Barriendo la disidencia, por Gregorio Salazar
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La detención el jueves de esta semana del economista, profesor universitario, ex diputado y ex ministro de Finanzas de Chávez, Rodrigo Cabezas confirma, una vez más, la decisión del régimen venezolano de criminalizar el ejercicio de la política como continuación de su atropelladora ruta hacia un gobierno de partido único por la vía de hecho, visto que a través del derecho, como en Cuba, la constitución no lo contempla. Digamos que por ahora.
Desde hace un tiempo largo, quizás años, no se recuerda una semana sin que algún dirigente, un activista político, un gremialista, un profesional de la comunicación o simplemente alguien que ejerciendo el elemental derecho a la libertad de expresión por un chat de WhatsApp vaya a dar con todos sus huesos a la cárcel.
Le pasó al menor Jonathan Bravo, que tiene un diagnóstico de Déficit de Atención con Hiperactividad, y que fue detenido (ahora con medida cautelar) por criticar en un chat telefónico al gobernador del estado Falcón. Un funcionario estatal adquiere dimensiones de deidad o de gran visir al que hay que rendirle culto de obediencia y pleitesía, no importa lo inútil que sea.
Hay intocables de todo tamaño, grandes, medianos y pequeños. Hasta un «jefe de calle» se convierte en una «autoridad» temida en esta atmósfera amarga y enrarecida que vive Venezuela, donde la propagación del terror como método de dominación va con las horas. Hasta propagar las denuncias parece que lo asimilaran como ganancia para ese despropósito.
Ejercer la disidencia, denunciar los errores con las herramientas de su formación profesional y entereza democrática, es lo que ha venido haciendo Cabezas desde que se convenció que en materia económica el régimen de Maduro padecía de «dogmatismo estéril», «miopía dogmática», como se lo declaró hace unos años a la BBC de Londres. El régimen era incapaz de enfrentar técnica y racionalmente la escalada hiperinflacionaria mientras el pueblo venezolano se veía sumido en una hambruna, una tragedia social de enormes proporciones.
Y en la exigencia no menor del respeto a los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, Cabezas, fundador del movimiento Zulia Humana, ha hecho causa común con sectores de la oposición para participar en la defensa de la democracia y sus valores, hoy aventados de Venezuela. En agosto de 2024, apenas un mes después del robo electoral del 28-J, junto con ex funcionarios chavistas, politólogos y activistas firmó una comunicación dirigida a los presidentes de Brasil, Colombia y México solicitándoles que intercedieran ante Maduro para poner fin a la brutal represión que en apenas dos días había dejado un saldo de 27 muertes y más de dos mil detenidos.
Desde su rompimiento con el gobierno chavista, Cabezas ha militado en la promoción del acercamiento a posiciones que permitan encontrar una salida cívica, pacífica, democrática y constitucional. Una salida que evidentemente el régimen ha dejado virtualmente cancelada tras la pulverización de la fe en el voto y la destrucción operativa del sistema electoral venezolano. Y esto, no podía ser de otra forma, acompañado de una represión desbocada hacia dirigentes de distintas organizaciones políticas y cualquier disidente.
Pero ya esas voces, las más pacifistas y racionales, las de elaboraciones argumentales enmarcadas fundamentalmente en la constitución resultan urticantes, insoportables para una cúpula gubernamental que delirantemente sublima su rol estratégico en la geopolítica mundial e inmola el bienestar de la población y el futuro de las nuevas generaciones en el altar de la permanencia en el poder.
Cabezas viene a unirse a los casi mil presos políticos que permanecen en las cárceles venezolanas. Casi no hay organización política (Convergencia, Vente Venezuela, AD, Primero Justicia, Voluntad Popular, etc.), que no tenga un rehén en esas sórdidas instalaciones donde, según han denunciado los organismos internacionales de la propia ONU y la OEA, las prácticas reñidas con los más elementales derechos humanos son cotidianas.
Pero así como existen esos mil privados de libertad, fuera de esos recintos hay una población que, con una Espada de Damocles sobre sí, observa cómo se van conculcando sus derechos y garantías constitucionales, mientras las condiciones de vida siguen en descenso. Y no es que la élite no lo sepa. Es una tragedia deliberada, puesto que siguen adelante, irrefrenables, a cualquier costo.
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Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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