Asamblea Nacional de 2015 exige respetar derechos de las mujeres privadas de libertad
La diputada Milagros Eulate, dijo que «el Estado, que debe ser garante y sin discriminación de las mujeres privadas de libertad, es quien hoy solapa y viola los derechos de estas mujeres. Las tiene en hacinamiento, con falta de alimentación adecuada, agua, sin medicinas ni atención médica, lo que conlleva a coger riesgos de vida y están sujetas a cualquier tipo de enfermedad como hepatitis, tuberculosis y demás»
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Asamblea Nacional (AN) de 2015, exigió respeto por los derechos humanos y constitucionales de las mujeres privadas de libertad que se encuentran en los distintos recintos penitenciarios del país y que «son sometidas a torturas y a tratos crueles e inhumanos».
Durante la sesión online de este jueves 9 de marzo, la AN de 2015 presentó un acuerdo en defensa de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad en el que exhortó al Poder Judicial a contribuir con la facilitación de los registros y documentos sobre causas, consecuencias y frecuencia de violencia contra la mujer, con el fin de obtener información veraz y oportuna para el desarrollo de políticas públicas.
La presidenta de la AN de 2015, Dinorah Figuera (Primero Justicia), dijo que es necesario visibilizar lo que atraviesan las mujeres privadas de libertad, y las que están presas por pensar diferente, y a las que en el proceso se les ha violadocel derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.
Por su parte, la diputada Milagros Eulate (AD), aseguró que no hay derecho asistido a las mujeres privadas de libertad. «El Estado, que debe ser garante y sin discriminación de las mujeres privadas de libertad, es quien hoy solapa y viola los derechos de estas mujeres. Las tiene en hacinamiento, con falta de alimentación adecuada, agua, sin medicinas ni atención médica, lo que conlleva a coger riesgos de vida y están sujetas a cualquier tipo de enfermedad como hepatitis, tuberculosis y demás», dijo.
Destacó que, el Estado que debe proteger la vida de las mujeres privadas de libertad, pero es allí donde la violación de los derechos aumenta cada año. Aseveró que «la violencia sexual, con el riesgo de contraer enfermedades de transmisión, sexual o embarazos no deseados, desnudez forzada, amenazas de violación, tocamientos inapropiados, insultos sexuales y sexistas es parte de la agonía que vive la mujer privada de libertad».
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Eulate aseguró que el riesgo por la insalubridad de estas mujeres es cada vez mayor, lo mismo que el incremento de las enfermedades y la violencia, pese a que año tras año la situación es denunciada desde este parlamento: «Muchas se ven obligadas a aceptar abusos sexuales para acceder a los alimentos o a algún artículo de higiene».
Asimismo, la parlamentaria exigió la liberación de las mujeres privadas de libertad por razones políticas. «De 19 solo seis tienen sentencia definitiva, el resto está a la espera, espera que se produce en agonía y maltrato. Exigimos a organismo internacionales que presionen al Estado para cumpla con los tratados internacionales en defensa de estas mujeres». Resaltó que, el sistema penitenciario de Venezuela no permite la reinserción social, y que el Estado debe garantizar salud, asistencia, educación y asistencia sanitaria, porque ni toallas sanitarias tienen las mujeres privadas de libertad».
También denunció que los familiares de las mujeres privadas de libertad son víctimas de violación a sus derechos y de extorsiones que tiene que pagar en dólares para visitar y asistir a las detenidas. «No solo sufre esta agonía las mujeres que están privadas de libertad, sino también sus madres, hermanas e hijas, que también como mujeres han sido humilladas y victimas de la extorsión, porque hasta el dólares para poder asistir y atender a su familiar», sostuvo.
Por su parte, la diputada Yanet Fermín (Voluntad Popular) resaltó la importancia de empoderar a la mujer, de proteger sus derechos y visibilizar la desigual y discriminación que hay en Venezuela y en todo el mundo. De esta manera, dijo que «no existen políticas para incrementar puestos de trabajo, ni justicia para las 20 mujeres detenidas. De las mujeres privadas de libertad por razones políticas, cuatro fueron sentenciada a 30 años por traición a la patria».
