Asamblea Nacional creó monitor de servicios públicos para mantener contacto ciudadano
Entre los datos a recopilar por el monitor estará la situación del suministro de agua, electricidad, disposición de desechos y telecomunicaciones
Un nuevo monitor de la crisis. La Asamblea Nacional (AN) aprobó la creación del «monitor de servicios públicos» con el objetivo de promover el debate en el país y favorecer la participación ciudadana a través de la denuncia y la contraloría.
Antes de la sesión, los diputados forcejearon nuevamente con funcionarios de la Guardia Nacional para permitir el ingreso de medios de comunicación a la sesión ordinaria del 11 de junio. Tras varias horas de espera, tan solo un grupo de medios logró ingresar por una de las puertas laterales.
El presidente Juan Guaidó se pronunció por esta situación y aseveró que el Palacio Federal Legislativo, sede de la AN, se encuentra militarizado. «La denuncia es que vivimos en una dictadura en Venezuela y la estamos pagando todos los venezolanos. El llamado es a seguir insistiendo, un agradecimiento a los que pudieron ingresar».
Los primeros puntos del orden del día fueron la designación de Julián Cárdenas García como parte de la junta administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela y la sustitución del representante diplomático ante el Reino de los Países Bajos.
En el acuerdo de creación del monitor, se explicó que esta instancia estará adscrita a la Comisión permanente de Administración y Servicios para el análisis y control de políticas de servicios públicos. Tendrá un gerente general, un consejo consultivo integrado por cinco diputados, un consejo técnico compuesto por universidades, ONG y asociaciones; y un equipo de monitoreo, seguimiento y análisis.
Los diputados Nora Bracho, Ezequiel Pérez, Manuela Bolívar y Avilio Troconiz forman parte del directorio, al que se suma el exconcejal de Voluntad Popular Rafael del Rosario como especialista en servicios públicos.
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Entre los datos a recopilar por el monitor estará la situación del suministro de agua, electricidad, disposición de desechos, telecomunicaciones, para difundir la información obtenida y «promover el debate público sobre los servicios públicos».
La diputada Nora Bracho lamentó la precariedad del suministro de agua potable y del transporte público, al tiempo que condenó el uso de las llamadas «perreras», un tipo de transporte improvisado en todo el país debido a la falta de buses.
Bracho destacó que desde hace un año se ha trabajado en este monitor dentro de la Comisión de Administración y Servicios, y ahora sumarán nuevas organizaciones y asociaciones para recabar mayor data sobre los servicios en todo el país.
Mientras que el diputado Piero Maroun destacó que el mejor ejemplo de la grave situación que presentan los servicios públicos está en Monagas, un estado que a pesar de ser petrolero no tiene gasolina, las calles no están asfaltadas, y las comunidades sufren por falta de agua y gas.
“La revolución lo que hizo fue destruir los servicios públicos. Hoy es el momento histórico de planificar su reconstrucción a través del Plan País, para cuando cese la usurpación por parte de Maduro”, dijo Maroun.
Avilio Troconiz manifestó que los venezolanos pasaron de una crisis humanitaria a una emergencia humanitaria, debido a la devastación de los servicios, ya que “este gobierno corrupto e irresponsable ha venido destruyéndolos, como es el caso de la electricidad, agua, transporte público. Más del 60% del parque automotor ha desaparecido, pero si hablamos de Zulia, Táchira o Trujillo llega al 90%”.
Por su parte, el parlamentario Ángel Álvarez señaló que el tema de los servicios públicos se trató como una materia importante y “se advirtió que si no controlaban la corrupción, no se descentralizaban los servicios y no se hacían las inversiones pertinentes, las consecuencias serían de un colapso, y eso fue lo que ocurrió en detrimento de la calidad de vida del venezolano”.
Indicó que Carabobo sufre la carencia de gasolina, alta contaminación del agua, transporte escaso, mora en la culminación del ferrocarril, del metro, falta de energía eléctrica y la gente cocinando con leña, “eso tiene que acabar”.
Caos en la frontera
El Parlamento venezolano debatió sobre la crisis fronteriza y su repercusión en los venezolanos, al tiempo que los diputados se solidarizaron con las familias de la treintena de desaparecidos de un peñero que zarpó de Tucacas hacia la isla de Curazao.
La diputada Karim Vera señaló que en la frontera del estado Táchira con Colombia los ciudadanos se ven obligados a pasar una trocha arriesgando sus vidas con el fin de buscar alimentos y medicinas.
“Es triste que las autoridades entreguen el control fronterizo para que miembros de la guerrilla colombiana sesionen allí y sigan manteniendo el control de los pasos en la frontera”, dijo Vera, al tiempo que destacó que con el cierre de la frontera se paralizó la actividad aduanera y fue entregada a grupos irregulares.
También calificó de “show” la reapertura de la frontera que anunció Maduro en días pasados, pues “no controlan la República, trascendió de un Estado corrupto a uno gansteril, lo que forma parte de su política, poniendo en riesgo a los ciudadanos que transitan la frontera. Paralizaron el comercio y se lo entregaron a los irregulares”.
El diputado Carlos Valero repudió declaraciones de funcionarios del régimen por acusar “irresponsablemente” a la Organización de Naciones Unidas (ONU) de estar adelantando tratos corruptos en relación con la migración venezolana.
Aseguró que la diáspora venezolana no se quedará sin resolver su situación consular, por lo que “estamos trabajando en ese sentido y uno de los ejemplos es la prórroga y validez de los pasaportes, cuestión que han aceptado algunos gobiernos”.
Por su parte, el diputado Franklin Duarte dijo que los militares venezolanos son los nuevos millonarios del país, pues se han dedicado a lucrarse en la frontera, y alertó sobre la posible corrupción en la creación de una tarjeta biométrica para los colombianos que deseen ingresar al país, debido a que “en la frontera no hay internet y ese sistema no funcionará”.
Mientras que el diputado Julio Ygarza refirió que solo 30 litros de combustible se surten en Amazonas, la salud está a puertas de una catástrofe, como los demás servicios, incluyendo la práctica de la minería, con lo cual se llevan el oro, el diamante, el coltán y otros minerales, de manera ilegal.
“No podemos permitir los venezolanos que nuestras riquezas hagan florecientes a otras economías, como la colombiana, la brasilera. En Amazonas cohabitan más de 20 pueblos indígenas y todos denuncian que están acabando con la naturaleza. Mientras, el gobierno no hace nada para frenar esa catástrofe”, precisó.
Ygazra insistió en la necesidad de retomar la institucionalidad. “Tenemos que prender la luz roja, porque algo está a punto de pasar. De una crisis humanitaria a una catástrofe hay un paso. Tenemos los recursos y el capital humano para salir de esta situación”.