Bloqueos y amenazas a la defensa de derechos humanos, por Nelson Freitez
Twitter: @nefreitez
La labor de defensa de derechos humanos en Venezuela se ha convertido en un terreno minado en los últimos años. Han aumentado los bloqueos, restricciones y riesgos para su ejercicio por las personas y organizaciones que se dedican a defender derechos en el país. La materialización de tales amenazas en el año 2020 y su recrudecimiento a inicios del presente año, constituyen la profundización de una política sistemática del Estado venezolano.
Un reciente informe del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) ha documentado en el año 2020 la ocurrencia de 303 violaciones al derecho a defender derechos humanos en Venezuela, relacionadas con obstáculos e impedimentos a las labores de documentación, denuncia y acompañamiento de víctimas en el contexto del agravamiento de la emergencia humanitaria que afecta a la sociedad venezolana. Incluso, debe destacarse que según datos de esta misma organización, en enero del presente año se intensificaron tales violaciones con 99 ataques a ONG de derechos humanos y de ayuda humanitaria.
Con respecto a años anteriores —2018 y 2019— estas agresiones se han incrementado. Un informe de Cofavic, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), registró 121 eventos contra la labor de defensores de derechos, en cuya autoría participaron diversas agencias del Estado, tanto a través de sus medios de comunicación como mediante la acción de organismos de seguridad.
Entre las agresiones a la labor de defensa de derechos destacaron en tales informes, la estigmatización a través del sistema de medios masivos del Estado; la intimidación y el hostigamiento tanto a organizaciones como a defensores; amenazas, allanamientos, detenciones arbitrarias, hasta llegar a la judicialización, tal como ocurrió, comenzando el año 2021, con los cinco jóvenes de la ONG de Acción Humanitaria Azul Positivo.
Vale destacar que las agresiones que presenciamos en la actualidad son el producto de la implementación de una política de Estado que tiene como punto de partida la consideración a quienes defienden derechos humanos como «enemigos internos».
Organizaciones y personas que, dadas sus labores de sistematización de información sobre la emergencia humanitaria y sus denuncias en el país y en ámbitos internacionales, son calificadas desde el Estado y el partido de gobierno como «agentes de campañas de desprestigio» y de «promoción del bloqueo y sanciones» al país.
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Desde años anteriores se fue conformando un entramado jurídico y político que estableció un conjunto de limitaciones, riesgos y obstáculos para el pleno desarrollo de las actividades de documentación, denuncia y difusión de situaciones violatorias de los derechos humanos. Esta arquitectura represiva incluyó desde la posibilidad de ser sancionados por la recepción de fondos de la cooperación internacional (tal como estableció desde el 2012 la Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional), hasta los múltiples obstáculos que se le presentan a las organizaciones de derechos humanos para la actualización de sus registros públicos, violando su derecho a la libertad de asociación.
Basado en la doctrina del «enemigo interno», tal como lo señala el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), «…el Estado venezolano ha implementado una serie de leyes que han contribuido a restringir el espacio de trabajo para las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos», incluyendo los vigentes Decretos de Excepción y Emergencia Económica.
En palabras de Gerald Staberock, secretario general de la OMCT (Organización Mundial Contra la Tortura) «en los últimos años, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han constituido un entorno hostil para la defensa de derechos humanos. Leyes regresivas, impunidad absoluta y la estigmatización como política de Estado difundidas por los medios de comunicación públicos definen una tormenta perfecta para el derecho a defender derechos humanos en Venezuela».
En medio de esta «tormenta perfecta» se encuentra la labor de defensa de derechos humanos hoy en Venezuela.
La reciente detención, sometimiento a la jurisdicción militar y excarcelación con medidas de integrantes de la ONG Azul Positivo ha encendido las alarmas sobre hasta dónde se está dispuesto a llegar en el bloqueo de la defensa a los derechos humanos. Y también ha probado la capacidad de presión y defensa de sus derechos del movimiento nacional de organizaciones de derechos humanos y de su amplio reconocimiento internacional.
Nelson Freitez Amaro es cooperativista. Sociólogo y Doctor en Estudios del Desarrollo (Cendes-UCV).
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