Autoritarismo, dinero y otras verdades en la UCV, por Samuel J. Pérez Hermida
Como ya suele ser «normal» en el comportamiento de las nuevas realidades comunicacionales, dinámica ahora acelerada como consecuencia de la presente coyuntura pandémica global, en los últimos días se han «viralizado» en las redes universitarias un par de escritos, producidos por la pluma del profesor Bernardino Herrera, en los cuales el mencionado colega se refiere a la actual situación de la Universidad Central de Venezuela.
La razón por la cual tales escritos han circulado con rapidez por las ya referidas redes universitarias «como reguero de pólvora», tal y como se decía en tiempos pretéritos, no tiene que ver solamente con el hecho de que tales textos hayan sido publicados por el semanario «TalCual», sino más bien con el calibre de las denuncias que el profesor Herrera hace públicas por medio de sus escritos, en el contexto del conflicto que las actuales autoridades de la UCV tienen con la Apucv y con cualquier otro miembro de la comunidad universitaria que ose no seguir obedientemente sus designios.
No se trata de que el profesor Herrera haya «dado un tubazo», cómo se dice, en referencia a las primicias, en los medios reporteriles, ya que todo lo señalado por él en sus artículos de opinión ha sido ampliamente denunciado por la Apucv y por el Consejo de Profesores Universitarios Jubilados de la UCV, desde hace casi dos años ya, denuncias que en los últimos meses se han visto repotenciadas por las contundentes declaraciones de 4 representantes profesorales ante el Consejo Universitario, pero, no cabe duda que el de Bernardino le ha dado un giro interesante al asunto, al emplear un estilo directo y punzopenetrante en la redacción de sus posturas.
En lo personal, no tendría yo reserva alguna en suscribir la mayor parte de lo planteado por el profesor Herrera, especialmente en lo que se refiere a la anti universitaria actitud despótica de las actuales autoridades de la UCV, y la imperiosa necesidad de que la universidad reaccione y muestre, con urgencia, señales de vida.
Sin embargo, lamento mucho que Bernardino Herrera haya tomado la lamentable decisión de «aderezar» sus denuncias con algunas aseveraciones que, tristemente, me veo en la obligación de desmentir. Es lo que suele suceder cuando alguien decide disparar desde la cintura, de manera indiscriminada, contra todo lo que se mueve.
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Debo decir, enfáticamente, que Bernardino miente con descaro, él sabrá sus íntimas razones para hacerlo, cuando afirma que la Apucv y el Cpujucv procedieron a la liquidación de la Fundación Fonjucv movilizados por una «supuesta» amenaza de que el gobierno chavista la tomaría, y miente aún de peor manera cuando señala que “tiempo después, los directivos (de la Apucv) reconocieron públicamente en una asamblea, que los engañaron».
La amenaza de expropiación del patrimonio del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente de la UCV por parte del gobierno de Hugo Chávez fue real, y cualquiera que tenga interés honesto en el asunto puede comprobarlo por medio de una sencilla investigación hemerográfica en las publicaciones de ese momento.
De hecho, tal proceso ya se estaba iniciando, tal y como en esa oportunidad quedó constatado gracias a la visita y ocupación de las oficinas del Fonjucv por parte de una comisión oficial, integrada por el Superintendente de la Tesorería Nacional del Sistema de Seguridad Social, acompañado de un equipo de contadores y abogados.
Esa Superintendencia presentó también una solicitud formal ante el Consejo Universitario de la UCV, solicitando además la opinión de la Contraloría Interna de la universidad y de la Contraloría General de la República.
Ambas instancias se pronunciaron en favor de lo planteado por la Superintendencia de la Seguridad Social, apoyando su criterio en lo previsto en la Ley Orgánica de la Seguridad Social, y alegando adicionalmente que era imposible para el Fondo pagar las pensiones de los jubilados de la UCV.
Con respecto a la supuesta declaración asamblearia de la Directiva de la Apucv, según la cual asumimos haber sido engañados por la Rectora de la UCV, debo decir que la misma constituye una simple tergiversación de los hechos.
Teniendo claro, como ya he señalado, que la amenaza de expropiación del patrimonio del Fonjucv era real, los entes fundantes (Apucv, Cpujucv y UCV) consideraron, luego de escuchar la opinión de la Directiva del Fondo, que lo más apropiado era transferir el capital a la custodia de la universidad.
Por supuesto que, visto el desarrollo de los acontecimientos, puede discutirse hoy si tal estrategia, cuyo propósito era el resguardo de los recursos del Fonjucv para beneficio de los profesores, manteniéndolo a salvo de la voracidad del chavismo, era la correcta. Para nosotros, en ese momento, lo fue.
El capital del Fondo se le estaba entregando a una institución, la UCV, que, entre otras cosas, es responsable de la seguridad social del profesorado, y que, en consecuencia, está en el deber de manejar dichos recursos sin desviar su objeto.
En honor a la verdad, el profesor Herrera no debió haber manipulado estos hechos. Entre otras cosas, comete el terrible error de tratar de desacreditar a quienes, ante el autoritarismo que desenfrenadamente fluye desde las oficinas del edificio del Rectorado de la UCV, somos sus aliados naturales. En esta lucha, él debió diferir, al menos temporalmente, sus propios intereses, y considerarnos como tales aliados. Lamentablemente, no lo ha visto así Bernardino.
Lo cierto, sobre lo cual nadie debe perder el foco, es que el patrimonio del Fondo de Jubilaciones se le confió a la UCV como institución, no se le entregó a la Rectora García-Arocha para su usufructo discrecional.
La forma en la que ese capital debe ser administrado está claramente descrita en el Reglamento De Pensiones y Jubilaciones, aun vigente. Fue la Rectora de la UCV, y las autoridades que acompañan su gestión, quienes traicionaron la confianza en ellos depositada, al hacer un uso opaco de tales recursos. Fue Cecilia García quien decidió por su cuenta comprar un centro de diagnóstico por imágenes (Cedivi) de una forma poco transparente, al parecer, según algunos miembros de ese cuerpo, sin la debida autorización del Consejo Universitario.
El foco fundamental, del cual ni el profesor Herrera ni la comunidad ucevista deben desviarse, es que a pesar de los esfuerzos de la Apucv, del Cpujucv y de los representantes profesorales, en el Edificio del Rectorado de la UCV siguen sin rendir cuentas, acto que por lo demás forma parte de las obligaciones inherentes a los cargos que temporalmente ejercen. Siguen las autoridades sin dar explicaciones convincentes. Siguen siendo, cada día más, impermeables al sufrimiento de la comunidad ucevista y al de sus familias.
Ojalá nadie pierda de vista este foco, y podamos comprender que solo la unidad sin egoísmo de todas las reservas éticas y morales de la UCV podrán rescatarla de las atrocidades que la destruyen desde afuera y desde adentro.
Para finalizar, no podemos olvidar, y de hecho lo denunciamos a través de estas líneas, que el profesor Herrera se hizo acreedor a una de las brutales y abusivas respuestas, tristemente ya habituales, de las autoridades de la UCV. Esta vez, de manos de una Oficina de Asesoría Jurídica que parece remedar las actitudes del robolucionario TSJ. A Bernardino le asoman la velada amenaza de las «acciones legales» por el terrible delito de expresar su opinión.
Recordando a Voltaire, reciba el profesor Bernardino Herrera toda mi solidaridad ante este inaceptable atropello, a pesar de nuestras diferencias.
Representante de la FaCES-UCV ante la Junta Directiva de la APUCV
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