AN y empresarios buscan atraer inversionistas con nueva Ley de Propiedad Intelectual
Tras veinte años de constantes ataques y amenazas a la propiedad privada perpetradas por los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, el sector industrial venezolano –reducido más de 80% en las últimas dos décadas– no siente que en el país haya la confianza necesaria para hacer inversiones de cualquier tipo, entre ellas en proyectos de investigación y desarrollo
En 2009, Eduardo Samán, entonces ministro de Comercio, dijo que las patentes se habían convertido en “un obstáculo para la producción” y que el gobierno no podía permitir que hubiera barreras a la medicina, a la vida y a la agricultura. En aquel entonces Hugo Chávez anunció la eliminación de las patentes de algunos medicamentos. “¿Que un laboratorio no nos deja fabricar medicinas porque tienen la patente? No, no, no”, expresó durante su programa Aló Presidente.
Es por esta razón que, tras veinte años de constantes ataques y amenazas a la propiedad privada por parte de los gobiernos de Chávez y de Nicolás Maduro, el sector industrial venezolano –reducido más de 80% en las últimas dos décadas– no siente que en el país haya la confianza necesaria para hacer inversiones de cualquier tipo, entre ellas en proyectos de investigación y desarrollo.
Tampoco consideran que en Venezuela haya seguridad jurídica para invertir en esta área, pues la Ley de Propiedad Intelectual vigente, que data de 1956, no ofrece suficiente protección a las empresas, según expertos.
“Este gobierno es el primer enemigo del aparato productivo del país”, asegura el diputado Luis Lippa, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Parlamento. “No hay confianza en la inversión porque no hay seguridad jurídica ni respeto a la propiedad privada. Además, el gobierno tampoco ha estimulado el valor científico”.
Venezuela ni siquiera entra en el ranking de los 129 países más innovadores analizados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en conjunto con la Universidad de Cornell. El organismo de Naciones Unidas ubica a Suiza, Suecia, Estados Unidos, los Países Bajos y el Reino Unido en los cinco primeros puestos del Índice Mundial de Innovación de 2019. En Latinoamérica, los países más innovadores son Chile, Costa Rica, México, Uruguay, Colombia, Perú y Argentina, aun cuando la economía de esta última atraviesa tiempos difíciles.
“Nuestro país ni siquiera figura en el ranking porque aquí no hay respeto a la propiedad física y mucho menos a la propiedad intelectual”, afirma Juan Pablo Olalquiaga, director de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).
Señaló que en Venezuela hay un fuerte desincentivo para este tipo de inversiones, sobre todo después de que el gobierno de Chávez otorgó en la Ley del Trabajo los derechos de propiedad industrial a los trabajadores que desarrollen proyectos de innovación y no a las empresas que los contratan, suministran de insumos y herramientas, preparan y remuneran por llevar a cabo esas labores. “Es absurdo que la Ley del Trabajo se involucre en lo que es propiedad intelectual”, expresó.
Además, las empresas privadas tienen que aportar obligatoriamente al Fondo Nacional para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Fonacit) un porcentaje de sus ingresos brutos para desarrollar proyectos de innovación. Sin embargo, ese dinero no va a ningún lado, denuncia el presidente de Conindustria, Adán Celis. “Nosotros queremos que esos aportes se vean reflejados en los procesos de mejoras científicas, pero va al fisco del gobierno. El Estado no tiene ningún interés en estimular la investigación ni el desarrollo”
Las empresas deben aportar anualmente entre 0,5% y 2% de sus ingresos brutos, dependiendo de la actividad a la que se dediquen, señala la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti). Aquellas personas jurídicas que no cumplan con los deberes establecidos en la Locti serán sancionadas por el Fonacit con multas equivalentes a 50% del aporte. Esos recursos “que se obtengan de la aplicación de las multas e intereses que se recauden por el incumplimiento del pago del aporte” formarán parte del patrimonio del Fonacit, de acuerdo con el artículo 50 de la norma.
Una nueva ley
Según el presidente de Conindustria, fue Chávez quien eliminó la poca protección que había en materia de propiedad intelectual, pues consideraba que “todas las patentes eran del pueblo”. “Por eso es que nadie respeta las marcas. Es necesaria una nueva ley que proteja la libre creación y se reconozca esa capacidad de crear”, dijo.
En lo que va de año la Asamblea Nacional (AN) ha trabajado en conjunto con Conindustria y otros gremios empresariales del país en una Ley de Propiedad Intelectual que derogue la aprobada por Marcos Pérez Jiménez en 1956.
Olalquiaga indicó que una nueva normativa tiene que contemplar la protección de la investigación, los derechos de propiedad y la capacidad de poder patentar invenciones e innovaciones en todos los campos del desarrollo humano. Se tienen que crear mecanismos que puedan permitir que los dueños de esas propiedades se puedan defender en caso de que existan violadores.
Lippa aseguró que la nueva ley, que consta de 260 artículos y 9 capítulos, brindará seguridad jurídica a los creadores e innovadores. “Esta nueva ley generará la confianza que se necesita en el sector industrial y estimulará la inversión. Pero también es necesario un cambio político para que haya un nuevo sistema de gobierno serio que genere seguridad jurídica, que respete la propiedad privada, que no permita la invasión y que estimule la propiedad industrial”.
