Apelar a la comunidad internacional es la «jugada» de la AN para una transición
Uno de los puntos aprobados en la sesión del 13 de noviembre es declarar inconstitucional «la pretensión de Nicolás Maduro Moros de continuar usurpando los poderes presidenciales a partir del 10 de enero de 2019»
La Asamblea Nacional aprobó un nuevo acuerdo, con nuevas divisiones en la votación, donde se apela a la comunidad internacional para lograr objetivos que permitan una «solución política», orientada a un proceso de transición luego de un cambio de Gobierno.
Tras el intenso debate que se ha generado en la opinión pública sobre la sesión ordinaria del 6 de noviembre donde, en un acuerdo de respaldo a favor de las decisiones del Parlamento Europeo sobre Venezuela se incluyó como «no admisible» la mediación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero; se trató de mostrar cohesión dentro de la fracción de la Unidad, aunque no fue posible.
La comunidad internacional parece ser la gran aliada del Parlamento venezolano para lograr un escenario de transición. Por ello, piden que fortalezcan su «solidaridad con las fuerzas democráticas y el pueblo», sigan reseñando la «ilegitimidad del régimen y sus consecuencias», además de mantener una presión «efectiva y progresiva».
A juicio del Poder Legislativo, esto procura una solución a la crisis «y la construcción de una transición democrática, ordenada e inmediata, condiciones sin las cuales ninguno de los problemas que sufre Venezuela tendrá solución».
En otro de los puntos aprobados, señalan que buscan conciliar junto a la comunidad internacional: Atención urgente de necesidades sociales y económicas, liberación de presos políticos, retorno de exiliados y levantar inhabilitaciones, excluyendo a delincuentes financieros; restablecimiento del Estado de Derecho, competencias de la Asamblea Nacional, y la renovación de los poderes públicos; disolución de la impuesta Asamblea Constituyente.
Por último, agregan condiciones electorales democráticas que permitan unas elecciones generales, «organizadas por un nuevo Consejo Nacional Electoral y equilibrado, en fecha y condiciones que garanticen el derecho a elegir de los venezolanos, bajo observación nacional e internacional calificada e independiente».
Compromisos a lo interno
El parlamentario Juan Guaidó (Voluntad Popular-Vargas) dijo que este acuerdo es «para superar la crisis y la tragedia que vive Venezuela (…) Nos encontramos en una encrucijada difícil para la vida republicana. ¿Cómo enfrentar entonces esta tragedia cuando han secuestrado todos los poderes y solo sobrevive la Asamblea Nacional?».
Resaltó que es tarea de la Asamblea Nacional lograr que este acuerdo se materialice, y por tanto, se comprometen a crear «el marco normativo que asegure el cambio político y la vuelta a la vida democrática».
También se declaró que «el campo democrático» tiene planes de reconstrucción nacional «con líneas de acción muy claras, audaces pero realistas, en los campos económico, social, energético, político-institucional, de infraestructura tecnológica, y de relaciones internacionales».
Maduro, el ilegítimo
Uno de los puntos aprobados el 13 de noviembre es declarar inconstitucional «la pretensión de Nicolás Maduro Moros de continuar usurpando los poderes presidenciales a partir del 10 de enero de 2019».
Por ello, el Parlamento venezolano hace un llamado al pueblo y la comunidad internacional para «defender la Constitución y propiciar el cambio político en nuestro país».
En este punto, la diputada Delsa Solórzano (Un Nuevo Tiempo-Miranda) dejó en claro que la AN no reconoce el actual mandato de Maduro debido a la declaratoria de abandono de cargo.
«No es cierto que la AN no está en conocimiento de esto», indicó la parlamentaria, quien insistió en que «este señor ya usurpa el poder».
Solórzano aseveró que este acuerdo es «bastante claro», y propone como «única solución inminente el cambio de gobierno, por eso la hacemos de lado de la comunidad internacional y el pueblo venezolano».
Los votos salvados
En esta oportunidad, los diputados de la fracción 16 de julio y La Causa R (LCR) salvaron su voto, pues alegaron que el acuerdo propuesto fue conocido minutos antes de ser presentado.
El diputado José Luis Pirela, que renunció del Movimiento Progresista de Venezuela para incorporarse a la fracción 16 de julio, señaló que estas situaciones deben corregirse, y dijo que «no deben estigmatizarse los diferentes puntos de vista dentro del Parlamento».
A juicio de Pirela, hay una «evidente actitud que no da señales para lograr un entendimiento» y destacó que la AN debe mantener «su ruta de cambio respetando las decisiones que se han tomado», en referencia al «vacío constitucional» tras la declaratoria del abandono del cargo de Nicolás Maduro como presidente.
«Un acuerdo que no se conoce es un desacuerdo, o es un acuerdo para estas fracciones y otras no. Por eso salvamos el voto», dijo el representante del 16 de julio, que además alegó que este acuerdo implícitamente plantea un mecanismo de diálogo o negociación como «solución política» para crear esa transición.
Por su parte, Américo de Grazia (LCR-Bolívar) indicó que la unidad «se construye con confianza y es un ejemplo de cooperación, de comunicación. No podemos venir arreados sin conocer exactamente de qué se trata. Por ello, las observaciones que nosotros tengamos que hacer las haremos de cara al país con la mejor buena fe, con la mejor intención de construir una estrategia común, pero además una unidad de propósito».
Fuentes parlamentarios alegan que representantes de La Causa R si estuvieron presentes durante la presentación del acuerdo al resto de las fracciones.
ACUERDO CON EL OBJETO DE IMPULSAR UNA SOLUCIÓN POLÍTICA A LA CRISIS NACIONAL by TalCual on Scribd
