AN exhorta a Nicolás Maduro retirar nacionalidad a cinco opositores por «robo» de Citgo
En el acuerdo aprobado por la AN este martes no solo se rechazó el «proceso de expoliación de las acciones de Citgo», sino que se declaró como «nula e írrita» cualquier decisión de tribunales estadounidenses al respeto. Además, se exhortó al Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación a profundizar las investigaciones y aplicar la Ley de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica Simón Bolívar «a los actores que hayan facilitado este expolio»
La Asamblea Nacional aprobó este martes 2 de diciembre un exhorto al Ejecutivo de Nicolás Maduro para que retire la nacionalidad de cinco opositores, entre ellos dos exparlamentarios, por ser «cabecillas» en lo que denominaron el «gigantesco robo de Citgo».
La filial de Pdvsa en Estados Unidos se encuentra actualmente en proceso de venta por 5.900 millones de dólares, autorizada por el juez de Delaware Leonard Stark, a una empresa perteneciente al fondo de inversiones Elliot Investment Management.
Tras la lectura de un acuerdo por el «expolio» de la empresa se incluyó una propuesta, expresada por el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, y aprobada por unanimidad, para que el Ejecutivo de Maduro constate el «retiro de nacionalidad» del abogado José Ignacio Hernández, Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Dinorah Figuera y Horacio Medina, a quienes se señaló como «los principales cabecillas del gigantesco robo de Citgo».
Jorge Rodríguez dijo que estas personas formaron parte de un «entramado brutal» para hacerse con los dividendos de Citgo, y aseveró que han demostrado una «particularidad criminal», por lo que se debe insistir en el artículo 130 de la Constitución y la aplicación de la Ley Orgánica Simón Bolívar.
El primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, quien presentó el acuerdo inicial, dijo que la venta autorizada de Citgo se hizo «a precio de gallina flaca», al tiempo que señaló al Gobierno de Estados Unidos de no respetar el derecho económico.
«Cualquier país, cualquier empresario tiene que saber que en Estados Unidos si les provoca le venden su empresa», advirtió.
El parlamentario también señaló que, con base en el trabajo de una comisión especial, se logró identificar a 351 «responsables en el país del robo de Citgo», entre ellos 94 parlamentarios, 108 «pseudo funcionarios» que participaron en instituciones paralelas o juntas ad hoc y 149 personas que, dijo, son de «juntas directivas de ONG que han recibido y aún reciben financiamiento a través de la Fundación Simón Bolívar de Citgo».
Asimismo, dijo que también están involucrados «varios partidos políticos y organizaciones» como responsables porque «cuando votaron aquí, votaron como bancada».
En el acuerdo aprobado no solo se rechazó el «proceso de expoliación de las acciones de Citgo», sino que se declaró como «nula e írrita» cualquier decisión de tribunales estadounidenses al respeto. También se solicitó denunciar en foros internacionales la «guerra jurídica y agresión económica multiforme» que, según el parlamento, Venezuela es víctima por parte de Estados Unidos.
Además, se exhortó al Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación a profundizar las investigaciones y aplicar la Ley de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica Simón Bolívar «a los actores que hayan facilitado este expolio».
Por su parte, el diputado opositor Carlos Melo pidió incluir entre las personas investigadas a Manuel Rodríguez, Nelson Lugo, Carlos Suárez y Gabriel Gallo, quienes forman parte de la directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela.
Afirmó que ellos «son los que han mantenido esa juerga y gasto de dinero de esa oposición» que, dijo, «siguen recibiendo recursos económicos… Es aberrante el desarraigo que tienen por su país y la forma como han tramado esta estafa que les permite robar a Venezuela».
Mientras que la diputada María Iris Varela (PSUV) propuso que se publique la cantidad de bienes, fondos de comercio, empresas, vehículos e inmuebles que pertenecen a los investigados y que sean confiscados vía Ley de Extinción de Dominio.
«Toda la miserable vida de ellos no le van a alcanzar para pagar el daño que le han hecho al país, porque no es solo lo material, sino los daños las muertes de compatriotas que tenían garantizadas su derecho a la salud», sentenció.
José Brito (Primero Venezuela) señaló al abogado José Ignacio Hernández de «una perversión jurídica» que, aseguró, «se viene fraguando desde hace 17 años» para favorecer a Cristallex y otras empresas.
Indicó además que el último avalúo que se hizo a Citgo «ya supero los 13.000 millones de dólares, pero este bandidaje pretende venderla por 5.900 millones de dólares».
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