Argentina se suma al Grupo Internacional de Contacto para abordar crisis en Venezuela

El canciller de Argentina, Felipe Solá, dijo a principios de julio que en Venezuela «hay un problema serio» y que la solución debe ser democrática

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina anunció el 10 de agosto que ese país, gobernado por Alberto Fernández, aceptó la invitación para integrar el Grupo Internacional de Contacto (GIC) con el fin de encontrar soluciones democráticas y pacíficas a la crisis por la que atraviesa Venezuela.

«El Gobierno argentino está decidido a contribuir con todos sus esfuerzos a la labor del GIC, convencido del rol positivo que puede desempeñar dicho grupo en brindar respuestas políticas y humanitarias a la crítica situación que vive ese país sudamericano», dice el portal de la Cancillería argentina, al mando de Felipe Solá.

La Unión Europea es la principal promotora del GIC y de acuerdo con el diario El Clarín, Argentina aceptó participar como parte de su «tercera posición», lo que le garantiza desviar la presión de EEUU y alejarse del Grupo de Lima sin salirse del mismo, pero también lo pone en lugar que le impide ser comparado con países como Cuba o Nicaragua por su afinidad directa con Nicolás Maduro.

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El GIC quedará integrado ahora por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos (Holanda), Panamá, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Uruguay, y e incorporará a su tarea -además de una salida pacífica a la crisis venezolana- facilitar el acceso y aumento de la ayuda humanitaria a este país, particularmente en el contexto actual de expansión de la pandemia de covid-19.

Por su parte, el Grupo Internacional de Contacto (GIC) manifestó que acogen «con satisfacción» el ingreso de Argentina a la coalición de naciones y su compromiso con la solución de la cuestión venezolana, ya que a su juicio el aporte que brindará Buenos Aires será «positivo» en los esfuerzos.

El GIC se formó el 7 de febrero de 2019, en Montevideo, para abordar la crisis presidencial venezolana de 2019. El 16 de junio de 2020, la coalición de naciones rechazó la designación de los rectores al Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia, argumentando que esa acción «socava la credibilidad tanto del CNE como del próximo proceso electoral».

Para el 6 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral convocó a la realización de unas elecciones para renovar la Asamblea Nacional, que actualmente dirige Juan Guaidó. Sin embargo, 27 organizaciones políticas declinaron ir al proceso por considerar que no existen las garantías necesarias para que se lleve a cabo ese proceso.

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El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Felipe Solá, afirmó el 2 de julio que en Venezuela «hay un problema serio» y prueba de ello son los más de cinco millones de personas que se han ido de nuestro país para buscar una mejor calidad de vida y que a su juicio, la salida a la crisis tiene que pasar por una solución democrática que desemboca necesariamente en unas elecciones presidenciales.

En entrevista a la emisora Radio con Voz, Solá dijo que «es posible que también haya elecciones parlamentarias como marca la Constitución» y en la que manifestó el deseo del Ejecutivo presidido por Alberto Fernández de que las mismas sean «lo más legítimas» posible, donde la oposición pueda participar en pleno del evento para al final «avanzar en algo en alguna solución».