De acuerdo con el artículo 296 de la Constitución, “los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados o designadas por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes”.
La Asamblea Nacional tiene 165 miembros y dos terceras partes de ellos son 110 diputados.
El Gobierno tiene 86 diputados y la oposición 79, de modo que ninguno de los dos bloques, por si solo posee dos tercios del parlamento.
Para que se logre una mayoría de dos tercios, en la Asamblea (esto es, de 110 diputados), tendrían que estar de acuerdo ambas partes o, por lo menos, porciones sustanciales de cada una de ellas.
Esta circunstancia es precisamente la garantía de que sólo puede haber CNE si Gobierno y oposición se acuerdan en torno a las quince personas (cinco principales y diez suplentes) que habrán de integrar el organismo. Aunque el mismo artículo 296 pauta que el CNE estará integrado por “personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos”, es obvio que en las presentes circunstancias venezolanas es imposible pretender que esas personas no tengan vinculaciones o inclinaciones políticas, de modo que es necesario aceptar, pragmáticamente, que de los diez suplentes, cinco serán simpatizantes del Gobierno y cinco de la oposición y de los cinco principales, dos tendrán vínculos o simpatías con el Gobierno y dos con la oposición y será necesario ponerse de acuerdo en un quinto que resulte aceptable para ambas partes. Se trataría de encontrar un venezolano o venezolana suficientemente ecuánime y equilibrado como para que ambas partes lo sientan un buen fiel de la balanza. Difícil pero no imposible y, en todo caso, mucho menos difícil que encontrar quince personas químicamente independientes, tal como lo exige la norma constitucional.
Tal como están las cosas en nuestro país lo más conveniente es que el organismo electoral esté integrado de este modo porque eso sería la garantía de que ambas partes se van a vigilar y controlar mutuamente, garantizado con ello la deseable pulcritud y transparencia de los procesos electorales.
Ahora bien, esto puede y debe surgir de un proceso de negociación en la Asamblea Nacional. Si ninguna de las dos partes tiene por si sola los dos tercios de los votos, pues tienen que hablar entre sí para ponerse de acuerdo. Puesto que en el parlamento hay diez grupos de oposición sería muy negativo que mientras algunos de ellos (o todos) conversan y negocian con el bloque oficialista haya, en los partidos políticos o en la sociedad civil, quienes se reservan el derecho a disparar contra la obvia necesidad de esas negociaciones tildándolas de “acuerdos de cúpulas” o de maniobras de trastienda e incluso poniendo en duda la pertinencia de tales conversaciones.
No sería nada malo que se le pusiera sordina a esa manía autodestructiva, a esta vocación por el autogol, que han mostrado, a veces, algunos sectores de oposición.
