Autoridades mantienen silencio ante protesta en la troncal 10 por desalojo de mineros
Ninguna autoridad regional o municipal se ha pronunciado por la manifestación que mantienen mineros de la mina El Cacho San Isidro, en Tumeremo, desde el viernes 14 de abril tras el desalojo de la misma
Jhoalys Siverio | Correo del Caroní
Para este martes 18 de abril se convocó a un cabildo abierto con pobladores de los municipios El Callao, Roscio y Sifontes, quienes denuncian arbitrariedades por parte de militares y del Gobierno contra quienes ejercen la pequeña minería en el sur del estado Bolívar.
El viernes 15 mineros de la mina El Cacho San Isidro, en Tumeremo, denunciaron que fueron desalojados por orden de una empresa, de la que no se conocen mayores detalles, y que llegó hace unos seis meses a instalarse en la zona.
Ese viernes protestaron a la altura de la terminal de pasajeros de Tumeremo. Desde entonces mantienen el cierre vial de la troncal 10, que comunica a los municipios del sur de Bolívar y con Brasil.
Los mineros piden también la intervención de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y la destitución de su presidente, Carlos Osorio.
«Pedimos que nos devuelvan la mina El Cacho. Ahora nos amenazan por redes sociales de que nos van a detener. No nada más tenemos problemas en la mina, también tenemos problemas de asfaltado. Las calles no sirven, el agua es insuficiente, la electricidad se va cada vez que le da la gana. Pedimos que nos den una solución. En la mina El Cacho nos han agredido, destruido nuestros campamentos, señor gobernador, avóquese», exigió una minera.
Minas amenazadas
El exalcalde de Sifontes, Carlos Chancellor, manifestó que los mineros del sur exigen respeto y justicia. Denunció que «los militares también se presentaron en la comunidad indígena San Juan de Venamo, ubicada en el límite con el territorio en reclamación a la Guayana Esequiba».
«La unidad de los mineros comienza a mostrarse con un cabildo abierto en El Callao, para abordar los mismos temas críticos de este conflicto que exige soluciones ya. Los pueblos mineros se cansaron de poner la espalda para que la ‘revolución’ los golpee con desalojos arbitrarios, con desconocimiento de los derechos de la pequeña minería, al trabajo legal, sin abusos y expropiaciones de sus minas de forma abusadora. Basta de matraqueos, desconociendo los derechos de tradición y a la legalidad minera del pueblo de estos municipios. No a las expropiaciones de los derechos del pueblo gritan los mineros», agregó.
Chancellor advirtió que las minas asignadas a las comunidades indígenas también están amenazadas.
*Lea también: Mineros en Bolívar denuncian amenazas tras reclamos por derecho al trabajo
El partido Proyecto Guayana se pronunció en relación con el cierre de la troncal 10, destacando que se trata de una «lucha justa en un momento difícil y preocupante, tanto para el Gobierno como para los mineros y muchos comerciantes que son afectados por esta situación de no buscar una solución al problema».
Destacan en un comunicado que los mineros «hoy sufren la implantación de un mecanismo que afectará la producción de oro en el sur del estado Bolívar por los errores del Gobierno y los acuerdos con muchas alianzas y países extranjeros que firmaron con el Estado venezolano».
En el comunicado de Proyecto Guayana salió a relucir el asesinato del concejal José Atienza. Aunque no hay mayores detalles acerca del caso, presumen que se trató de un sicariato.
En videos difundidos por los manifestantes se muestra que los mineros permiten el paso vehicular para casos de emergencias. Asimismo aseguran que se mantendrán en protesta hasta tener una respuesta.
