Asamblea Nacional le cierra otra puerta a Rosneft para proteger Citgo
Un grupo de padres y representantes del Colegio María Auxiliadora (ubicado en Altamira), donde se realizó la sesión ordinaria del 4 de marzo y se discutió el tema de Rosneft, reclamaron a la institución por la realización de un acto político en sus espacios. Juan Guaidó desestimó los reclamos y aseveró que era una «actividad de Estado»
La Asamblea Nacional (AN) aprobó un acuerdo donde se invalida y anula otro acuerdo suscrito por el régimen de Nicolás Maduro con Rosneft Trading S.A, una de las filiales de la estatal rusa Rosneft, y que compromete la tenencia de Citgo.
Con este son cuatro los acuerdos que ha hecho el parlamento venezolano en manos opositoras desde 2016 para ratificar el control de la AN sobre la aprobación de contratos de interés público, todos ellos relacionados con operaciones que involucran a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, Elías Matta, recordó que el 26 de mayo de 2016 ya la AN había aprobado un acuerdo donde se ratificó el control del poder Legislativo en este tipo de contratos. Luego, el 4 de agosto de 2016 se advirtió al régimen sobre la debacle de la producción de Pdvsa.
La intervención de Matta, que fue un mensaje grabado de celular, destacó que en noviembre de ese mismo año y pese a los exhortos de la AN, Pdvsa y Rosneft Trading firmaron un contrato de exportación y de acuerdo colateral donde se coloca el 49.9% de las acciones de Citgo como garantía por un préstamo de $1.500 millones, pagaderos con petróleo.
El diputado recordó que esta es una «operación totalmente ilegal»; mientras que Carlos Bastardo, representante de la fracción 16 de julio, mencionó que es importante explicar al país la situación de riesgo que tienen los activos de Venezuela en el exterior «porque desde algunas tribunas lo quieren hacer ver como algo posterior a las acciones de Nicolás Maduro. Su responsabilidad es insalvable».
Por su parte, el parlamentario Rafael Ramírez Colina dijo que están «dispuestos» a revisar los contratos que tienen compromisos de la República para garantizar que esos recursos no sean dilapidados. «La AN no está contra ningún país o empresa que quiera desarrollar algún proyecto en el país», reiteró.
Además, resaltó a aquellos países que deseen suscribir nuevos contratos con Venezuela que, según la legislación nacional, el único órgano legítimo para aprobar ese tipo de acuerdos es la Asamblea Nacional. «Vamos a continuar con estas labores de contraloría porque no es una discusión política, es una forma de garantizar los recursos de los venezolanos».
En el acuerdo, aprobado por unanimidad de los parlamentarios, además de declarar la nulidad del contrato suscrito el 30 noviembre de 2016 entre Rosneft Trading y Pdvsa Petróleo, una de las filiales de la estatal venezolana, y donde se puso el 49,9% de las acciones de Citgo como colateral del préstamo, también se reiteraron los cuestionamiento que el parlamento ha realizado desde 2016 sobre el endeudamiento de Pdvsa.
La Asamblea Nacional también emplazó al gobierno interino de Juan Guaidó para que realice «todas las acciones orientadas a la defensa de los activos de Pdvsa afectados por los contratos inconstitucionales suscritos con Rosneft Trading, S.A».
De reclamos a la AN y un magnicidio
Desde el 5 de enero de 2020, fecha de instalación del periodo legislativo anual, la Asamblea Nacional bajo la junta directiva de Juan Guaidó ha sesionado en nueve ocasiones fuera de su sede natural, debido a la toma del Palacio Federal Legislativo por el diputado Luis Parra, quien se autojuramentó como presidente del parlamento con apoyo de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Plazas públicas y espacios cedidos por alcaldías opositoras han sido los lugares que ha usado la AN hasta la semana pasada, cuando se utilizó el auditorio de la Escuela Técnica Don Bosco, ubicada en Boleíta. Para la sesión ordinaria del 4 de marzo, se permitió el uso del auditorio del Colegio María Auxiliadora, ubicado en Altamira.
El préstamo de este espacio ocasionó un reclamo de un grupo de padres y representantes de la insitución, como queda en constancia de una carta que responde la directora general, quien se excusa en que a última hora fue que se les notificó que se trataba de una actividad política relacionada con la Asamblea Nacional.
Al ser consultado por el reclamo de los padres y representantes, el presidente de la AN, Juan Guaidó aseveró que era una «actividad normal de una institución que debería ocurrir en cualquier parte de Venezuela (…) Esto es una actividad del Estado venezolano, del parlamento nacional que representa los intereses de todos los ciudadanos».
En la sesión ordinaria también se discutió sobre los ataques que sufrieron manifestantes opositores y Juan Guaidó durante una actividad política en Barquisimeto, estado Lara, el sábado 29 de febrero. El presidente de la AN se preguntó si se entendía «la magnitud y la gravedad de lo que la dictadura trata de imponer con terrorismo de Estado».
No podemos pensar que esto es normal, prosiguió el diputado. «Es propio de un Estado fallido, que tiene vínculos criminales. Es evidente hoy que el dictador no gobierna, hoy Maduro perdió cualquier atisbo de normalidad».
Además insistió en que van a ejercer su derecho a la protesta «las veces que sea necesario y no va a ver disparos. Querían que saliéramos corriendo asustados, nos han amenazado con cárcel pero aquí estamos dando la cara».
