Apuntes republicanos sobre la corrupción en AL, por Carlos M. Rodríguez Arechavaleta
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Es difícil concebir la democracia en los márgenes de un orden republicano, entendido éste como una construcción colectiva con un fundamento legal y moral de lo público. En otras palabras, no hay República sin la construcción deliberada de un orden político basado en la igualdad ante la ley, la justicia social y el compromiso cívico. No obstante, la ley, la justicia y la virtud cívica parecen ser antinomias en las frágiles democracias latinoamericanas.
Aunque el republicanismo clásico admite los riesgos del tránsito de la virtud a los intereses para la República, las democratizaciones latinoamericanas han sido afectadas de forma determinante por deformaciones estructurales (reglas formales e informales) y patrones culturales de comportamiento colectivo que laceran el cemento moral del interés público.
Así, el déficit en la virtud cívica y el predominio de intereses privados por encima del interés público parece haber pervertido los fundamentos del orden colectivo republicano en América Latina. En primera instancia, la corrupción podría definirse con un acto de transgresión de una norma orientado por intereses particulares a cambio de una recompensa. Sin embargo, esta transgresión suele ser un fenómeno más complejo que encontramos, tanto en el sector público como en el privado.
Según el experto Malem Seña, los actos de corrupción política son aquellos que constituyen “una violación activa o pasiva de un deber posicional o del incumplimiento de una función de carácter político con el objeto de obtener un beneficio extraposicional, cualquiera que sea su naturaleza”.
Estos estándares normativos siempre están condicionados por el contexto histórico y socio-cultural de la norma. Esta relatividad de la norma implica que conductas consideradas corruptas en una sociedad, no lo son en otras. Incluso, que ciertas transgresiones, tanto en el sector público como privado, se constituyan en reglas informales que equilibren e incluso optimicen ciertas transacciones entre ambos sectores, siendo valoradas positivamente por la cultura social.
La corrupción es un fenómeno multidimensional que atraviesa la sociedad, afectando tanto al funcionario como al ciudadano, por lo que tiene como escenario tanto al Estado como a la sociedad civil. Un estado débil o de limitada capacidad de gestión pública y defectuosas democracias, difícilmente harán prevalecer el interés público frente al exacerbado egoísmo del mercado.
El Estado en América Latina ha oscilado entre los excesos regulatorios de gobiernos de vocación nacionalista popular y la flexibilidad extrema del liberalismo económico impulsado por la globalización capitalista. En ambos extremos ha sido visible la profunda vocación autocrática de ciertos liderazgos, y un efecto estructural que definiré como la estatización o privatización de lo público. He ahí el mayor incentivo para el florecimiento de la corrupción política.
Tanto la estatización como la privatización de lo público tienen por base el debilitamiento de la distinción público-privado y la perversión de una ética de lo público. En países latinoamericanos, los ciclos históricos de episodios autoritarios no han sido la excepción, y las democratizaciones recientes, a pesar de sus recurrentes procesos electorales, no han limitado la emergencia de liderazgos con vocación autocrática.
Las transiciones de finales de los 70’ y 80’ marcaron el tránsito de sociedades de matriz estado-céntrica fuerte, propia de regímenes burocráticos-autoritarios, a una proyección económica neoliberal, afianzada en el Consenso de Washington, cuya premisa fue la reducción del aparato estatal y la liberalización económica y el monopolio del mercado.
Así, las oscilaciones políticas de la región han sido entre Estado y mercado. Los gobiernos progresistas del ‘giro a la izquierda’, con su vocación populista, intentaron frenar los efectos diferenciadores y excluyentes del mercado, aduciendo que fortalecía a los poderosos grupos económicos y las elites regionales.
Pero en la mayoría de los casos, al intentar fortalecer el aparato estatal para ampliar los efectos redistributivos de sus políticas públicas hacia sectores populares, confundieron el interés público (de la nación) con sus intereses políticos-electorales.
La estatización de lo público implicó así una politización de los derechos sociales y una creciente polarización social. No menos importante fue el desmontaje de los mecanismos liberales de transparencia y control del gobierno, su rendición de cuentas y el respeto a los derechos civiles y políticos de la oposición.
Esta dinámica de autocratización ha sido el caldo de cultivo de la corrupción y una emergente nueva elite económica, cuyo capital se explica por la lealtad al proyecto populista y la facilidad para ingresar en cuentas privadas familiares cuantiosos recursos del erario público. En la experiencia reciente latinoamericana, los intentos progresistas por fortalecer el Estado no han derivado en una revalorización del interés público y una nueva ética que minimice el interés privado al margen de la ley y que proyecte una noción de justicia social.
Por otra parte, los gobiernos de la derecha neoliberal han potenciado la privatización del Estado, es decir, su captura preferencial para intereses corporativos privados y de las elites económicas locales y regionales vinculadas a los flujos de capital global. Dadas las crecientes privatizaciones, el debilitamiento del Estado ha limitado el acceso a servicios públicos de grandes sectores populares. Esta privatización del Estado subvierte los mecanismos de representación popular y las instancias de mediación donde se cristaliza la participación política, lo que genera una desconexión entre demandas ciudadanas y políticas de gobierno.
La exclusión acentúa el sentimiento de abandono y cercena los fundamentos cívicos de la participación popular. Desde la precariedad de lo cotidiano es difícil imaginar la construcción racional de un orden colectivo; y menos aún, el cultivo de las virtudes cívicas. La ley, y el Estado de derecho, como normas universales, pierden su sentido, y con ella, la más elemental noción de justicia social.
Definir las bases de la República implica, entonces, crear condiciones para el desarrollo de un marco jurídico que garantice la preeminencia regulatoria de la ley como estímulo a la noción de un proyecto compartido, regido por los principios de la libertad, la justicia social y el compromiso cívico. La República debe ser un proyecto de nación inclusiva, sin presencia de mecanismos opresivos o excluyentes; sin monopolios ni revanchas.
Carlos M. Rodríguez Arechavaleta es profesor e investigador de la Univ. Iberoamericana (Ciudad de México). Doctor en Ciencia Política por FLACSO-México. Especializado en historia institucional republicana de Cuba, transición política y democratización.
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