Asamblea Nacional ratificó protocolo facultativo de la ONU contra la tortura
Este protocolo facultativo, ratificado por la Asamblea Nacional, exige a los Estados firmantes a crear mecanismos nacionales de prevención contra la tortura
La Asamblea Nacional aprobó, durante la sesión virtual del 14 de julio, la ratificación del Estado venezolano al protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes.
Este instrumento de Naciones Unidas (decretado en diciembre de 2002), fue firmado en 2011 por el Estado venezolano y estaba pendiente de ratificación desde entonces, a pesar de que es una de las recomendaciones y mandatos que ha hecho el Consejo Naciones Unidas para Derechos Humanos sobre Venezuela.
Durante la sesión, el diputado Williams Dávila aseguró que este es un paso importante en la defensa y protección de los DDHH de la población, y en particular de los presos por razones políticas, debido a los consecuentes informes de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde se establece que en Venezuela se cometen torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, éstas dos últimas también consideradas como torturas por el sistema de la ONU.
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«Las dictaduras se sostienen a base del miedo (…) La aprobación del protocolo facultativo permite a los funcionarios de la ONU visitar el país sin pedir tanto permiso», dijo el parlamentario, en referencia al artículo 1 de este protocolo de Naciones Unidas.
Además, este protocolo facultativo exige a los Estados firmantes a crear mecanismos nacionales de prevención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; así como la necesidad de la adopción de medidas para evitar estos delitos que lesionan los derechos humanos.
La Asamblea Nacional discutió el proyecto del ley aprobatoria de este instrumento el pasado 7 de julio, y se le dio urgencia parlamentaria a solicitud de la diputada Adriana Pichardo y la Comisión de Política Exterior.
Por Renzo Pietro
En los puntos de información, el diputado por el estado Lara Ángel Torres resaltó la situación de su colega Renzo Pietro (Voluntad Popular-Táchira), quien se encuentra detenido desde el pasado 8 de marzo bajo delitos que aún no están esclarecidos.
Durante su intervención, Torres dijo que el diputado tachirense se encuentra incomunicado, y por tanto desconocen su estado de salud. «Han violado todos sus derechos y el proceso judicial. No sabemos nada de Renzo Pietro, queremos una fe de vida», expresó.
Por su parte Lucas Pietro, padre del diputado, dijo que está preso sin haber cometido delito alguno, «solo por pensar diferente. No le han permitido ni siquiera realizar una llamada para saber cómo se encuentra y su estado de salud».
El padre del parlamentario refirió que su preocupación «es mayor porque a finales del año pasado se le detectó una lesión en la columna que necesitaba una operación urgente, pero no se pudo realizar y ahora su problema médico empeora. Hacemos un llamado para que lo liberen, no ha cometido ningún delito».
Venga hoy habla mi viejo, pidiendo la liberación de mi hermano Renzo. Mi padre esta muy mayor y no sabe nada de él desde su secuestro judicial. Mañana 15 seria el juicio pero sabemos que los tochés del gobierno lo van a diferir pedimos que lo liberen, ya que esta malito de salud pic.twitter.com/aX5NQlAj9k
— Dip. Renzo Prieto (@RenzoPrietoVzla) July 14, 2020
Resultados de la Encovi
En la sesión de este martes 14 de la Asamblea Nacional, los diputados también debatieron sobre los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2019-2020, realizados por tres universidades venezolanas sobre índices como pobreza, inseguridad alimentaria, desnutrición, empleo, trasnferencias gubernamentales y un capítulo especial sobre el impacto de la pandemia de la covid-19 los primeros tres meses en el país.
El sociólogo y coordinador del estudio, Luis Pedro España, resaltó algunos datos de la Encovi como el aumento de los niveles de pobreza extrema cercanos al 80%, más de la mitad de los encuestados (54%) se encuentra en la categoría de pobreza reciente, mientras que un 68% manifestaron pobreza de consumo.
España afirmó que Venezuela es el país más pobre, al comparar con otros países de América Latina y el segundo país más desigual de la región, solo por detrás de Brasil. «Nuestros niveles de pobreza se parecen a Nigeria, Chad, Congo, debido a la fragilidad democrática».
