Asaltos legales, por Javier Ignacio Mayorca
Las expropiaciones decomisos de facto se convirtieron en una fuente de riquezas para algunos funcionarios, con pérdidas para las que no hay remedio ni justicia
Twitter: @javiermayorca
El 8 de agosto de 2008, una comisión de la Guardia Nacional se presentó de improviso en los galpones de una empresa ubicada en la zona industrial El Nepe de Guacara. Los militares portaban un oficio de la Fiscalía, emitido un mes atrás, que ordenaba una minuciosa revisión a los inventarios de sustancias químicas almacenadas por la compañía Marivelca.
Esta empresa fue registrada en Carabobo en mayo de 2003 por Carmina Rita Comparelli, gerente general. Tenía como jefe de operaciones a Freddy Ernesto López Comparelli, mientras que Julio César Delgado Comparelli y Loryelena Delgado Comparelli figuraban como accionistas. Podría decirse entonces que era un emprendimiento familiar.
El principal contratista de Marivelca era Pequiven. Los Comparelli se preciaban de señalar que formaba parte «especializada y certificada de la red de distribución» de la filial de Petróleos de Venezuela en lo que respecta al ácido clorhídrico, un compuesto químico controlado porque se trata de un precursor para la fabricación de cocaína. Igualmente, almacenaba y trasladaba otras sustancias que también requerían un permiso especial de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
El Ministerio Público y los guardias de Antidrogas habían dado con el nombre de esta sociedad en el curso de una pesquisa previa, sobre las actividades de una empresa similar asentada en el estado Zulia, Suplidora del Caribe (Suca).
Los militares dictaminaron que Marivelca guardaba más sustancias controladas que las autorizadas desde el año anterior por la policía judicial. No solo el ácido clorhídrico, sino también acetona, tolueno, amoníaco disuelto y otras.
De nada valieron los argumentos esgrimidos por los Comparelli, en el sentido de que parte de esas sustancias no les pertenecían, sino que eran guardadas allí como un servicio para Suca. Y que otras las tenían como inventario, para responder con rapidez a las exigencias de la petroquímica venezolana. Eventualmente, incluso, se entregó un informe de auditoría de Pequiven, que descartaba la presencia de cantidades excesivas de estas sustancias.
Pasaron más de dos años de dimes y diretes, hasta que en noviembre de 2010 las instalaciones de Marivelca en Carabobo fueron confiscadas por la Oficina Nacional Antidrogas. Tres meses después, ordenaban las capturas de Freddy López Comparelli y Loryelena Delgado Comparelli por el supuesto delito de almacenamiento ilícito de sustancias controladas. También quedaron en poder del régimen los activos de Trans Benz, la firma dedicada al transporte de estas sustancias, propiedad de la misma familia.
Doce años después, este caso todavía era ventilado, aunque en una corte de Florida.
En 2014, los representantes de Marivelca demandaron en Miami al gobierno venezolano, argumentando posibles violaciones a los principios de derecho internacional.
Era una forma de tomar la iniciativa. Durante tres años, López y Delgado Comparelli tuvieron que cuidarse de que algún gobierno amigo del régimen venezolano los aprehendiera. En Costa Rica, pasaron momentos difíciles, hasta que un juzgado negó la solicitud de extradición hecha desde Caracas, en 2012. El abogado de López en el país centroamericano, José Miguel Villalobos, afirmó entonces que el propósito de las acciones emprendidas por los órganos venezolanos era solamente «expropiar la empresa». Lo mismo ocurrió con Suca, la firma zuliana.
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Según la demanda civil ventilada en Miami, los bienes de las compañías carabobeñas fueron entregados a IPSL, una subsidiaria de Pequiven registrada en las Islas Vírgenes que opera en el exterior como su «agente de ventas» de la filial de Pdvsa.
Las irregularidades de este proceso, afirmaron los demandantes, comenzaron en el propio momento en que se practicó un allanamiento disfrazado de visita de inspección.
«Esa es una forma de usurpar propiedades para beneficio de enchufados», sentenció el ex presidente de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas, Carlos Tablante.
«Tiran unos allanamientos para extorsionar. Luego, se quedan con las cosas. Es todo un sistema de extorsión que va contra el derecho a la propiedad», añadió.
Los afectados no han sido solamente las industrias y sus dueños. En la medida en que se agudizaba la conflictividad política, estos procedimientos se hacían más frecuentes, y afectaban a personas que no disponían de grandes riquezas, pero que eran vistas como críticas al Gobierno.
«Después que me liberaron del Sebin, salí a mi apartamento. Cuando entré, encontré a un general que estaba viviendo allí», relató un abogado que fue detenido por una presunta extorsión en Caracas, y que formó parte del equipo del ex alcalde metropolitano Antonio Ledezma. Durante el tiempo que permaneció tras las rejas, este litigante nunca fue formalmente acusado.
