AN declara nulo cualquier contrato público que involucre refinerías venezolanas
El diputado Elías Matta denunció que el régimen de Maduro «pretende entregar a precio de gallina flaca» al Centro de Refinación Paraguaná pese a que la propia Ley Orgánica de Hidrocarburos lo prohíbe
La Asamblea Nacional (AN) se pronunció sobre las informaciones de que el régimen de Nicolás Maduro habría suscrito un contrato con la República Islámica de Irán para la reactivación de la producción de petróleo y la operación del Centro de Refinación Paraguaná, propiedad de Petróleos de Venezuela, S.A (Pdvsa).
A través de un acuerdo, aprobado por mayoría parlamentaria durante la sesión del 5 de mayo, el parlamento venezolano declaró nulas y sin efecto todas las decisiones y contratos suscritos por Maduro y «por autoridades usurpadas de Pdvsa con la República Islámica de Irán y cualquier otro gobierno, en tanto que la administración de esas empresas corresponde exclusivamente a la junta ad-hoc de Pdvsa».
El diputado Elías Matta (Un Nuevo Tiempo-Zulia), presidente de la Comisión permanente de Energía y Petróleo, señaló que el Centro de Refinación Paraguaná (CRP) fue «destruido» por unos «irresponsables» que llevaron la producción petrolera a 660.000 bpd.
Matta aseveró que el régimen de Maduro «pretende entregar a precio de gallina flaca» al Centro Paraguaná pese a que la propia Ley Orgánica de Hidrocarburos lo prohíbe. Además, recordó que en base al artículo 150 de la Constitución, cualquier contrato de interés público debe ser aprobado por la Asamblea Nacional.
«Es parecido a lo que ocurrió con Citgo y la renegociación del bono Pdvsa 2020, por eso lo denunciamos pues las personas que hicieron esa operación sabían que estaban cometiendo un ilícito», destacó el parlamentario.
Además, se pronunció por los reclamos que han hecho voceros como el economista Francisco Rodríguez. «Por ahí hay voceros que dicen que si Guaidó dirige Citgo porque no traen gasolina. ¿A quién se la vamos a entregar? ¿A los mismos que se la robaron y la venden a cuatro dólares el litro?».
Matta afirmó que en no menos de 100 días podría estar resuelto el problema de abastecimiento de gasolina en el país una vez se instale un gobierno de emergencia nacional, una petición de Guaidó para deponer a Nicolás Maduro del poder.
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Otra de las denuncias de los parlamentarios es sobre la «inescrupulosa e irregular incursión de aviones con material desconocido» que han llegado a aeropuertos cercanos a Paraguaná, permitidos por el régimen de Maduro, lo que a juicio de los diputados «va en detrimento de las relaciones internacionales con los países hermanos del continente y del derecho de los venezolanos de poseer una industria petrolera sana y fortalecida».
El diputado Luis Stefanelli (Voluntad Popular – Falcón) detalló que esas «incursiones» se tratan del envío de 600 toneladas de catalizador que necesita la Unidad Catalítica de Cardón (que forma parte del Centro Refinador Paraguaná) para reactivarse. «La República de Irán no tiene la capacidad financiera para reactivar una planta como esta, lo trataron de hacer con El Palito y fracasaron», sentenció.
La AN también autorizó a la Comisión permanente de Finanzas para que abra una investigación con el objetivo de «detectar, evaluar y probar el uso del oro de las reservas internacionales depositadas en el Banco Central de Venezuela, presuntamente utilizado para el pago de material para equipamiento y de técnicos especializados cuyo uso es desconocido».
Masacre de Portuguesa
Además del tema relacionado con las refinerías de Paraguaná, los diputados de la Asamblea Nacional también discutieron sobre la masacre ocurrida en el Centro Penitenciario de los Llanos (Cepella), ubicado en el estado Portuguesa. María Beatriz Martínez (Primero Justicia) aseveró que lo ocurrido fue la represión a una protesta y no una fuga masiva como se informó en un primer momento.
«Las autoridades estaban mediando incluso con el pran de ese penal, una realidad que no puede ser obviada. No hay pronunciamiento oficial, lo que hay es silencio cómplice. Hay una autoría material y una autoría intelectual de la muerte de todos los privados de libertad», dijo la parlamentaria.
