Bachelet dice que gobierno de Maduro no acata su pedido de disolver la FAES
Bachelet dice que gobierno de Maduro no acata su pedido de disolver las FAES. La alta comisionada para los DDHH de la ONU lamentó que el Ejecutivo haya optado por reafirmar su apoyo a este cuerpo policial
El gobierno de Nicolás Maduro no ha evidenciado ninguna voluntad de atender la petición de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU de disolver la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana o de acometer otras acciones para prevenir ejecuciones extrajudiciales.
Así lo manifestó la alta comisionada Michelle Bachelet al presentar información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, donde dijo que su organismo «ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país».
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Bachelet dice que Maduro no acata su pedido
A este respecto, hizo referencia a información recibida de la ONG Monitor de Víctimas que identifica 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas solo en julio en Caracas.
«Estos casos documentados revelan el mismo patrón identificado en mi informe de julio y demuestran la falta de mecanismos de protección efectiva para los testigos y familiares de las víctimas», denunció Bachelet.
Lamentó que el Gobierno, en lugar haberse decidido a disolver las FAES y prevenir que continúen las ejecuciones extrajudiciales, haya optado por reafirmar su apoyo a este cuerpo policial.
La Oficina de la alta comisionada en Ginebra ha recibido del Ministerio Público información general que indica que, entre agosto de 2017 y mayo de 2019, 104 miembros de las fuerzas de seguridad fueron condenados por violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, todavía aguarda los detalles sobre los tipos de violación, a qué institución pertenecían los responsables y el perfil de las víctimas.
«Mi oficina documentó casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares», aseveró.
Condiciones infrahumanas
Agregó que las condiciones de detención no cumplen con los estándares internacionales básicos y que además las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada.
«Solicito a las autoridades tomar acción para corregir estas prácticas, permitir acceso médico e investigar violaciones a los derechos humanos», expresó Bachelet.
Dijo igualmente que la autopsia del capitán Rafael Acosta Arévalo -quien falleció bajo custodia del Dgcim el pasado 29 de junio- reveló que había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones y quemaduras en varias partes del cuerpo.
«Sufrió fracturas en 16 costillas, el tabique nasal y el pie derecho. Las autoridades reportaron que dos oficiales de la Dgcim habían sido detenidos y acusados de homicidio preterintencional, pero no de haber cometido actos de tortura. Aliento a las autoridades a que investiguen las denuncias de tortura, castiguen a los responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar su repetición», expresó Bachelet.
Desastre económico
Por otro lado, Bachelet aseguró que la situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente, lo que a su juicio restringe el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas.
«La economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales», afirmó.
Según sus cálculos, el salario mínimo venezolano equivale hoy a dos dólares mensuales, en comparación con los siete dólares de junio.
«Una familia necesita percibir el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para poder cubrir la canasta básica alimentaria», aseveró.
Sostuvo además que existe una dolarización de facto en varios sectores de la economía que exacerba las desigualdades.
Además, aseguró que los servicios públicos han seguido presentando fallas graves y recurrentes, con especial intensidad en el estado Zulia.
Considera que el desabastecimiento de combustible, con excepción de Caracas, ha agravado esta situación.
Bachelet afirmó igualmente que persisten serios obstáculos en la disponibilidad y accesibilidad económica a los alimentos.
Mencionó que Cáritas registró 35% de desnutrición crónica en los niños y niñas menores de 5 años atendidos en junio de 2019 en las zonas más pobres de 18 estados.
Salud en terapia intensiva
En relación con el derecho a la salud, Bachelet expresó su preocupación por el «insuficiente acceso a medicamentos y tratamiento de más de 400.000 personas que padecen enfermedades crónicas».
Afirmó que su despacho tiene registrada la muerte de pacientes con insuficiencia renal debido a la escasez de medicamentos e insumos para ser dializados desde 2017.
«Debido al desabastecimiento de suministros, los únicos dos centros en el país donde se pueden practicar trasplantes de médula ósea se enfrentan a serios problemas operativos», señaló.
Dijo igualmente que debido a problemas financieros al menos 39 personas, incluidos niños y niñas, se encuentran en Venezuela esperando viajar al extranjero para ser trasplantados en el marco de programas estatales. «En los últimos meses, al menos 4 niños y niñas habrían fallecido durante la espera», destacó.
Según Bachelet, un paso positivo en el sector es que según la Organización Panamericana de la Salud se ha ampliado la cobertura de vacunación contra la poliomielitis, el sarampión y la difteria.
Diaspora segura y ordenada
Bachelet añadió que según las últimas cifras de Naciones Unidas existen más de 4,3 millones de venezolanos, entre refugiados y migrantes, en todo el mundo.
Al respecto, respaldó el planteamiento de Eduardo Stein, representante especial del Secretario General de la ONU para los refugiados y migrantes venezolanos, sobre la necesidad de adoptar medidas para garantizar una migración segura y ordenada.