En el caso de Suca, los abogados denunciaron ante el tribunal de la causa el «oprobioso disfrute» de los bienes incautados «por parte de los funcionarios encargados del cuido de los objetos personales».
La ley en picada
El deterioro del Poder Judicial en Venezuela no es algo nuevo. Los casos referidos se gestaron en la era de Hugo Chávez. Y durante los años de Maduro la justicia en el país ha continuado en picada. Esta es, por cierto, una de las mayores fuentes de inseguridad para los posibles inversores extranjeros, a los que intenta seducir el actual gobernante.
Venezuela figura en el puesto 136 en el índice promedio de imperio de la ley (rule of law), que abarca a 140 naciones. Estas evaluaciones son hechas con base en numerosos indicadores relacionados con la legalidad, transparencia, contención al Ejecutivo, orden y seguridad, aplicación de la justicia en el fuero civil y el penal, entre otros. En lo que respecta al capítulo referido a la justicia penal, el país aparece en el último lugar.
En un contexto como ese, resulta lógico que los ciudadanos intenten buscar en el exterior la justicia que no pudieron encontrar en el país.
Pero este deseo a menudo choca contra las realidades.
Según el abogado José Ignacio Hernández, los Comparelli por lo menos «merecían una compensación», que les permitiera resarcir los daños ocasionados por «una expropiación no pactada».
«El origen de este juicio (en EEUU) fue una expropiación y una posible persecución por vía de tribunales», explicó.
Hernández es un profesor de derecho administrativo e investigador del Centro para el Desarrollo Internacional de Harvard. Fue Procurador designado por el Interinato de Juan Guaidó. En esa función, hizo un seguimiento a este y otros casos en los que aparece señalada la República de Venezuela.
En este caso, sin embargo, no hubo un final feliz. Además de haber perdido el capital y los bienes que tenían en Carabobo, el juzgado de Miami declaró sin lugar la demanda, por considerarla un asunto que debía dirimirse en los juzgados del país.
La sentencia, emitida el 3 de febrero por la juez Kathleen Williams, puede ser vista también como un resultado de los nuevos aires que imperan en la relación entre Washington y Maduro. La magistrada no solo desechó los argumentos de los demandantes. También se permitió observar que «no está claro para esta fecha si los EEUU aún reconocen a Guaidó como presidente interino de Venezuela».
Este caso Comparelli, entonces, podría marcar un hito. Según Hernández, el gobierno de Joseph Biden deberá establecer con claridad quién es reconocido como jefe del Estado venezolano. Mientras tanto, prevalecerá la incertidumbre en lo que respecta a numerosos litigios en los que el gobierno venezolano figura como parte demandada.
Breves
-El ataque perpetrado el domingo a las 11 pm contra una unidad de la Policía Nacional en el sector Colinas de Bucaral de Tejerías tiene algunos detalles que resultan de interés. En primer lugar, según la información consignada en minuta por el inspector Duglin Herrera, el grupo de uniformados atacado en primera instancia procedía de Nueva Esparta. Usaban la unidad 3P044 adscrita al centro de coordinación Luisa Cáceres de Arismendi, de Margarita. A estos funcionarios les ordenaron instalar un «punto de atención ciudadana» (PAC) en un área de alta peligrosidad, donde se han registrado cinco ataques a puestos o funcionarios activos de cuerpos de seguridad desde 2022. Algunos de estos incidentes han sido solo hostigamientos, disparos efectuados desde la lejanía, con el propósito evidente de amedrentar a los agentes. Otros casos, como este y el reportado el 25 de enero, han ido más allá. Por ende, el emplazamiento de funcionarios un domingo a altas horas de la noche resultaba una medida demasiado audaz. Los audios divulgados con posterioridad confirman que el principal sospechoso de estas acciones es el grupo de Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias Conejo.
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-Febrero es quizá el mes en que tradicionalmente arrecian los esfuerzos por mantener la politización de la Fuerza Armada. De hecho, cuarteles adentro el ministerio de la Defensa adelanta una serie de eventos como parte de un programa denominado Febrero Rebelde. El martes 7, por ejemplo, cien militares de la Guardia Nacional fueron llevados a un auditorio del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del comandante Hugo Chávez para escuchar una perorata del teniente coronel retirado William Fariña, diputado y miembro de la Comisión de Formación del Partido Socialista Unido de Venezuela, en la que justificó –nuevamente– el intento de golpe de febrero de 1992. Por otra parte, en distintas unidades militares se han ejecutado reuniones para tratar de comprender las llamadas «7 líneas de trabajo» implantadas por Maduro en enero. En lo atinente a la FANB, queda claro el propósito de reactivar, en fase preelectoral, el debate en torno a la Guayana Esequiba.
Javier Ignacio Mayorca es periodista especializado en criminalística. Consultor. Miembro Observatorio Venezolano del Crimen Organizado.
