Batalla legal por migrantes continúa: Trump pide al Supremo levantar pausa a expulsiones
La administración de Donald Trump apeló el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que le ordena suspender las deportaciones de migrantes venezolanos a El Salvador
La batalla legal entre el presidente Donald Trump y el poder judicial de Estados Unidos por el caso de la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador no tiene días de descanso. Este fin de semana, decisiones y apelaciones estuvieron a la orden del día.
Qué pasó
Este 19 de abril, la administración de Donald Trump apeló el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que le ordena suspender las deportaciones de migrantes venezolanos a El Salvador.
Tras conocer el fallo del Supremo, la respuesta del gobierno de Trump no se hizo esperar y presentó un recurso pidiéndole que levante el bloqueo temporal de emergencia que emitió en la madrugada del sábado prohibiendo las expulsiones de migrantes.
El recurso, firmado por el procurador general de EEUU, John Sauer, solicita al Supremo permitir que se reanuden los vuelos de expulsión hacia el país centroamericano y también que las cortes de menor instancia puedan resolver el caso.
El Gobierno alega que la demanda de emergencia presntada por la Unión Americana de Libertades Civiles fue «terriblemente prematura» porque «se saltó» a los tribunales de menor instancia.
Contexto
La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo la madrugada del sábado 19 de abril en la que ordena al mandatario norteamericano suspender las deportaciones de los migrantes venezolanos.
El Supremo estadounidense bloqueó las expulsiones de venezolanos -detenidos en un centro para migrantes en Texas- bajo la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que solo se ha usado en tiempos de guerra.
En su orden, que tuvo dos votos en contra, los jueces del Supremo actuaron tras el recurso interpuesto por la Unión Americana de Libertades Civiles, que alegaba que las autoridades migratorias parecían querer reiniciar las deportaciones en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que Trump invocó el pasado 14 de marzo para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
ACLU alegó que el Gobierno de Trump estaba violando una decisión judicial al querer expulsar a los hombres sin darles un «tiempo razonable» para defender sus casos.
En resumen
El presidente republicano desde que asumió el poder el 20 de enero ha endurecido su política migratoria con diferentes medidas destinadas a la expulsión o «autodeportación» de los migrantes en Estados Unidos.
Para facilitar el proceso de deportaciones, Donald Trump invocó una ley de 1789 -conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros- para justificar las expulsiones de los migrantes venezolanos, acusándolos de ser parte del Tren de Aragua, una banda criminal transnacional que el Gobierno calificó como «terrorista».
El uso por parte del Gobierno de esta ley, invocada en el pasado en tiempos de guerra, ha provocado una ola de críticas por parte de la oposición demócrata y de expertos juristas que hablan ya de una crisis constitucional.
Pese a los cuestionamientos, el gobierno de Trump sigue adelante en su propósito de expulsar a los migrantes. Recientemente se reunió con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quien agradeció por su «ayuda» al recibir a los migrantes en el Centro de Confinamiento del Terrorismo.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.
En total, EEUU ha enviado a esta cárcel a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, acusándolos de pertenecer a la banda Tren de Aragua.
Sin embargo, según un análisis publicado la semana pasada por el portal Bloomberg, un 90 % de los más de 200 hombres que EE.UU. tiene encarcelados en el país centroamericano no tienen antecedentes penales en territorio estadounidense.
Con información de la agencia EFE
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