Atila reformador, por Teodoro Petkoff
El Plan de Destrucción de Venezuela, asociado a la reforma constitucional, creará las condiciones para ampliar el proceso de crecimiento patológico del Estado. Una cosa es un Estado musculoso, ágil, flexible, capaz de establecer y hacer cumplir las reglas del juego en la sociedad, tanto en lo económico como en lo político, tanto en la educación y la salud pública como en la administración de justicia y en la seguridad pública, y otra cosa muy distinta es un Estado obeso, lleno de grasa, pesado, ineficiente y corrupto; incapaz de hacer cumplir las reglas del juego social. Tal es el Estado que surge de la reforma constitucional.
Ésta apunta a reforzar el proceso que ya viene andando bajo la conducción de Chávez. La creación de nuevos entes públicos, la hinchazón de la carga burocrática, la elevación del número de ministerios, que ya se acercan a los treinta, han tenido consecuencias devastadoras en el ejercicio de la función pública.
Promesas incumplidas, problemas que nunca se resuelven: la magnitud de tal ineficiencia la mide la profusión del reclamo popular. El pueblo más humilde, agobiado por la incapacidad administrativa, tranca calles, carreteras, autopistas, toma instalaciones públicas, en intentos infructuosos de hacerse oír.
Imaginemos ahora a gobernaciones, alcaldías y concejos municipales, atrapados en una maraña de “territorios o provincias federales” (que hasta las denominaciones son confusas), de “ciudades federales” y “municipios funcionales”, con sus respectivos vicepresidentes y funcionarios designados por el Presidente. Imaginemos también a los consejos comunales desvinculados de las instancias intermedias de administración, que son las gobernaciones y las alcaldías: ¿qué otra cosa puede salir de esto que no sea un caos administrativo?
¿Cómo se relacionará el poder central con gobernaciones y alcaldías mediatizadas por las vicepresidencias? El ciudadano, que hoy tiene más cerca de sí a las autoridades elegidas directamente, tropezará con esas alcabalas que serán las vicepresidencias territoriales. Gobernadores y alcaldes chavistas ya lo perciben con claridad.
Por eso es que se les nota tan tibios ante la reforma. Bajo la apariencia de grandes cambios, en realidad, vamos hacia atrás. La mejoría de la administración regional que significó la descentralización (aun con lo incompleta que fue), va ser destruida por las consecuencias de la recentralización chavista. Como siempre, pagará el ciudadano. Sobre todo el más humilde.
