprobatoria del Acuerdo de Servicios Aéreos entre San Vicente y Las Granadinas y la República Bolivariana de Venezuela
- Ley Especial de Trabajadoras y Trabajadores a Domicilio
- Ley de la Condecoración Orden “Darío vivas”
- Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023
- Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2023.
Economía acorralada
La Cámara vendió en 2022 la idea de impulsar la economía. A mediadios de diciembre fue aprobado en primera y segunda discusión el Presupuesto Nacional para el Ejercicio Financiero y Económico 2023 que supera los 17.000 millones de dólares. Durante las discusiones la bancada de oposición reprochó que la norma no haya sido entregada a las bancada con suficiente antelación y pidió que se hiciera contraloría a las asignaciones de los fondos.
El 31 de diciembre en una sesión extraordinaria la AN aprobó créditos adicionales para el pago de nóminas dentro de la administración pública y para el presupuesto de 2023 del ministerio de Interior de Justicia, encabezado por Remigio Ceballos. Los montos aprobados para ambas partes son de 5.125 millones de bolívares y 5.096 millones de bolívares, respectivamente.
Ya el Parlamento de mayoría chavista había aprobado el 15 de diciembre un crédito adicional al presupuesto de egresos de los organismos ordenadores de compromisos y pagos de la administración pública nacional por más de 43 mil millones de bolívares (Bs 43.533.818.098). En ese momento, el diputado Fernando Bastidas, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), indicó indicó que el 31% de esos recursos son para honrar compromisos con los trabajadores de los sectores de educación y salud frente a la supuesta insuficiencia presupuestaria que, a su juicio, se debe a la desestabilización de la economía nacional.
La Reforma de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras fue uno de los instrumentos que entró en vigencia en 2022. En ella se estableció un sobrecargo a los pagos en divisa que las personas hagan en el país.
La bancada oficialista explicó en su momento que la reforma garantizaría un tratamiento favorable a los pagos y las actividades en moneda nacional y criptoactivos emitidos frente a los realizados en moneda extranjera.
Desde la bancada de oposición se rechazó el articulado, pero no valió para frenar su aprobación, debido a que se impuso, sin mediaciones, la mayoría chavista.
La exposición de motivos de la reforma señala que con el cambio se buscó incrementar en hasta un 5,4% la recaudación tributaria del país, bajo el argumento de que existen «actividades altamente concentradas en dólares en efectivo en grandes negocios».
Aunque el argumento hacía parecer que los pagos sería para «grandes negocios» y da a entender que no aplica para los pequeños empresarios o para las personas naturales, en realidad se aplica a todos los ciudadanos.
Laversión de la ley establece tres rangos de aplicación de impuestos:
- La primera va de 0 al 2% para una gran cantidad de transacciones en bolívares, por no incluirlas todas.
- Sigue una de 2% a 8% para operaciones en divisas o criptomonedas dentro del sistema bancario nacional.
- Finalmente, una de 2% a 20% para las transacciones en divisas o criptomonedas efectuadas sin mediación de instituciones financieras, es decir, en efectivo.
La consecuencia directa es que todo pago efectuado a un tercero de ahora en adelante constituirá un impuesto del 2% o del 3%, que se sumará al 16% que ya se cobra por el Impuesto de Valor Añadido (IVA).
Zonas económicas especiales
Otra ley que generó preocupación en los gremios y la Academia fue la de Zonas Económicas Especiales. El articulado, sancionado el 30 de junio, permite al gobernante Nicolás Maduro crear o suprimir «espacios de inversión productiva».
El Legislativo definió a las Zonas Económicas Especiales como «la delimitación geográfica que cuenta con un régimen socioeconómico especial y extraordinario, destinado al desarrollo de actividades económicas de inversión pública, privada, mixta y comunal, en cuyas poligonales se ejecutan proyectos de desarrollo de actividades sectoriales específicas que responden a los más altos intereses de la Patria, cuya producción local impacta favorablemente en el desarrollo socio productivo del país con beneficios a escala subregional».
La ley fue hecha a la medida del Gobierno. De acuerdo al instrumento jurídico, aprobado por la mayoría de la AN que domina el PSUV, las Zonas Económicas Especiales deberán contar con una superintendencia, cuyas autoridades serán designadas a dedo por el mandatario.
