Calabozos policiales albergan 500% más reclusos de su capacidad
Los principales problemas que existieron en estos calabozos fueron las masacres, fugas, presos de alta peligrosidad, enfermedades infectocontagiosas, muertes por hambre y hacinamiento
La organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad ofreció este martes el balance de la situación de los derechos humanos en los centros de detención preventiva durante los primeros seis meses del 2019. El estudio se enfocó en 15 estados y, específicamente, en 203 calabozos policiales.
Los estados en los que se basó el estudio fueron Distrito Capital, Miranda, Vargas, Zulia, Lara, Bolívar, Carabobo, Falcón, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Guárico, Aragua, Anzoátegui y Táchira.
Las cifras revelan que en toda Venezuela existen más o menos 110.000 presos, de los cuales 60.000 estarían en calabozos policiales. Este número es un estimado debido a la inexistencia de cifras oficiales por parte del Estado. Para los investigadores, estos datos demuestran que los calabozos son las nuevas cárceles del país, a pesar de que están diseñados solo para albergar a los detenidos por 48 horas como máximo.
“En los 203 centros de detención preventiva monitoreados el cupo es de 3.734 personas, pero había 19.028 detenidos. Estas personas se quedaron sin la condición de ser humano, y por tanto, no tienen ningún derecho”, especificó la psicóloga social y también criminóloga Magally Huggins
Los principales problema que se evidenciaron en los calabozos policiales entre los meses de enero a junio de 2019 fueron las masacres, dadas por el uso de armas de guerra y granadas por parte de pranes; fugas porque son lugares con infraestructuras inadecuadas para tener a personas detenidas por mucho tiempo; presos de alta peligrosidad con presos comunes; enfermedades infectocontagiosas, muertes por inanición y hacinamiento, «que es una violación flagrante a los derechos humanos», dice Huggins.
Hacinamiento en cifras
Las cifras exactas de los 203 calabozos policiales monitoreados revelan que del total de detenidos, 1.369 eran mujeres, de las cuales 575 (42%) estaban en el estado Zulia. En Mérida dos estaban embarazadas y seis lo estaban en Anzoátegui. El segundo lugar se encuentra Distrito Capital con 289 mujeres presas en calabozos policiales (23%). Una Ventana a la Libertad no pudo recabar información sobre las mujeres indígenas detenidas en el Zulia.
El número de hombres presos en los centros de detención preventivos en el primer semestre de 2019 fue de 17.659 en todo el país; de estos, 3.729 (21%) están detenidos en Zulia. Dentro de ellos, 340 pertenecen a la población indígena y conforman 9% de los detenidos del estado.
De todos estos hombres presos, cuatro hombres pertenecen a la comunidad LGBTI. Hay 17 con discapacidad motora y uno con discapacidad auditiva. Del total de los 15 estados, 69 son adolescentes entre los 14 y los 18 años de edad.
Magally Huggins explica que en muchos de estos calabozos policiales no existen áreas para mujeres y cuando las hay, son pequeñas y sin las condiciones adecuadas para ellas. Igualmente, explicó que del total de presos en estos calabozos, 4.903 están en condición de procesados por largo tiempo y 1.610 ya están sentenciados y aún se encuentran en los centros de detención preventiva.
Reclusos mueren por enfermedades curables
El informe de Una Ventana a la Libertad devela que en los calabozos policiales existe un alto número de muertes por enfermedades que podrían curarse, ello debido a la inexistencia de equipos y personal para atender este tipo de emergencias. «La mayoría de los calabozos monitoreados mantienen restricciones a servicios de salud en 100% en estados como Monagas y Nueva Esparta, 69% en Anzoátegui, 62% en Lara y más de 50% en Zulia y Mérida», aseguró la psicóloga social Magally Huggins.
Los familiares denuncian que los detenidos no reciben atención médica inmediata ni cuando están graves de salud. Además de que en estos sitios existen enfermedades infectocontagiosas como tuberculosis, que está presente en casi todos los calabozos estudiados; escabiosis (sarna), paludismo, dengue, diarrea, abscesos, brotes de piojos y enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes.
Huggins afirmó que consiguieron un solo caso de VIH (sin especificar en cuál estado), y en Bolívar se reportó la presencia de desnutrición.
Vivir en compañía de la muerte
Durante los primeros seis meses del año, 119 detenidos fallecieron en calabozos policiales (sin contar los muertos de la fuga de Acarigua). Para Huggins los presos de estos recintos viven en compañía de la muerte, ya sea por enfermedades, torturas, violaciones o fugas. Sin embargo, la primera causa de muerte es «desconocida»; es decir, las fuentes consultas no tenían información exacta de la muerte en 38% de estos centros.
La segunda causa de muerte que se reportó de enero a junio de 2019 fue la producida por fuga, ya sea en el intento frustrado o en el momento de la fuga exitosa. La tercera causa fueron las golpizas, motín y otros enfrentamientos entre reclusos.
En cuarto lugar se conocieron 20 muertes por enfermedades, siendo las más comunes la tuberculosis y el paludismo. Además, se conocieron 14 muertes por abusos de funcionarios policiales.
Varela obstaculiza los traslados
El criminólogo Luis Izquiel, quien formó parte de la investigación de la ONG, aseguró que desde la gestión de Iris Varela frente al Ministerio de Servicios Penitenciarios, “se han obstaculizado los traslados desde los calabozos policiales hasta las cárceles formales”. El experto dice que, aunque se desconocen las causas reales, presumen que sea para deslastrarse del problema de las cárceles.
Izquiel afirma que la situación en los centros de detención preventiva ha llevado a que en las calles hayan menos funcionarios policiales “porque se destinan a la custodia de esos detenidos y también deben ocuparse de los traslados”; a pesar de no estar capacitados para esta labor porque su formación no es para penitenciarista.
Dos sistemas penitenciarios
Por su parte, el criminólogo Fermín Mármol afirma que en Venezuela existen dos sistemas penitenciarios: el que han decidido admitir el Gobierno y el otro que son las cárceles policiales que no son reconocidas por el ministerio; sino que dicen es un problema del director de la policía, del alcalde o del gobernador.
Asimismo, Mármol sostiene que “las cárceles venezolanas, en especial los calabozos, son depósitos humanos, donde hay personas sin baños, sin agua, sin comedor, sin canchas deportivas y sin servicio médico”.
Para Fermín Mármol, los 60.000 presos que existen en los calabozos policiales “son huérfanos, porque ni los quiere en Ministerio de Servicio Penitenciario, ni los quiere ninguna otra institución que represente los DDHH desde el Estado”.
