AN exhorta a la Fuerza Armada a «cumplir su deber» tras declaraciones de Padrino López
El presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, Eliezer Sirit, dijo que las declaraciones de Padrino López «dejan bien claro que estamos frente a un ministro totalitario y dictador»
La Asamblea Nacional (AN) aprobó un acuerdo donde exhortan directamente a la Fuerza Armada Nacional a «cumplir con su deber» para el restablecimiento de la Constitución, además de su apoyo a una transición política, luego de las declaraciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, donde expresó su negativa de reconocer cualquier victoria opositora en procesos electorales.
Los diputados, en la sesión virtual del 7 de julio, calificaron las declaraciones de Padrino López (dadas durante el acto militar del 5 de julio) como una «deplorable confesión y pretensión dictatorial» del Ministro de la Defensa, pues evidencia «que la soberanía de la nación está secuestrada y que el dictador ha bloqueado las soluciones electorales con el respaldo de la cúpula militar».
El documento reiteró a los militares que deben «cumplir con su deber» como integrantes de la Fuerza Armada en la restitución del orden constitucional, y serán amparados bajo la «Ley de Amnistía» aporbada por el parlamento venezolano en 2019.
Además, hicieron un «llamado urgente» a la comunidad internacional a expresar su rechazo y condena a estas declaraciones y «aumentar la presión contra la dictadura de Nicolás Maduro», para lograr un cambio político.
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Como único orador en este punto, el presidente de la Comisión de Defensa de la AN, Eliezer Sirit, dijo que las declaraciones de Padrino López «dejan bien claro que estamos frente a un ministro totalitario y dictador».
A juicio de Sirit, esto es un hecho «muy grave porque es el administrador de las armas de la República, presidente del plan República, uno de los garantes de la realización de eventos electorales en paz y de manera cívica, así como debería ser garante de la Constitución».
Dijo además que estas declaraciones son «posturas para agradar a su entorno y congraciarse con el usurpador mayor para ratificarse en el cargo», por lo que emplazó al resto de la oposición «a pronunciarse ante lo grave de esta opinión que de alguna manera deja sin efecto la convocatoria a un proceso electoral para este año».
El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido además como mandatario interino por más de 50 países, recordó que esto es un tema neurálgico en el país pues la Fuerza Armada «es parte del sostén de la dictadura, pero también son importantes en un proceso de transición».
La única forma de rescatar ese uniforme de libertadores es ponerse al lado de la Constitución, de la gente, señaló Guaidó en su intervención.
Aseveró que hay un grupo de oficiales «que funciona más como guardaespaldas de narcotraficantes que como servidores de la patria, que de manera permisiva permiten a grupos terroristas. Es una vergüenza los que se somenten hoy al yugo de Cuba o cualquier otra potencia extranjera».
Es momento de desligarse de tales pretensiones cuando es la Constitución la que tenemos que habilitar, resaltó el mandatario interino. «Ahí están claramente las bases de una Constitución, los derechos de un pueblo con hambre. Es muy claro la labor de la Fuerza Armada, no es privilegiando un grupo político que ha destruido Venezuela«.
Además dijo que quedaba de parte de la FAN «recuperar la confianza del pueblo de Venezuela, queda de la Fuerza Armada entendiendo su rol claro en el ejercicio de soberanía, su papel en la transición y sí estamos cerca de tomar el poder político. Es momento de actuar y el pueblo lo exige, lo demanda».
Contra la tortura
Tras una propuesta de la diputada Adriana Pichardo, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley aprobatoria del protocolo facultativo de la «Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes».
En la discusión del proyecto intervino la diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano-Miranda), quien señaló que esto era un «hecho histórico» debido a la negativa del régimen de Nicolás Maduro a refrendar estos protocolos y acuerdos internacionales, solicitado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en sus informes sobre la situación de Venezuela.
En Venezuela se violan los derechos humanos todo el tiempo, aseveró la parlamentaria. «No tenemos agua, luz, seguridad, derecho a la salud, no hay respeto a la vida, a la alimentación y a la identidad. Además, si la gente protestas por todas estas necesidades lo ponen preso y lo torturan».
Reiteró las denuncias sobre torturas o tratos crueles contra «decenas de venezolanos» detenidos en centros preventivos de las fuerzas de seguridad e inteligencia, al tiempo que agregó que con este instrumento se protege legalmente a estas personas.
Por su parte, Franco Casella (Voluntad Popular-Miranda) recordó la existencia de «cientos de militares» que se encuentran presos por razones políticas y «están siendo torturados» o son «víctimas de tratos crueles e inhumanos».
