AN propone establecer responsabilidades penales sobre promotores de ley antibloqueo
Los diputados advirtieron a aquellas personas, naturales o jurídicas, que realicen acuerdos o negociaciones a través de la ley antibloqueo que pueden estar incursos «en delitos de lesa patria»
La Asamblea Nacional (ANC) declaró como «inexistente e ineficaz» la ley antibloqueo sancionada la semana pasada por la impuesta constituyente, al tiempo que los diputados acordaron establecer responsabilidades civiles, penales y administrativas sobre los promotores de dicho instrumento así como los funcionarios que la apliquen.
En la sesión semi presencial de este martes 13 de octubre, a la cual no fueron convocados medios de comunicación pese a que fue invitado público y la mala conectividad interrumpió la transmisión en varias oportunidades, los parlamentarios aprobaron desconocer en todas su partes este instrumento, que fue tildado como un «adefesio legal», al no cumplir con los extremos constitucionales para su promulgación.
Los diputados también advirtieron a aquellas personas, naturales o jurídicas, que realicen acuerdos o negociaciones a través de la ley antibloqueo que pueden estar incursos «en delitos de lesa patria, asociacion ilícita para delinquir, aprovechamiento de bienes provenientes del delito, peculado de uso y doloso, aprovechamiento indebido de bienes públicos y otros delitos previstos en el ordenamiento jurídico vigente».
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A pesar de esto, el acuerdo de la AN establece que quedan a salvo de estos señalamientos «aquellos bienes producto de expropiaciones inconstitucionales que puedan ser objeto de devolución a sus propietarios originales, con consentimiento de estos».
El diputado Alfonso Marquina (Primero Justicia – Lara) aseveró que el régimen de Nicolás Maduro pretende justificar la aprobación de este «adefesio» en base a una supuesta defensa de derechos humanos, pero sistemáticamente viola los DDHH de la población.
El presidente de la Comisión de Finanzas de la AN dijo que la ley antibloqueo es un «marco normativo autocrático» que le otorga a Maduro la posibilidad de desaplicar leyes usurpando funciones del Tribunal Supremo de Justicia; además de facultades «para desconocer normas constitucionales, firmar contratos con empresas extranjeras para la explotación y explotación de nuestro petróleo y manejar las cuentas del Tesoro nacional e ingresos adicionales de manera discrecional, con lo que se pretende liquidar la garantía constitucional prevista en el artículo 314».
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Mientras que el diputado Carlos Bastardo (Vente Venezuela – Monagas), a nombre de la fracción 16 de julio, coindició en que dicho instrumento pretende «darle la estocada final» a las instituciones republicanas, con el objetivo de saquear las arcas de la nación y adueñarse de los recursos del país.
El parlamentario invocó la aplicación de la Responsabilidad de Proteger (R2P), y dijo que también «es necesario activar al personal diplomático del gobierno interino para que trabaje en desarrollar acciones contundentes acerca del artículo 8 del TIAR».
Simón Calzadilla (Concertación – Aragua) precisó durante su intervención que el «adefesio constituyente», en sus 44 artículos y dos disposiciones finales, «no tiene la palabra antibloqueo ni la desarrolla, la palabra antibloqueo es sustituida por la frase: medidas coercitivas, unilaterales y otros medidas restrictivas o punitivas; en referencia a las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa».
Los abogados que elaboraron este adefesio tuvieron el cuidado de no incluir la palabra antibloqueo, prosiguió Calzadilla, «sabiendo claramnete que el régimen de Nicolás Maduro está sancionado, más no el país. Si Venezuela estuviera sancionada, los tanqueros de combustible no pudieran ingresar al país. Es una propaganda este título para justificar sus mentiras».
Consulta popular
Al inicio de la sesión, el presidente del parlamento, Juan Guaidó, nombró y juramentó a los integrantes del comité organizador de la consulta popular, un instrumento para rechazar el «fraude electoral» del 6 de diciembre, como ha denominado la AN a las elecciones parlamentarias.
En representación de organizaciones proponentes fueron juramentados Blanca Rosa Mármol de León, Enrique Colmenares Finol y Horacio Medina; los representantes estudiantiles Estefanía Cervó y Rafael Punceles; y como parte de los miembros de las Academias fueron designadas Carolina Jaimes Branger e Isabel Pereira Pizani.
Foto: Leo Álvarez | Prensa Asamblea Nacional
La consulta popular -en la que están convocados a participar venezolanos dentro y fuera del país- fue aprobada por la AN el pasado 1° de octubre, como parte de una agenda de presión interna propuesta por Guaidó en su condición de mandatario interino. Dicha consulta tiene dos preguntas definidas, relacionadas con la aprobación o no de las parlamentarias y otras vías de acción, pero aún no cuenta con una fecha para su realización.
Entre las funciones del comité recién designado están la de «organizar, administrar, supervisar y vigilar los actos relativos la consulta popular»; así como «totalizar, adjudicar, proclamar, con base en las actas de escrutinio» los resultados de la aplicación de dicho instrumento.
Durante la sesión de la AN también se designó al ciudadano Humberto Giovanni Cuffaro Mejía como integrante y presidente de la junta administradora ad-hoc del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), en sustitución de María Carolina González Hernández.
Indígenas «en resistencia»
La Asamblea Nacional también aprobó un acuerdo para la protección y defensa de los derechos de los pueblos indígenas venezolanos, luego de que el 12 de octubre se conmemorara el Día nacional de la Resistencía Indígena o Día de la Raza.
Dicho documento exhorta a Juan Guaidó, en su calidad de mandatario encargado reconocido por más de 50 países, a que se tomen las medidas necesarias para restituir y garantizar efectivamente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a la tierra y hábitat, salud, seguridad alimentaria y personal, de acuerdo a la Constitución.
También se solicita que se proceda a denunciar formalmente las continuas violaciones contra las comunidades y pueblos indígenas ante instancias internacionales, así como una exigencia a la Fuerza Armada Nacional para que expulse de manera inmediata a los grupos guerrilleros que se encuentran repartidos en las tierras pertenecientes a estos pueblos.
La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, Gladys Guaipo (Acción Democrática) dijo que los pueblos indígenas son «una raza indestruible y el día de hoy seguimos en resistencia. Somos perseguidos, maltratados. Esta es una celebración que se torna ocrua debido a la violación de los derechos humanos de los indígenas por parte de este régimen, que los ha llevado a la miseria en todos sus aspectos al igual que al resto de los venezolanos».
Además, la representante indígena dijo que las conclusiones presentadas por la Alta Comisionada Michelle Bachelet en su último informe sobre Venezuela «es la gran demostración de las violaciones a nuestros derechos civiles y democráticos, y que se agrava con la pandemia de la covid-19».
El presidente del Parlamento Amazónico, Romel Guzamana, señaló que «los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela han sido sistemáticamente agredidos por grupos irregulares armados, han invadido y destruido sus territorios. Queremos que este mensaje llegue a las Naciones Unidas, a la Corte Penal Internacional, para que se tomen las medidas necesarias, velar por los pueblos originarios de Venezuela y se respete su soberanía».
También hizo un llamado a todos los pueblos aborígenes del mundo y de Venezuela «a que afilen sus flechas, que armen sus arcos, para estar en defensa y no a la deriva», ante las amenazas de los grupos irregulares. Por último, exhortó a la FAN a que depongan la «actitud hostil» contra los indígenas.
