Califican de ilegal e ilusorio entrega de minas de oro a las gobernaciones
El gremio que agrupa al sector metalúrgico y minero sostiene que este tipo de medidas permitirá que el Ejecutivo disponga de recursos con mayor opacidad y sin control efectivo
La Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos rechaza la decisión tomada por Nicolás Maduro de otorgar minas de oro a las gobernaciones del país. Califican la medida de ilegal e impracticable, además de afectar la seguridad y el ambiente.
«Hacemos del conocimiento público el total rechazo a esta medida por ser inconstitucional, ilegal, ilusorio e impracticable como ha resultado el derogado por la AN decreto 2248 de la zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco del 2016. La mención se anuncia sin la aprobación de la Asamblea Nacional, sin especificar cómo las gobernaciones ejercerán la gerencia de aspectos obligatorios en materia de procesos o tecnologías industriales en actividades de explotación y refinación propias de las minas de oro, protección a los pueblos indígenas presentes, seguridad y protección ambiental», indicó la asociación en un comunicado.
El pasado 15 de octubre, Maduro ordenó abrir una «nueva fuente de recursos», mediante una nueva modalidad que consiste en la entrega de una mina de oro productiva a cada gobernación, para obtener directamente en divisas convertibles las ganancias de la producción minera. «El oro llega a las regiones directamente. El que lo haga mejor, recibirá su premio de nuevas minas y áreas productivas«, afirmó el mandatario.
Sostiene el gremio que este tipo de medidas lo que persigue es permitir al Ejecutivo disponer de recursos con la mayor opacidad y sin control efectivo, eludir las sanciones que a nivel internacional se le han impuesto a personeros y entes gubernamentales y generar mayor confusión.
«Esto traerá como consecuencia más corrupción y degradación del medio ambiente, circunstancias que han caracterizado la política minera gubernamental en los últimos años, muy alejada al beneficio del pueblo. Una acción meramente declarativa y proselitista. Por todas estas circunstancias se rechaza esta nueva política de desarrollo minero y hace un llamado a los gobernadores de estado a no ser parte de estas contrataciones formuladas por el ejecutivo nacional. Además corren el riesgo de ser corresponsables de daños ambientales y delitos de lesa humanidad ocasionados por esas asignaciones», se acota en la misiva.
El gremio afirmó que una propuesta de esta naturaleza e importancia requiere de un marco legal y programa especial de entrega de activos a gobernaciones, lo cual no está contemplado, así como las ejecutorias del uso de estos ingresos públicos proveniente de estas explotaciones que también requerirán del control público nacional.
«Esto es nuevamente, un anuncio improvisado, efectista e imaginario para seguir ganando tiempo en la espera de algún milagro japonés», señala la asociación
