Asamblea Nacional de Nicaragua quita atribuciones a la Corte Suprema de Justicia
El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, leal al gobierno orteguista, explicó en la sesión plenaria de este martes 31 de octubre que la reforma al artículo 165 derogar una de las atribuciones del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, que es el manejo del Sistema Nacional de Registro Público, y trasladarlo a la Procuraduría General de la República
La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control de Daniel Ortega, reformó este martes 31 de octubre el artículo 165 de la Constitución Política de ese país, que establece al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial como un organismo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con la finalidad de quitarle atribuciones a ese poder del Estado, al tiempo que los parlamentarios aprobaron la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros (Sinare) a la Procuraduría General de la República.
La reforma constitucional le quita a este organismo la atribución de «supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como el de las oficinas de servicios comunes», que estaba establecida en el numeral 4 del artículo 165.
La derogación del numeral 4 desvincula los registros públicos de la administración de justicia a través del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial. Ahora la Supervisión Administrativa de estos registros pasa bajo el control de la Procuraduría General de la República, a través de la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros (Sinare), aprobada también este martes.
La Procuraduría General de la República es otra institución que funciona bajo los intereses del régimen orteguista. La Procuraduría ha sido clave en el proceso cancelación de más de 3,400 organizaciones sin fines de lucro (OSFL/ONG). Todos los bienes muebles e inmuebles de las ONG canceladas han sido traspasados a la Procuraduría General de la República, lo que para los críticos significa una confiscación.
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La reforma constitucional se da en momentos que la CSJ ha sido intervenida por la Policía, bajo el mando del comisionado general en retiro de la Policía, Horacio Rocha, lo que ha implicado la investigación y detención de decenas de empleados del poder judicial, incluyendo su presidenta Alba Luz Ramos, quien fue desalojada de su oficina y enviada a su casa, donde permanece rodeada de patrullas policiales, según diferentes fuentes internas.
El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, leal al gobierno orteguista, explicó en la sesión plenaria de este martes que la reforma al artículo 165 lo que hace es derogar una de las atribuciones del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, que es el manejo del Sistema Nacional de Registro Público, y trasladarlo a la Procuraduría General de la República.
La reforma fue aprobada con 81 votos a favor, de un total de 91 diputados. Los 10 diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se abstuvieron de votar.
