Calabozos de la PNB en Boleíta se han convertido en una cárcel de facto
Según el Observatorio Venezolanos de Prisiones (OVP) este centro de detención de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, hay un espacio conocido como «el tigrito». En este calabozo no hay baños y mucho menos ventanas por donde entre un rayito sol
Aunque los calabozos policiales en Venezuela están diseñados para albergar a los detenidos por un lapso no mayor a 72 horas, pero eso es de papel, la realidad es muy distinta, son lugares en los que conviven procesados e inclusos penados, y en los que el hacinamiento se ha vuelto ley.
Esta situación ocurre en los calabozos policiales conocidos como la Zona 7, en Boleíta municipio Sucre del estado Miranda.
Según el Observatorio Venezolanos de Prisiones (OVP) este centro de detención de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, se ha convertido en «una cárcel de facto de las más terribles», donde reina la extorsión, el hacinamiento y el abandono.
En este recinto policial hay una celda conocida como “El Tigrito”, que la organización describió como el espacio «donde convergen las peores pesadillas de un ser humano». En un espacio de 4×6 metros hasta hace un mes sobrevivían 15 presos, aunque los estándares internacionales indican que cada celda de 4×4 metros debe albergar a una sola persona.
Las detenidos encerrados en ese lugar por lo general están castigados o simplemente no tienen dinero para pagar la conocida como «causa», que en las cárceles comunes es una exigencia de los llamado «pranes», pero en este caso es una exigencia de los funcionarios de la PNB para trasladar a los presos a una celda con «mejores condiciones».
En este calabozo no hay baños y mucho menos ventanas por donde entre un rayito sol, puesto que antes era un sótano donde se aglomeraban los trastes viejos. De acuerdo a lo dicho por el OVP, en este espacio los presos venezolanos son tratados como objetos que no comen, respiran y mucho menos tienen derechos.
Según investigó el equipo del OVP, a través de testimonios de los familiares y algunas fuentes internas, en “El Tigrito” hay reclusos maltratados que deben cumplir turnos para recoger las bolsas con heces que acumulan los otros presos. Por supuesto, las enfermedades infecciosas son un peligro latente para estos privados de libertad, que tampoco tienen acceso a medicamentos o atención médica.
Anteriormente la “celda de castigo” de Zona 7 era un pasillo de 6×12 metros, pero fue cambiada al sótano cuando decidieron remodelar unas oficinas para ampliar los calabozos que no se daban abasto para la cantidad de reos hacinados en este centro de detención preventiva.
Con dolor y sobretodo mucha desesperación, los familiares de estos presos aseguran que “El Tigrito” debe ser clausurado para siempre. El hedor de este sitio, donde también corren aguas negras como si se tratara de un río, describen que el olor en este espacio «es tan penetrante que les resulta casi imposible respirar, así como también deben tomar turnos para dormir y el resto del día están de pie aguantando calambres tan fuertes como si les estuvieran cortando las piernas».
El 5 de octubre de este año, OVP denunció junto a los familiares el cobro ilegal por “privilegios” para los detenidos, cuyo monto incluso aumentó desde que arrancó la cuarentena obligatoria por el covid-19. En ese momento la organización denunció una vez más que los internos deben pagar a los funcionarios de la PNB incluso para poder ver la luz del día por un precio de entre 1 y 4 dólares. “Todo depende de la capacidad que tiene la persona de palabrear al funcionario”, comentó la esposa de un recluso.
De igual manera, hace dos meses se denunció que para salir de “El Tigrito” había que pagar entre 80 y 100 dólares, y al día de hoy la situación continúa exactamente igual. Todo esto se suma a las tarifas presuntamente impuestas por los mismos policías para distribuir los insumos que llevan los familiares, tales como comida, ropa o agua potable.
“Yo vivo en otra ciudad y es muy difícil viajar todos los días para traerle comida, agua o ropa limpia, pero si no vengo mi hijo no come. A él lo tenían que trasladar pero llegó la pandemia y todo se paralizó. Nos dijeron que en unos días harán unos traslados, pero debemos pagar 50 dólares y no tengo cómo pagarles”, comentó la madre de un privado de libertad que pasó más de tres meses en “El Tigrito”.
Familiares de estos privados de libertad viven con el miedo constante de que si hablan o denuncian serán reprendidos por esto, incluso en una oportunidad se negaron a pagar por los traslados y efectivamente los dejaron castigados en este dantesco lugar donde las horas parecen meses.
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