Aumenta la cifra: 12 larenses permanecen detenidos por motivos de disidencia política
Organizaciones de derechos humanos y partidos políticos exigen la libertad de estas personas que fueron detenidas de forma arbitraria por parte de los organismos de seguridad del Estado
Organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y familiares han venido denunciando la detención, por parte de funcionarios de organismos oficiales, de doce larenses, a quienes se les formulan graves acusaciones, especialmente de estar incursos en planes de violencia y terrorismo; pero, no les aceptan ser defendidos por sus abogados, e incluso tienen prohibidas visitas de sus familias y allegados.
Las denuncias han sido hechas por Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos ( Provea), Observatorio Venezolano de Prisiones, Comité para la libertad de los presos políticos, Madres en defensa de la verdad y otras agrupaciones, a fin de que las personas que han sido detenidas en forma arbitraria recuperen inmediatamente su libertad, en acatamiento al artículo 44 de la Constitución, el cual establece que ninguna persona puede ser arrestada o detenida sin orden judicial, excepto que sea sorprendida infraganti en la comisión de delito.
Además de las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos, como las ya mencionadas, están algunos partidos políticos a los cuales pertenecen varios de los detenidos y, por supuesto, sus familiares, muchos de éstos alegan que los privados de libertad requieren tratamientos médicos obligatorios.
De los larenses, el que lleva más tiempo detenido es el abogado Henry Alviárez, coordinador nacional de Vente Venezuela, quien fue privado de su libertad por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas, el 20 de marzo de 2024 y el fiscal general del Ministerio Público, Tarek Williams Saab, posteriormente informó que había sido denunciado por un sujeto, a quien identificó como Emil Brandt, de estar implicado en actividades conspirativas y de violencia para causar desestabilización en la ocasión de la celebración de las elecciones presidenciales de 28 de julio de ese año
Diliángela Guédez, madre de dos hijas, activista política electoral desde 2013 y quien fuera movilizadora de electores para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y para las cuales tenía credenciales como testigo de mesa, fue detenida el 25 de julio de este año cuando se encontraba en su domicilio de Cabudare.
El abogado Endrick Medina, quien se desempeñaba como director de gobierno de la alcaldía de Torres, fue detenido por funcionarios del Sebin cuando caminaba la tarde del 8 de agosto de 2024 por la avenida Francisco de Miranda, de Carora, y al pedir explicación de la medida, los responsables del procedimiento le respondieron estar acatando una “orden de Caracas.”
Juan Diego Lucena, dirigente juvenil de Vente Venezuela en el municipio Andrés Eloy Blanco, fue detenido la tarde del miércoles 21 de agosto de 2024 y, hasta el momento, se ignora el lugar de su reclusión.
Gabriel Rodríguez, de 16 años, fue detenido el 9 de enero de este año cuando salía de una panadería de Cabudare, donde estaba haciendo un curso para aprender a hacer panes. Según la denuncia fue señalado por los guardias nacionales de “tener pinta de guarimbero” por su vestimenta y desde esa fecha no tiene abogado, ni tampoco se sabe cuáles serán los cargos que se le formularán.
William Javier Colombo, quien ha sido activista opositor y participado en los procesos electorales, fue detenido en julio de este año en Cabudare en forma arbitraria, según la denuncia hecha por dirigentes de partidos democráticos; pero, como ocurre con otros detenidos, se ignora el lugar donde se encuentra recluido..
Eliécer Ramón Sánchez Linárez, movilizador electoral de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, fue detenido el 23 de mayo de este año en Cabudare, y el ministro Diosdado Cabello lo mencionó en una lista de setenta personas que, según dijo, estaban complicadas en planes de violencia contra el país antes de las elecciones municipales a efectuarse, como ocurrió, el 25 de ese mes.
Henry López, conocido por sus amigos como “El Chino,” quien aspiró a la alcaldía de Crespo en elecciones municipales pasadas con el apoyo de los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática y se desempeñaba últimamente como coordinador de Un Nuevo Tiempo en las parroquias El Cují y Tamaca, fue detenido en junio de este año y desde entonces no se sabe el motivo por el cual fue privado de su libertad.
Oliver Arrieche, quien aspiró en una ocasión a la alcaldía de Crespo y estaba activando en Vente Venezuela, fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional hace tres meses, aparentemente para ser investigado por un delito ambiental en aquel municipio y hasta ahora se ignoran realmente los motivos de su detención, así como también donde se encuentra.
María de los Ángeles Castillo, de 30 años, madre de una niña de 12 años y de otra de 9 años, fue detenida cuando irrumpió violentamente en su residencia de Río Claro, cuando se encontraba durmiendo la madrugada del 8 de julio de este año, un grupo de aproximadamente veinte hombres encapuchados, que dijeron ser funcionarios de gobierno.
Macario González, abogado, profesor universitario, exalcalde de Iribarren y dirigente nacional de Voluntad Popular, se encuentra desaparecido desde el 12 de septiembre cuando salió de la Universidad Fermín Toro, después de darle la bienvenida al cuerpo docente que se incorporaba al nuevo año lectivo. Ninguno de los cuerpos policiales, ni el Ministerio Público han suministrado información sobre su paradero, presumiendo que se encuentre recluido en un organismo de seguridad porque a pocos metros de la casa de estudios de donde salió había sido instalada una alcabala policial.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