La razones de la protesta es porque no tienen alimentos, porque hay desigualdades extremas con un grupo con provilegios y otros sometidos a las peores vejaciones, detalló la diputada, al tiempo que indicó que hay incertidumbre sobre quiénes y cuánta es la cantidad de asesinados y heridos debido a que no hay coincidencia entre el número de cadáveres entregados a sus familiares, a algunos los entregaron sin certificado de defunción o fueron entregados en estado de descomposición, lo que en algunos casos justificó el entierro en fosas comunes.
Las dudas razonables donde se habla de un mayor número de heridos y muertos es porque no ha habido respuesta oficial, prosiguió Martínez, «pese a que desde el primer momento de los acontecimientos estaba Douglas Rico, director del Cicpc, y esto fue confirmado por Rafael Calles, gobernador de Portuguesa (…) Están silenciando un fusilamiento, tiene que surgir la verdad».
La diputada Martínez solicitó además del rechazo absoluto a la masacre, que la AN se aboque a una investigación seria. «Solicito a la representanción de la Alta Comisionada de la ONU de Derechos Humanos, al comisionado presidencial para DDHH Humberto Prado y la Comisión de Política Interior a que participen en esta investigación».
Olivia Lozano (VP-Bolívar) indicó que hasta ahora tienen informaciones sobre 47 muertos y 76 heridos. Recordó que este penal solo cuenta con capacidad interna para 750 presos, pero al momento de la masacre se encontraban más de 2.500.
Mientras que la diputada Ana Mercedes Aponte dijo que el sistema carcelario venezolano atraviesa una crisis debido a la violación de los DDHH y la corrupción dentro de las mismas. «El Estado perdió el control de las cárceles venezolanas (…) Hechos como estos no pueden seguir sucediendo en las cárceles, esto es una manera cruel como fueron acribilladas estas personas».
Violencia generalizada
La plenaria de la Asamblea Nacional también condenó la proliferación de hechos violentos en medio de la pandemia del covid-19 y acusó al régimen de Nicolás Maduro por permitir la tenencia y uso ilegal de armas de fuego de guerra de bajo y alto calibre, municiones y explosivos, por parte de bandas criminales comunes y los llamados «colectivos» en zonas populares de todas las ciudades.
La diputada Yajaira Forero calificó como «grave» que bandas criminales utilicen armas de fuego de alto calibre como fusiles de asalto, subametralladoras y granadas, siendo la «Fuerza Armada Nacional (FAN) los únicos que pueden tener bajo su posesión y control de éste tipo de armamento».
«Nosotros nos preguntamos de dónde sale este armamento, ¿dónde lo obtienen?. No creo que vayan al Fuerte Tiuna y pidan prestadas las armas, o soliciten que se las vendan», inquirió durante el debate.
En ese sentido, la diputada Delsa Solórzano dijo que «para que estos delincuentes puedan acceder a las armas, es necesario que haya complicidad de régimen, lo cual demuestra que perdió el control de la seguridad nacional, ya que no tiene un plan para proteger a la ciudadanía y neutralizar a estos grupos que azotan a la población».
Recordó además que los asesinatos y muertes ejecutados por grupos identificados como «colectivos» no han sido investigados por ningún cuerpo de seguridad del Estado, acusándolos de estar «dedicados a la persecución contra la disidencia política venezolana».
Solórzano ratificó como necesario el cese de la usurpación y la instalación de un Gobierno de Emergencia Nacional que dentro de sus prioridades desarrolle «planes de seguridad serios», los cuales «debe iniciar con la prevención del delito y culmine con la inserción adecuada del delincuente en la sociedad y no vuelva a delinquir».
Entre tanto, el diputado José Gregorio Hernández detalló que más de 16.500 muertes violentas se han suscitado en el país, producto de la delincuencia incrementada durante los últimos años y precisó que en Venezuela ocurren más de 60 muertes por cada 100.000 habitantes, lo cual “nos indica que es el país más violento de toda América Latina”.
Por último, Juan Guaidó culpó a Nicolás Maduro de instaurar un Estado fallido, que trajo como consecuencia el incremento de la violencia e inseguridad ciudadana, por la ausencia del estado de derecho en el país. «La dictadura está sustenta por caos, desastre, masacres, desesperación. No les importa la vida de los venezolanos».