Sobre la ley, la economista Litsay Guerrero, autora de una investigación sobre las Zonas Económicas Especiales publicada en Cedice Libertad, explicó a TalCual que la viabilidad se puede esbozar al analizar el historial de proyectos fallidos de zonas económicas vigentes que operan sin pena ni gloria.
Para unos, la iniciativa es el desarrollo productivo para «romper definitivamente con el rentismo petrolero»; para otros es el reconocimiento del gobierno del fracaso de su modelo económico. También están los que creen que con las zonas económicas especiales se resquebraja el proyecto del difunto Hugo Chávez contra el neoliberalismo.
El sociólogo Javier Biardeau afirmó a TalCual para el trabajo Historial desmonta promesas de reivindicación en las Zonas Económicas Especiales que la experiencia histórica deja ver que en estos sectores hay un régimen laboral distinto y desfavorable. A su juicio, tanto en el tema de los trabajadores como en materia ambiental han terminado solo siendo funcionales, a lo que él denomina como «globalización neoliberal».
Leyes sobre Sistema de Justicia y la corrupción
La primera ley que sancionó el año pasado la AN-2020 fue la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia con la que, en resumidas cuentas, se dejó sin efecto medidas impulsadas por el fallecido Hugo Chávez en 2006. El instrumento estableció la reducción del número de los Magistrados de 32 a 20 y en el se ordena la designación de los magistrados y sus respectivos suplentes por la Asamblea Nacional mediante la mayoría de dos tercios de sus miembros, suprimiendo las regulaciones vigentes que permiten que después de varios intentos se puedan designar por mayoría simple.
El documento ordena al Legislativo la designación del Comité de Postulaciones Judiciales, aumentando a quince integrantes, cinco diputadas y diputados y diez personas postuladas por otros sectores de la sociedad.
Otra las leyes aprobadas por el Parlamento dominado por el chavismo fue la reforma a la Ley Contra la Corrupción que en la que se amplió la obligación de presentar la Declaración Jurada de Patrimonio hasta a los integrantes de los consejos comunales y comunas.
A los cambios al instrumento jurídico se les dio luz verde en la sesión ordinaria del 31 de marzo, luego de ocho meses de haber discutido por primera vez la reforma al articulado (8 de julio del 2021).
El articulado ordena sancionar a los funcionarios públicos que no suministren los documentos exigidos por la Contraloría General en la auditoría patrimonial, o en cualquier otro procedimiento administrativo. Asimismo, establece sanciones con prisión de tres a seis años a funcionarios que saquen ventaja o beneficio económico con ocasión de los supuestos generadores de responsabilidad administrativa previstos en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Otra ley con el que el Parlamento buscó mejorar el sistema de justicia fue la de de Registros de Antecedentes Penales, cuyo objeto es regular el registro de estos documentos para garantizar los derechos de las personas y el adecuado funcionamiento del judicial
La norma fue propuesta por el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos. Quedó establecida la prohibición de la solicitud de los antecedentes para optar por una oferta laboral. La persona u organización que los pida como requisito en el área laboral, académica o de salud o para otorgar créditos bancarios deberá pagar una multa de 1.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Quienes busquen tramitar el certificado de antecedentes penales tendrán que pagar una tasa de entre 10 o 50 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor establecida por el BCV.
Estado comunal en primera discusión
En el cierre de año la AN-2020 abonó el camino para instalar el inconstitucional estado comunal. Los días 17, 22 y 29 de noviembre la mayoría chavista del Parlamento aprobó, sin tomar en cuenta las consideraciones opositoras, unas cuatro leyes que promueven está modalidad política y organización ausente en la Carta Magna.
Las reformas a las leyes orgánicas de Consejos Comunales, Comunas, Poder Popular y Sistema Económico Popular forman parte del grupo de 17 que se quedaron en la primera discusión. Desde la bancada de oposición se retó al Parlamento al chavismo a someterlas a referéndum.
En 2021 se aprobó en discusión La Ley del Parlamento Comunal Nacional y la Ley de Ciudades Comunales.
