Asociación Internacional de Fiscales sigue dejando a Tarek como la guayabera
Luisa Ortega Díaz fue destituida de su cargo como Fiscal General en agosto de 2017 por la impuesta Asamblea Constituyente, por presuntos delitos de corrupción dentro del Ministerio Público
El reconocimiento a la institucionalidad en Venezuela sigue siendo «tela que cortar» en la comunidad internacional. La Asociación Internacional de Fiscales (IAP, por sus siglas en inglés) continua reconociendo a Luisa Ortega Díaz como la Fiscal General de la República, al extenderle una invitación formal a su 23 conferencia anual.
Ortega Díaz difundió la invitación de la IAP, e indicó que expondrá durante su intervención «cómo el régimen venezolano desmontó el Estado de Derecho y vulnera los DDHH de la población».
#ANUNCIO En mi condición de Fiscal General de #Venezuela, he sido invitada a la 23 Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Fiscales que se realizará en Sudáfrica. Allí expondré cómo el régimen venezolano desmontó el Estado de Derecho y vulnera los DDHH de la población pic.twitter.com/njRhR6KW7o
— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 22 de agosto de 2018
En la invitación reza que el tema a tratar en la independencia fiscal como piedra angular de justicia para la sociedad, incluyendo políticas de investigación, autonomía y protección a los fiscales por parte de los Estados.
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Luisa Ortega Díaz fue destituida de su cargo como Fiscal General en agosto de 2017 por la impuesta Asamblea Constituyente, por presuntos delitos de corrupción dentro del Ministerio Público.
Por ello, se le embargaron sus cuentas y propiedades, y se declaró al MP en emergencia para hacer una renovación de la institución y “luchar contra la impunidad”. Desde entonces, el puesto de fiscal es ocupado por Tarek William Saab, antiguo Defensor del Pueblo.
Ortega Díaz formó una de las piezas fundamentales dentro del entramado del chavismo para procesar a dirigentes de oposición, pero en 2016 comenzó a emitir críticas contra el Ejecutivo y sus ministerios por la actuación de los cuerpos de seguridad en las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP).
El 31 de marzo de 2017, declaró que las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que despojaban a la Asamblea Nacional de sus competencias y anulaban la inmunidad parlamentaria constituían “una ruptura del orden constitucional”.
Desde entonces, empezó a criticar la actuación represiva del Gobierno contra las protestas antigubernamentales que surgieron desde esa fecha y desmontó versiones que se pretendían instaurar desde el Ejecutivo sobre la muerte de algunos manifestantes, como Juan Pablo Pernalete.
Luego de ser destituida por la ANC, Ortega Díaz se vio obligada a salir del país, y desde entonces ha llevado denuncias a organismos internacionales, entre ellos la Corte Penal Internacional, acusando a Nicolás Maduro y varios de sus funcionarios como responsables en la violación de derechos humanos.
Además, promovió un juicio contra Nicolás Maduro ante los magistrados del TSJ, designados por la Asamblea Nacional y que también se encuentran en el exilio, por corrupción propia y legitimación de capitales junto a la constructora brasileña Odebrecht.
