Cámara de Comercio de Caracas se solidariza con empresarios nicaragüenses
La Cámara de Comercio de Caracas manifestó, en un comunicado divulgado este jueves 9 de marzo, que existe «una preocupante coincidencia temporal, razones argumentadas de procedencia de vía de hecho y abusos de las funciones administrativas» en el caso de la actuación de Nicaragua contra el gremio empresarial y la amenaza que desde la AN en Venezuela se hace con el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Funcionamiento de las ONG
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas se solidarizó con el Consejo Superior de las Empresas Privadas (Cosep) de Nicaragua y las instituciones que la conforman, «muy especialmente, con sus instituciones hermanas la Cámara de Comercio y Servicios y la Cámara de Industria de Nicaragua», por el desconocimiento y violación de sus derechos. Exigen que «se proceda al reconocimiento de sus derechos subjetivos consolidados en el tiempo en cuanto a su existencia y atribución de personalidad jurídica».
El documento fue divulgado este jueves 9 de marzo y está firmado por Leonardo Palacios Márquez como presidente de la Cámara de Comercio y Diego Romero Rodríguez, vicepresidente..
El lunes 6 de marzo se conoció que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló la personería jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y de 18 cámaras del sector privado por supuesto incumplimiento de sus obligaciones conforme la ley, ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, del Ministerio de Gobernación; todos bajo el control del presidente.
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El gremio de comerciantes de Caracas manifestó que existe una «preocupante coincidencia temporal, razones argumentadas de procedencia de vía de hecho y abusos de las funciones administrativas» en la actuación del gobierno de Ortega con el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Funcionamiento de las ONG que aprobó en primera discusión la Asamblea Nacional en Venezuela en enero.
«El Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Funcionamiento de las ONG, de ser aprobado, constituye expresiones inaceptables y auspiciantes de actuaciones y vías de hecho, como las verificadas en Nicaragua contra la instituciones representativas de la sociedad civil no gubernamental, no solo contra la institucionalidad empresarial histórica, legitima y con reconocimiento, nacional e internacional, incluso, por el gobierno de Venezuela, sino también contra todos los sectores e instituciones no gubernamentales, constituidas y con derechos subjetivos consolidados e incardinados dentro de la consagratoria constitucional, que se dedican a realizar actividades de índole diversa en beneficio de los ciudadanos», dice el escrito.
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Por ello, la Cámara de Comercio de Caracas exhorta a la AN que domina el PSUV a «no continuar con el procedimiento constitutivo de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), aprobado en primera discusión en fecha 21 de enero de 2023, pues el mismo comporta una transgresión de los derechos fundamentales y un óbice importante para consolidar los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común y la convivencia para esta y las futuras generaciones, tal como lo establece el Preámbulo de la Constitución».
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El presidente de Cosep, Michael Healy, su vicepresidente Álvaro Vargas y el expresidente José Adán Aguerri forman parte de los 222 presos políticos desterrados el pasado 9 de febrero de este año, acogidos por.