«Las mismas no deberían imponer obstáculos de acceso al territorio que pueden incrementar la migración irregular, y exacerbar los riesgos a ser víctimas de diversas formas de violencia y explotación», aseguró.
Expresó su preocupación acerca de los reportes de brotes de xenofobia en países de la región. «Redoblo mi pedido a las autoridades de los países de acogida para mitigarlos y prevenirlos preservando los derechos de las personas migrantes y refugiadas».
Víctimas de trata
Reveló que su oficina sigue documentando casos de migrantes víctimas de trata, particularmente mujeres, niñas y niños, con fines de explotación sexual, laboral y de reclutamiento para actividades ilícitas por parte del crimen organizado y de otros grupos armados.
«Las víctimas rara vez denuncian por temor a represalias o a ser deportadas, así como debido a la corrupción, impunidad y falta de servicios de atención adecuados», expresó Bachelet.
Asimismo, aseguró que fue documentada la desaparición de decenas de migrantes cuyas lanchas naufragaron o desaparecieron en las costas caribeñas, aparentemente relacionada con redes de trata y tráfico de personas hacia las islas del Caribe.
Represalias inaceptables
Bachelet expresó su preocupación por la información acerca de que algunas organizaciones de la sociedad civil y sus representantes que colaboraron en la preparación de su último informe fueron víctimas de descalificaciones públicas y amenazas por altos funcionarios.
«Las represalias por haber cooperado con las Naciones Unidas son inaceptables e insto a las autoridades a que tomen medidas de prevención», expresó.
Además, reiteró su llamado tanto al gobierno como a la oposición para que superen sus diferencias y den prioridad a la negociación para superar la actual situación.
«Una vez más expreso mi disponibilidad y la de mi oficina, fuera y dentro del país, para acompañar todos los esfuerzos que contribuyan a superar la actual crisis que afecta a millones de venezolanos. Apoyo el espacio facilitado por el reino de Noruega, así como las diversas iniciativas de dialogo que la comunidad internacional está impulsando», reveló.
Avances recientes
Sobre la situación penitenciaria y de detenidos, considera que ha habido «avances recientes».
Destacó que el pasado 6 de septiembre un miembro de su equipo fue autorizado a visitar el Centro de Procesados Militares Ramo Verde, lo que representa la sexta visita a prisiones desde marzo.
«Se está avanzando en un protocolo y un calendario de visitas en los próximos meses. De acuerdo con los compromisos adquiridos con mi Oficina, el Gobierno ha cumplido con la excarcelación de 83 personas, incluidas aquellas cuya detención había sido considerada como arbitraria», afirmó.
No obstante aseguró que queda pendiente la liberación plena de la Jueza María Lourdes Afiuni y del periodista Braulio Jatar, quienes obtuvieron medidas parciales.
AN en extinción
Bachelet aseguró que desde la presentación de su informe, la asamblea constituyente, a petición del Tribunal Supremo, ha levantado la inmunidad parlamentaria a cuatro diputados de la Asamblea Nacional (AN), elevando el número total a 25 parlamentarios despojados de este fuero, incluido su presidente Juan Guaidó.
Recordó además que dos parlamentarios siguen en detención preventiva a la espera de juicio. «Confío en que mi oficina pueda visitarles pronto».
La alta comisionada también expresó su rechazo a la condena de 5 años y 9 meses de prisión del líder sindical Rubén González por un tribunal militar debido a hechos ocurridos en el ejercicio de su activismo sindical.
«Su familia también ha sido objeto de diversas formas de hostigamiento. La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial», subrayó Bachelet.
Asimismo, dijo que le preocupan las recientes acciones para aprobar una ley que tipifica como delito las actividades de las organizaciones de derechos humanos que reciben fondos del extranjero.
«Esa ley, si se aprueba y aplica, reducirá aún más el espacio democrático. Lamento también los recientes ataques del Gobierno en contra de la autonomía universitaria», afirmó.
Arco asesino
Según Bachelet, preocupa el impacto que la extracción de oro, diamantes, coltán y otros metales en el arco minero del Orinoco está teniendo en la forma de vida de los pueblos indígenas, así como el impacto ambiental en sus territorios.
«A pesar de que el gobierno considera que se realizaron consultas con los pueblos indígenas antes del establecimiento del arco minero, autoridades indígenas y ONGs sostienen que no hubo consultas, ni los estudios de impacto ambiental adecuados», aseguró.
Asimismo, Bachelet dijo que es preocupante el aumento de la presencia militar en el territorio del pueblo indígena pemón (estado de Bolívar, fronterizo con Guyana y Brasil), la violencia que ha sufrido y el caso de miembros de éste y otros pueblos indígenas asentados en el territorio de Venezuela, supuestamente asesinados por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.
La comunidad pemón ha sufrido además desplazamiento forzado con el fin de facilitar la extracción minera en su zona de residencia.
Con información de EFE