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Durante la sesión, la parlamentaria Mildred Carrero destacó que «en Venezuela estamos retrocediendo y perdiendo el trabajo de las mujeres por una sociedad justa». Señaló que se observan actuaciones por parte parte de un trabajador de un medio de comunicación del régimen afectando la vida de una mujer.» Venezuela es un país donde ser mujer es una carga y una cruz.
Justicia para Virgilio Trujillo Arana
La diputada María Gabriela Hernández presentó ante la Asamblea de 2015 un acuerdo de justo homenaje a Virgilio Trujillo Arana, quien fue asesinado en junio de 2022. Trujillo era un joven de la etnia Piaroa asentada principalmente en el estado Amazonas, que formaba parte de la organización indígena Piaroa Unidos del Sipapo y coordinó la guardia territorial de un grupo que promueve la delimitación de espacios ancestrales de la etnia Piaroa y la protección del ambiente, espacios y lugares de culto de este grupo indígena.
«Pido a todos los compañeros diputados y a quien tenga conocimiento de la causa ambiental que muevan corazones y conciencias con el ejemplo de vida de Virgilio Trujillo Arana y su causa», señaló.
Apuntóque la recuperación de las áreas afectadas por la política minera criminal del régimen, denominada Arco Minero del Orinoco (AMO), la protección del territorio venezolano, amazónico y no amazónico, de agentes externos, llámese Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) y otros grupos delictivos, que han de venir en democracia y pasan por delimitar el territorio de estas comunidades ancestrales, y por darle el poder y las herramientas a los pueblos indígenas para recuperar la ecología y su equilibrio, la soberanía y el imperio de los derechos humanos».
Por su parte, el diputado Romel Guzamana dijo que «para nadie es un secreto que Virgilio denunciaba a las FARC, a los Helenos, a los Garimpeiros; también lo hacían otras organizaciones y nosotros desde esta tribuna lo hicimos reiteradamente». Destacó que es necesario el asesinato de Virgilio no quede impune.
«Como ustedes pueden saber, desde hace mucho tiempo la denuncia viene corriendo. Primero fue en Bolívar, cuando la corporación criminal del régimen chavista desincorporó a los indígenas que trabajaban en las minas. En Amazonas también aplicaron la Operación Autana, defendiendo a la guerrilla y a los narcos, sacando a los indígenas que viven en su hábitat, son guardianes de su territorio, sacaron a los indígenas Yapacana y los desalojaron como a unos animales, siendo su propio territorio», indicó.
Guzamana denunció que los pueblos indígenas son masacrados todos los días con hambre, con la miseria. «Se la pasan aviones de las fuerzas militares buscando otro y por ahí estuvo el hijo de Nicolás Maduro, en Puerto Ayacucho, Amazonas. ¿cuántos kilos de otro se llevaría el hijo de Nicolás Maduro, mientras los indígenas están en la pobreza extrema, donde tienen que rebuscarse en la basura para poder comer».
Al respecto, la presidenta del parlamento, dijo que «este acuerdo sirva como instrumento para hacer esta denuncia nacional e internacionalmente, sobre todo con la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, que viene siendo desplazados de manera sistemática de su territorio natural».
DDestacó que hay, «tenemos que rendir tributo a Virgilio, pero también a las otras víctimas que hemos nombrado hoy, como parte de una política nefasta de Nicolás Maduro, que no solo vulnera los derechos humanos y desplaza a los indígenas, sino que desde el punto de vista de la salud pública, esta es la población venezolana más vulnerable con enfermedades tropicales y propias del sector y que, hasta este momento no hay recursos para un tratamiento ideal».
En consecuencia, la Asamblea Nacional destacó que es necesario «comunicar y advertir a la Organización de Naciones Unidas (ONU), Unesco, Colombia, Perú, Bolívia, Brasil y Surinam, países que comparten la Amazonía, así como al parlamento amazónico, la causa ambientalista del líder indígena y la ausencia de justicia entorno a su asesinato».
