Autogestión policial, por Javier Ignacio Mayorca
En un afán por generar recursos, en unidades de la Policía Nacional se está imponiendo un régimen de corrupción y extorsión que va desde los jefes hasta el agente de cada esquina
Twitter: @javiermayorca
El 29 de mayo, la Inspectoría General de la Policía Nacional suspendió a tres comisarios que estaban al frente de la unidad de Servicio Aeroportuario de ese cuerpo en el aeropuerto de Maiquetía.
La información, conocida a través de una de esas minutas que describen «incidencias negativas», involucra a una comisaria y dos efectivos de la misma graduación en lo que se conoce como el sistema de cuotas. Según fuentes de la propia institución, los oficiales que se desempeñan en plazas codiciadas, como la del principal terminal aéreo del país, periódicamente deben tributar dinero en efectivo a los superiores en la unidad: los del nivel operacional, cinco dólares; diez dólares los del nivel táctico y veinte dólares los encargados de la supervisión.
Eso explica por qué, en la denuncia difundida a través de las redes sociales, estos jefes policiales de Maiquetía hablaban sobre los detalles del asunto como si se tratara de algo normal y cotidiano. Confirmaban así la sospecha de que ellos no inventaron esta cadena de pagos, ni fijaron las tarifas. Los sancionaron porque se dejaron grabar.
En la minuta sobre el inicio del expediente administrativo contra los tres jefes policiales se indica que ellos extorsionaban a los subalternos. Realmente, los funcionarios que estaban más abajo en la cadena de mando de Maiquetía también formaban parte del sistema de corrupción. Eran ellos los que hacían la colecta. Los extorsionados eran los comerciantes y viajeros que utilizan el aeropuerto o tienen algún local allí, y que deben pagar las cuotas, pues de lo contrario no llegarían a tiempo al vuelo o no les permitirían operar sus comercios.
Pero la cosa va mucho más allá. Desde febrero, circulan las informaciones que explicaban cómo en la región policial de occidente (Redip Occidental) presuntamente se exigió a los jefes de cada unidad el aporte de ciertas cantidades para el financiamiento de un evento navideño. Eso pasaba por la entrega de una cuota extraordinaria, distinta de la que regularmente se debe consignar para continuar con las operaciones dentro de esa jurisdicción.
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Es lo que han denominado «autogestión» en las filas de la Policía Nacional. Los agentes de a pie, los patrulleros, miembros de servicios especiales y, desde luego, los jefes de las unidades deben agenciárselas para mantener el servicio en funcionamiento.
«Esa autogestión implica que si lo envío a Ud de jefe de la dirección contra la Delincuencia Organizada en Yaracuy le asigno cinco unidades que tienen los motores quemados. Y usted verá cómo las arregla, y como arregla el comando», explicó un ex funcionario con conocimiento directo del problema.
Añadió que en estas situaciones el subalterno se siente coludido, y cumple con las órdenes de hablar con los comerciantes para que les den los galones de pintura y los repuestos de los vehículos.
Pero ese afán por la obtención de recursos ha tenido nuevos giros. En Caracas, se ha visto a efectivos de la PNB cuidando locales nocturnos o comercios en las horas de cierre. También haciendo trabajos de escolta armada. En La Guaira, se les ha visto en funciones de vigilancia privada en locales de una conocida cadena de farmacias.
Igualmente, funcionarios activos de la misma institución participan en el comercio de uniformes. Para ello, se anuncian en foros policiales e incluso en Instagram. Una gorra con logo de la PNB se puede conseguir en diez dólares, y el uniforme azul marino sin las botas por 45 dólares.
Desde luego, mucho de esto se sabe porque todavía la institución cuenta con efectivos capaces de distinguir estas irregularidades, a pesar de los permanentes esfuerzos por dar la impresión de que no tienen nada de malo.