Nombró los casos de los generales Raúl Isaías Baduel, Héctor Hernández Da Costa y Miguel Sisco Mora, el capitán Juan Carlos Caguaripano, el teniente coronel Igber Marín Chaparro, el capitán de navío Luis Humberto de la Sotta, «cientos de hombres de distintas jerarquías oficiales desde mayores generales hasta sargentos, víctimas de abusos, que han sido reflejados y evidenciados en los distintos informes presentados por la Alta Comisionada Michelle Bachelet», sentenció Casella.
El parlamentario agradeció a la Alta Comisionada «por su valentía y capacidad de demostrar ante el mundo la capacidad de sadismo llevada a cabo por este régimen de narcotiranía, que cruelmente decide violentar todos los tratados internacionales que protegen la dignidad del ser humano».
Pero además exigió a los funcionarios de Naciones Unidas que «profundicen mucho más, y digan al mundo que no es cierto que aquí existen avances y progresos cuando vemos que las fuerzas represivas de la dictadura siguen amenazando a la población».
Mientras que la diputada Mauligmer Baloa (Un Nuevo Tiempo-Amazonas) reiteró algunos de los puntos contenidos en la actualización del informe ofrecido por la Alta Comisionada sobre Venezuela en días pasados, en particular sobre la persistencia de las ejecuciones extrajudiciales, la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a testigos y familiares de las víctimas, así como el aumento de presencia militar en territorios indígenas.
En un punto de información, la diputada Deyalitza Aray (Proyecto Venezuela-Carabobo) denunció la muerte de al menos 13 reclusos en la cárcel de Tocuyito, debido a la falta de alimentación y atención médica adecuada.
Aray denominó esta situación como un «exterminio dentro las cárceles», debido a la desatención de las autoridades a la población penal. Familiares denunciaron a la diputada que los presos padecen de desnutrición severa, y enfermedades como tuberculosis, hepatitis o escabiosis.
La parlamentaria destacó la necesidad de «que esto se siga sustentando en los informes contra violaciones de los derechos humanos, en este particular sobre población privada de libertad. Hay que lograr que se cumplan con las exigencias que la Alta Comisionada Michelle Bachelet plasmó en sus informes».
Canaima en emergencia
El parlamento venezolano también aprobó un acuerdo donde se declaró al parque nacional Canaima como «territorio de gravísima emergencia ambiental» debido a la actividad extractivista del Estado venezolano.
La diputada María Gabriela Hernández, presidenta de la Comisión de Ambiente de la AN, aseveró que la «política extractiva, corrupta y destructiva» del régimen de Nicolás Maduro ha amenazado a los parques nacionales y «de forma peligrosa» a Canaima.
Señaló que los trabajos de investigación de varios medios venezolanos junto a organizaciones como Provea y SOS Orinoco develaron cómo dentro del parque nacional Canaima, zona no incluida en el Arco Minero del Orinoco, se encuentra «en caos» por la minería lo que ha ocasionado la destrucción de este patrimonio y amenazas directas a la población indígena.
La parlamentaria alertó que parte del desarrollo de Venezuela dependerán en gran medida de la conservación de Canaima, debido a que de este parque emergen los ríos que proveen de electricidad para un desarrollo sostenible.
Dentro del acuerdo aprobado por los diputados también se establece notificar a Naciones Unidas y la Unesco sobre el riesgo del daño ambiental irreversible sobre Canaima, parque declarado como «Patrimonio Natural de la Humanidad».
También promueven la conformación de una comisión técnica junto a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), instituciones académicas nacionales y organizaciones internacionales, para que efectúen la evaluación exhaustiva de los impactos ocasionados por la minería en el Parque Nacional Canaima y se establezcan los mecanismos técnicos y financieros para su recuperación y preservación.
Además, el acuerdo considera realizar las gestiones ante Naciones Unidas para excluir a Venezuela del sistema de certificación para el comercio internacional de los diamantes en bruto, «dado que el comercio de diamantes, en parte extraídos de los parques nacionales, contribuye al financiamiento de un sistema de gobierno violador de los derechos humanos».
Junta ad hoc de Pdvsa
Los cambios dentro de la junta de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (Pdvsa) controlada por el gobierno interino de Juan Guaidó se siguen sucediendo en poco tiempo. El pasado 30 de junio se incorporó a Horacio Medina como presidente de esta instancia, además de Javier Ricardo Linares Peña (quien venía de formar parte de la junta ad hoc de la Corporación Venezolana de Petróleo desde octubre de 2019), y Luis Antonio Vilchez Gallardo.
Seis días después, se anuncia la sustitución de Vilchez Gallardo por José Ramón Pocaterra Esparza como miembro junta ad hoc de Pdvsa. El diputado Robert Alcalá (Acción Democrática-Sucre) salvó su voto a esta solicitud, como ya lo había hecho la fracción 16 de julio en las pasadas incorporaciones.
A finales de mayo, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, aceptó oficialmente las renuncias de María Lizardo Gramcko y Alejandro Grisanti a la junta ad hoc de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
