Caldo morao, por Teodoro Petkoff
El gobierno está haciendo añicos todo el sistema judicial venezolano. La semana pasada, por enésima vez, fue destituida una jueza, María Mercedes Prado, porque dictó una sentencia que el gobierno no había autorizado. Así es la cosa ahora: los jueces sólo pueden fallar, sobre todo en casos de connotación política, según la seña que les dé el oficialismo.
Ayer, esta jueza intentó explicar su caso, ante los medios, en la Sala de Prensa del TSJ. No pudo. La luz fue cortada y entre la Guardia Nacional, los alguaciles y los vigilantes privados fue expulsada del salón, y a empellones fueron sacados los periodistas, camarógrafos y fotógrafos. La Sala de Prensa fue clausurada indefinidamente.
¿Qué iba a decir la jueza? Que de acuerdo con el COPP no tenía más remedio que dictar la libertad condicional de uno de los detenidos por el caso de las bombas en los consulados de España y Colombia debido a que durante dos años el fiscal encargado de acusar, Gilberto Landaeta, no lo había hecho. Habría señalado, pues, la negligencia del fiscal y, por extensión, la de la Fiscalía en su conjunto. Violentamente se le negó el derecho a expresar su criterio, mediante un procedimiento sólo explicable por la espesa y hedionda atmósfera de autoritarismo y atropello a los derechos ciudadanos que hoy envuelve al país. La magistrada del TSJ que ordenó esa barrabasada actuó así porque se cree guapa pero, sobre todo, porque se sabe apoyada. Porque sabe que ese es el estilo oficial.
Una típica matonería. Nadie en el TSJ fue capaz de llamarle la atención porque los matones, a veces, logran crear un clima de intimidación en su entorno.
Mientras esta jueza era destituida, a otra se le encargaba de la causa Anderson. Apenas tres horas después dictó los autos de detención. Todo un prodigio de lectura veloz, porque el expediente tiene centenares de folios. Un malpensado podría especular, sin embargo, que conociendo la nueva jueza la suerte corrida por la doctora Prado (y otros antes que ella, por las mismas sinrazones), “prudentemente” haya optado por curarse en salud, haciendo lo que se le pedía, sin detenerse demasiado en averiguaciones. De hecho, al preguntársele por las evidencias que sustancian el caso, además de las dos señaladas por Isaías, “reveló” dos más: una, que hubo un muerto; otra, que se llamaba, Danilo Anderson. Si así son las otras ocho (Isaías habló de doce), luce cuesta arriba que la Fiscalía pueda convencer de que realmente tiene un caso.
El sistema judicial y la Fiscalía no sólo deben ser honestos sino que deben parecerlo. Hasta ahora son muchas las inconsistencias observadas y muchas también las interrogantes que suscita lo actuado. Tal como van las cosas, la respetabilidad y credibilidad de la Fiscalía, que el propio Isaías ha cuestionado en sus inefables memorandos internos, están en entredicho. La sospecha de que pudiéramos estar ante un montaje con finalidades políticas se está instalando en la opinión pública. Y la entrevista de Isaías en el canal 8 no hace nada por disipar esa sospecha; al contrario, la acentúa.
