AN exhorta a organismos internacionales actuar sobre Trinidad por trato a migrantes
La diputada Manuela Bolívar dijo que no es la primera vez que Trinidad y Tobago rechaza a venezolanos en mar abierto, violando todo tipo de normativa internacional sobre trato a refugiados
La Asamblea Nacional (AN) aprobó, mediante acuerdo de este martes 15 de diciembre, un exhorto a organismos internacionales, especialmente Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), para que tomen acciones sobre el Gobierno de Trinidad y Tobago por las continuas violaciones a convenios internacionales sobre el trato a migrantes, en especial los venezolanos.
Este exhorto del parlamento surgió luego del debate sobre el reciente naufragio ocurrido el pasado 12 de diciembre cerca de las costas de Güiria, al oriente del país, donde fallecieron 21 personas, entre niños, mujeres y hombres que intentaban llegar a la isla de Trinidad debido a la crisis venezolana.
Justamente, la Oficina de la Alta Comisionada Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un comunicado este 15 de diciembre exhortando a Trinidad y Tobago a detener la deportación marítima insegura de migrantes.
En el acuerdo aprobado, se instruye al presidente de la AN, Juan Guaidó, «para que envíe una nota de protesta contundente contra Trinidad y Tobago», al tiempo que se ordena al comisionado del gobierno interino para relaciones exteriores, Julio Borges, para que denuncie esos hechos a los organismos internacionales.
Además se instó a la Comisión de Política Exterior para que investigue los sucesos, y se determinen las responsabilidades sobre estos hechos. Asimismo, se ordenó a Borges para que, a través del embajador Gustavo Tarre, se solicite un averiguación independiente sobre los hechos a la OEA.
Durante el debate, la diputada Manuela Bolívar dijo que no es la primera vez que Trinidad y Tobago rechaza a venezolanos en mar abierto, violando todo tipo de normativa internacional sobre trato a refugiados.
Mencionó el caso del bote Jhonailys José, cuyos integrantes no han aparecido desde hace año y medio, además de los 16 niños deportados de forma ilegal durante el mes de noviembre de 2020. «Entre abril y mayo de 2019 al menos 50 personas desaparecieron en suspuestos naufragios, la mayoría mujeres».
La diputada destacó que 14.242 venezolanos registra el Mecanismo de Seguimiento a Migrantes de la Acnur, pero solo 1.8% ha podido acceder al asilo en Trinidad y Tobago. «Esto es gente venezolana que agarra una lancha, un peñero, no sabiendo en manos de quiénes caen, porque se están muriendo de hambre en Venezuela. La omisión no es producto de la irresponsabilidad, de que son poquitas personas, la omisión es complicidad».
También afirmó que «a los venezolanos muertos en nuestras costas no los mató el mar, los mató la emergencia humanitaria compleja que ha creado enste gobierno para humillar y controlar. 13.1 millones de venezolanos necesitan ayuda en alimentación y nutrición. Crearon una crisis de derechos humanos sin igual para poder mantenerse en el país».
David Smolansky, comisionado de la secretaria general de la OEA para los migrantes y refugiados venezolanos, dijo que este es el tercer episodio en tan solo tres semanas que ocurre en la frontera marítima con Trinidad y Tobago, y también refirió la situación de los niños deportados «que si no es por la sociedad civil y organismos internacionales les podría haber sucedido como a estos venezolanos, morir ahogados».
Smolansky lamentó la actitud recurrente de Trinidad y Tobago contra los venezolanos, que han denunciado xenofobia, violencia verbal y física contra mujeres y población vulnerable. «Trinidad y Tobago debería aprender de los países como Colombia, Brasil, que han entendido que los venezolanos migran por una situación forzosa».
Además se sumó a la petición de una investigación exhaustiva de lo que ocurre en Delta Amacuro y el estado Sucre, «donde cuerpos de seguridad y bandas armadas apoyan estas redes de trata de personas y narcotráfico. Esto no puede pasar por debajo de la mesa, no puede ser ignorado. Pareciera que Trinidad y Tobago privilegia su actividad política con el régimen en lugar de proteger a una población vulnerable».
Naufragios recurrentes
En el debate también participó la diputada Milagros Paz, quien recordó que desde hace un año los parlamentarios del estado Sucre están denunciando la grave situación «que padecen los venezolanos, y los obliga a abordar un peñero y enfrentarse al estrecho de Boca de Dragón porque están pasando hambre».
Son diarias las embarcaciones que zarpan de manera ilegal, dijo la diputada, «con la complacencia económica de las autoridades y con consecuencias nefastas para estos ciudadanos». Esta denuncia fue ratificada por el parlamentario Robert Alcalá, quien aseguró que en esas costas también operan mafias de droga y trata de personas.