En su exposición de motivos, la norma que dio origen a la Policía Nacional manifiesta el rechazo de los legisladores del momento a las tendencias privatizadoras de la seguridad ciudadana. Eso fue en 2008, cuando el país podía disponer de enormes recursos de la renta petrolera para financiar la creación y consolidación de un cuerpo preventivo de alcance nacional. Quince años después, y a juzgar por las informaciones conocidas en los últimos días, la entidad modelo de la reforma policial venezolana se encuentra en una situación de «sálvese quien pueda», donde a un motorizado cualquiera lo confrontan agentes de un punto de control con evidente intención extorsiva, porque no tenía la factura de un destornillador.
En este contexto, el principal perdedor es el ciudadano, que encuentra en situaciones como las aquí descritas nuevas razones para alimentar su desconfianza en las instituciones llamadas precisamente a preservar la civilidad.
Venezuela figura en el grupo de países con los menores índices de ley y orden, según la última medición mundial de Gallup (2022). El puntaje nacional fue de los tres más bajos, junto a Gabón y Afganistán. De igual forma, Venezuela es de los pocos países donde la desconfianza en los cuerpos policiales se ha hecho crónica. Incluso, la imagen de los uniformados no mejoró durante el lapso de la pandemia. Cosa que sí pasó en buena parte del planeta. Y junto a ello, los ciudadanos manifiestan sentimientos de inseguridad que los sacan de las calles apenas cae el sol.
Estamos entonces ante un problema grave y profundo, que no será superado con medidas espasmódicas como la suspensión de tres comisarios del servicio aeroportuario.
Breves
-El juicio oral contra Clíver Alcalá Cordones fue pautado para el lunes 10 de julio. Este mayor general retirado del Ejército venezolano es procesado en la corte del Distrito Sur de Nueva York porque supuestamente participó en lo que se describe en la acusación como «una corrupta y violenta conspiración narcoterrorista entre el Cartel de los Soles venezolano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia» (FARC), específicamente la facción denominada Nueva Marquetalia, encabezada por Luciano Marín, alias Iván Márquez. Alcalá es el único detenido por este caso, que también involucra al gobernante venezolano Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y al ex zar de la inteligencia Hugo Carvajal. En marzo de 2020, Alcalá se entregó a las autoridades estadounidenses en Colombia, poco antes de la fallida operación Gedeón, en cuya gestación él reconoció haber participado. Este general cuenta con la defensa de tres bufetes jurídicos: el del abogado César de Castro; Gotlib Law, representada por Valerie Gotlib, y Lewis Baack Kaufmann Middlemiss, de Adam Kaufmann. Este último es el mismo apoderado legal de Francisco Convit Guruceaga, solicitado por lavado de dinero en contrataciones con Petróleos de Venezuela. Cuatro días antes del juicio, Alcalá y sus abogados irán nuevamente a la corte del juez Alvin Hellerstein, para participar en una sesión preparatoria, en la que se discutirán las mociones pendientes.
-Los senadores republicanos por Florida Bob Menéndez y Marco Rubio promueven la aprobación de una ley encaminada a restringir aún más la comercialización internacional del oro sustraído del Arco Minero venezolano. El Acta de EEUU para el oro legal y la alianza minera parte del principio según el cual todo el metal extraído del suelo venezolano es ilegal por definición, no solo por los métodos utilizados para obtenerlo, sino por los actores que participan en este proceso y en la cadena de distribución y comercialización. En los considerandos del proyecto, se hace especial referencia a la participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Tren de Aragua, que «ha expandido su rol en la minería ilícita, el tráfico y la comercialización del oro para incrementar sus ganancias criminales». De igual forma, los legisladores estadounidenses destacan que la comercialización del oro está a cargo de la estatal Minerven, una entidad sancionada por el Departamento del Tesoro de EEUU.
Javier Ignacio Mayorca es periodista especializado en criminalística. Consultor. Miembro Observatorio Venezolano del Crimen Organizado.
