AN promueve registro para migrantes y refugiados víctimas de violaciones a DDHH
En un acuerdo, la Asamblea Nacional plantea que este registro sea llevado en conjunto por varias instancias parlamentarias, del gobierno interino así como el Grupo de Trabajo de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos
La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes 27 de octubre la creación de un registro para migrantes y refugiados venezolanos que hayan sido víctimas de violaciones a derechos humanos, debido a la emergencia humanitaria compleja o delitos de lesa humanidad identificados por organismos internacionales dentro del país.
En una sesión virtual, los diputados aprobaron este registro luego de un debate sobre la situación de las venezolanas en Trinidad y Tobago, en especial luego del asesinato de Johandrys Salazar presuntamente a manos de un funcionario consular de Venezuela de origen cubano.
A juicio de los diputados, el asesinato de esta joven por parte de Aroldo Vidal, demuestra que no solo es un caso de femicidio, sino que revela la desinstitucionalización del servicio exterior, y también «es una expresión de entrega de nuestra soberanía a una nación extranjera».
Además de rechazar el asesinato de Salazar, que deberá ser investigado por la Comisión de Política Exterior, los parlamentarios también mostraron su desacuerdo con los tratos crueles y degradantes al que han sido sometidos migrantes o refugiados venezolanos en esa isla o en otros países.
Por otra parte, el acuerdo planteó que el registro sea un trabajo conjunto entre la Oficina del Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores; de los representantes diplomáticos del gobierno interino; la Comisión de Política Exterior; de la Comisión Especial de Justicia y Paz; las organizaciones de la diáspora en cada país extranjero y el Grupo de Trabajo de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos.
Durante el debate, la diputada Manuela Bolívar aseveró que al menos cuatro mil venezolanas han sido traficadas por redes de explotación sexual y tráfico de personas en los últimos años hacia Trinidad y Tobago, según un informe de la doctora Justine Pierre junto a Nayrobis Rodríguez. Detalló que alrededor del 43% de todas las víctimas llegan a esa isla desde el estado Sucre.
Además dijo que este año se han contabilizado cinco femicidios de mujeres venezolanas en Trinidad y Tobago, se han registrado otras siete denucias de violencia y brutalidad contra mujeres de nacionalidad venezolana, y al menos 165 venezolanos han sido expulsados de la isla en las últimas semanas.
«Lo que ha habido es silencio. Hoy Trinidad y Tobago tiene un rol clave pero está asumiendo un silencio que lo hace cómplice. La región debe pronunciarse», aseveró Bolívar.
Mientras que la diputada Dignora Hernández aseveró que este fenómeno de violencia de género no es exclusivo de Venezuela, «pero estamos obligados a denunciarlo en el país y condenarlo donde quiera se realice. Exigimos justicia y condena para los asesinos de estas mujeres en Trinidad y Tobago».
A juicio de la parlamentaria de Vente Venezuela, todos los connacionales están expuestos y sufren de la ausencia de ayuda, discriminación y xenofobia. «Por ellos debemos trabajar para ofrecerles un país al que puedan retornar».
Consulta y fraude electoral
En dos comunicaciones enviadas por Juan Guaidó como cabeza del gobierno interino, la Asamblea Nacional aprobó la designación de los integrantes del «Observatorio contra el fraude electoral», así como tres sustituciones de miembros del comité organizador de la consulta popular que organiza el parlamento.
El Observatorio contra el fraude electoral estará integrado por los diputados Olivia Lozano, Deyalitza Aray, Ivlev Silva, Luis Florido y José Gregorio Graterol, así como los ciudadanos Abel González Herrera, Maribel Ferrer, Riad Bujana Saldivia y Eduardo Páez-Pumar.
Esta instancia tiene como responsabilidad la recopilación y sistematización de violaciones a las leyes electorales y la Constitución, accesible para la comunidad nacional e internacional, y que sirva de referencia para establecer la responsabilidad de dichas violaciones.
Mientras que al comité organizador de consulta popular se integraran Marlene Robles, Jesús Suárez Oropeza y Eduardo Ramírez, en sustitución de Carolina Jaimes Branger, Rafael Punceles y Estefanía Cervó, respectivamente.
Violación internacional
La Asamblea Nacional también aprobó un acuerdo donde se condena y acusa al régimen de Nicolás Maduro de violar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, al detener a personal de la Embajada de España en Caracas y allanar sus viviendas, como represalia a la salida del dirigente opositor Leopoldo López, después de haber permanecido como huésped en esa delegación desde el 30 de abril de 2019.
Los diputados acordaron instruir al mandatario interino, Juan Guaidó, para que emita una una carta de desagravio y de solidaridad para el Gobierno del Reino de España y los integrantes de su misión diplomática en Caracas, debido a los «atropellos» sufridos.
Freddy Guevara dijo que fue una «torpeza y brutalidad» que el régimen de Maduro haya arremetido contra los empleados de la Embajada de España en Caracas, aunque demuestra el patrón de violaciones a derechos humanos que han denunciado organismos internacionales y oficinas de Naciones Unidas.
Mientras que la diputada Delsa Solórzano dijo que el «asalto» de algunas sedes de la Embajada de España en Venezuela, no solo demuestra la violación a la Convención de Viena sino que «Maduro ha violado los derechos humanos también en España. Esto tiene que llevar a la alarma de Europa, de España y aquellos países que miran hacian un lado para no enfrentar al régimen de Nicolás Maduro».
Venganza es la razón de ser de sus actuaciones, prosiguió Solorzano, «y se están vengando por la liberación de Leopoldo López, que logró evadirse y superar los controles que ha impuesto el régimen de Maduro».
La diputada afirmó que en el país nadie está seguro, «si usted es funcionario diplomático o consular, tampoco se siente seguro, porque los dictadores actúan de esta manera, en distintas partes del mundo, ahora le toca a Venezuela».