«Gente que tenía futuro y que lamentablemente terminaron ahogados en las aguas del Caribe por la necesidad que vivían en Venezuela y la negativa de Trinidad y Tobago de recibirlos en su territorio», dijo el diputado.
Alcalá también se pronunció por las declaraciones del fiscal impuesto por la constituyente, Tarek William Saab, quien «con más de un año de retardo es que usted incluye al dueño de la embarcación. No tienen más nada que investigar, sino frenar la corrupción de los funcionarios de su gobierno que permiten estos zarpes por meterse unos dólares en el bolsillo».
Por último, el presidente de la AN, Juan Guaidó, recordó que se decretó luto nacional por tres días debido a la muerte de estos venezolanos «obligados a huir de su país, lánzadose a la nada, a la terrible incertidumbre de ser recibidos en un país donde el resto de los venezolanos han sido maltratados».
Guaidó dijo que ese “naufragio simboliza el horror que vive el país”, y que no se puede permitir que se normalice. Sobre Trinidad y Tobago dijo que es “un país que ha demostrado maltrato, violación a las Convenciones de Refugiados”.
Por ello, dijo que «es el momento de elevar el debate de la Convención Interamericana, la responsabilidad de proteger», para «salvaguardar» a los más de cinco millones de migrantes venezolanos, así como más de nueve millones de personas que padecen la emergencia humanitaria compleja.
Consulta popular
Los diputados, que a partir del 16 de diciembre instalarán la comisión delegada de la AN, refrendaron los resultados de la consulta popular, un evento organizado por la Asamblea Nacional en rechazo al proceso electoral del 6 de diciembre y para solicitar ayuda a la comunidad internacional.
En un acuerdo, los parlamentarios respaldaron iniciar una ofensiva diplomática para que «la farsa del 5 de enero sea desconocida», y que organismos internacionales y países mantengan su posición de desconocimiento a las elecciones del 6 de diciembre, y por tanto, a ese órgano que se juramentará a principios de 2021.
Además solicitarán a la Unión Interparlamentaria Mundial, una organización que reúne a los parlamentos del mundo, a que no reconozca el órgano que se juramente a partir del 5 de enero de 2021 como una nueva Asamblea Nacional.
El primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa, aseguró que con la consulta popular el pueblo venezolano desconoció “la vulgar farsa electoral” que se dio el domingo 6, para la que se prestaron un grupo de “delincuentes, alacranes y otro grupo de irresponsables cohabitantes”.
“En Venezuela no hay Consejo Nacional Electoral, no hay leyes, ni condiciones electorales, no hay respeto a los partidos políticos ni a los ciudadanos, por eso estos criminales, Maduro y los suyos pensaron que engañarían a los ciudadanos, pensaron que el pueblo es pendejo, ese pueblo no asistió a la farsa y con un silencio ensordecedor dejo clara su posición de dignidad y lucha”, afirmó Guanipa.
El diputado también señaló que, luego del 12 de diciembre, los venezolanos deben mantener la lucha “con fuerza, Maduro no se somete a unas elecciones de verdad porque sabe que las pierde”.
A favor de los DDHH
Otro de los acuerdos aprobado por la Asamblea Nacional en la última sesión ordinaria del año fue en reconocimiento a la labor de los defensores de los derechos humanos, al documentar y acompañar a las víctimas de violaciones y crímenes de lesa humanidad.
La AN reafirmó su voluntad para que los organismos internacionales puedan investigar directamente la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, así como las diversas violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro.
También se ratificó el compromiso del parlamento con el respeto y la garantía de los derechos humanos, con la reparación integral a las víctimas y con la sanción de los responsables, así como con el resguardo y protección de las personas defensoras de los derechos humanos. Por último, se incluyó un reconocimiento al reconocido abogado y defensor de los DDHH Pedro Nikken, tras cumplirse un año de su fallecimiento.
La diputada Adriana Pichardo aseveró que en el país no hay motivos para celebrar los derechos humanos mientras continuen los presos políticos, «mientras haya familias llorando porque no van a poder reencontrarse».
“El mundo entero ha puesto su mirada en nuestro país porque ya van numerosos informes que confirman que en Venezuela hay una dictadura e incluso ayer, la Corte Penal Internacional confirmó que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad”, dijo Pichardo.
En la sesión se permitió el derecho de palabra al comisionado del gobierno interino para los DDHH y atención a las víctimas, Humberto Prado, quien recordó que actualmente sobre Venezuela están activos cinco mecanismos internacionales, incluyendo los mandatos de organizaciones como la ONU, OEA y CIDH.
Prado también cuestionó el informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, al no incluir los hechos de 2014 a 2016. En este informe, esta instancia de la CPI asegura que hay motivos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad relacionados con detenciones o privaciones ilegítimas de libertad al menos desde 2017.