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También destacó que la inseguridad alimentaria (la capacidad que tienen las familias de garantizar alimentos) alcanzan casi la mitad de la población y si se juntan la moderada y severa sube a 70%. Como ejemplo puso el consumo de proteínas de la población, que apenas alcanza a 21 gramos anuales, cuando el requerimiento mínimo es de 51 gramos.
Sobre las características del empleo, el investigador señaló que 56% de la población entre los 15 y 70 años declara que no está trabajando o tiene intenciones de trabajar, pues «no hay trabajo que valga la pena ir a trabajar, porque no hay suficiente empleo o el pago no se corresponde».
Además detalló una particularidad, y es que los que están trabajando, trabajan mucho. La Encovi recogió que el 72% trabaja más de ocho horas al día, mientras que más del 30% que trabaja menos de esas horas busca ocupar ese tiempo.
El diputado Jesús Yánez profundizó en el impacto migratorio y económico de la pandemia en los venezolanos. «Hay un terrible aumento del desempleo en casi 6.9%, que ha afectado a todos los sectores productivos, en especial el comercio y los pequeños empleadores. Esto trae como consecuencia una pérdida más grave del poder adquisitivo. Con la reducción de remesas hace que esa población sea vulnerable a aumento de los alimentos».
Daniel Antequera coincidó con las parlamentarias Karin Salanova y María Teresa Pérez, al afirmar que las cifras de desnutrición son más «escándalosos», porque «es difícil decir que más de 70% de la población tiene inseguridad alimentaria, 30% de los niños menores de cinco años padecen de desnutrición aguda».
Recordó además que agencias de Naciones Unidas como la FAO alertaron que para 2020 al menos 10 millones de venezolanos estarían en inseguridad alimentaria, lo que a su juicio debió haber aumentado debido a la cuarentena por el coronavirus.
La diputada Dignora Hernández dijo durante su intervención que la «verdadera ayuda humanitaria que necesita Venezuela es la salida de las mafias del poder, y por eso es necesario una misión internacional que permita el desalojo de aquellos que se mantienen el poder por la fuerza».
Por último, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, dijo que hay que «dimensionar la crisis y quién la generó. La generó una dictadura. Hay una guerra en Venezuela, y es de la dictadura contra el ciudadano, que prefiere montar una pantomima, que ya hemos dicho que no vamos a participar en una farsa, que comprar equipos de protección para el personal de salud».
Guaidó dijo que no solamente es la presión internacional «sino la presión interna a pesar de la pandemia, que es un riesgo latente que va creciendo (…) Es nuestro deber utilizar todos los mecanismos para salir de esta dictadura». Para ello, prometió que darán a conocer un conjunto de propuestas en las próximas semanas.
Jubilados piden atención
Antes de iniciar la sesión de la Asamblea Nacional, un grupo de pensionados y jubilados en el exterior elevó una solicitud para que se atienda su situación, debido a que desde hace cinco años no cobran sus pensiones.
Desde España, Yolanda Salvador denunció que la pensión apenas equivale a dos dólares mensuales, lo que no sirve para mantenerse fuera del país. «Se nos están violando todos los derechos humanos. Desde 2015 se les dejó de pagar la pensión a los 15.000 pensionados en el exterior, esto no puede esperar a que la situación cambie como muchos de ustedes nos están diciendo».
Por ello, Salvador solicitó a la Asamblea Nacional la inclusión de sus reclamos en las agendas, fondos y partidas de ayudas humanitarias. «Los pensionados del exterior no estamos cobrando siquiera esos dos dólares. No somos un problema, somos una realidad que ustedes deben incluir y gestionar».
Sobre esto, Juan Guaidó dijo que es una crisis y una realidad a la que se deben abocar.
Por su parte, el diputado Julio Ygarza informó sobre jubilaciones forzadas a las que están siendo sometidos trabajadores del parlamento venezolano por parte de los diputados que usurpan ese poder. Explicó que los trabajadores o funcionarios que cumplan 60 años de edad o 20 años de labor son pasados inmediatamente a la nómina de jubilados, y a pesar que la ley establece que a los cinco días se les deben cancelar sus prestaciones, «los que usurpan las funciones de la AN no les pagan».
El trabajador pierde derechos contractuales e ingresos para él y su familia, reiteró Ygarza. «Todos saben que el régimen ha destruido el salario, las instituciones públicas».
