Caos integral, por Gregorio Salazar
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Respetables organizaciones nacionales e internacionales han presentado esta semana los resultados de sus respectivas investigaciones con nuevos balances sobre las ejecutorias del régimen venezolano en lo económico, lo político, lo social y los derechos humanos en el período más reciente. Sobra decirlo, los resultados sobrepasan todos los extremos de la emergencia y la preocupación colectiva.
La crisis desintegradora que estos informes reflejan no es ciertamente una novedad, especialmente para los venezolanos a los que la cruda cotidianidad le arranca jirones de su existencia, pero resulta alarmante que todavía Venezuela siga hundiéndose todavía más en todos los órdenes y alejándose de los estándares de condiciones de vida de casi todos los países de la región, con excepción de Haití y Cuba, cuyos ciudadanos nos acompañan en esa caída en barrena hacia la precariedad.
Entre estos trabajos destaca la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), que desde hace diez años viene llenando el vacío del Estado sobre información pública oportuna que, como ellos mismos señalan, «permita conocer la realidad social del país y orientarse las estrategias adecuadas en materia de política y programas sociales en el contexto de una prolongada recesión económica y una aguda conflictividad política e institucional».
Algunos datos relevantes: para el primer semestre del año pasado: siete de cada diez hogares (73,2%) se encontraban en situación de pobreza de ingresos, que aún cuando representó una reducción de 9, 6% respecto de 2023, hoy día probablemente vuelva a tener un repunte negativo dada la nueva escalada inflacionaria y lo mismo para otros registros de ese período.
El 56,5 % de los hogares sigue afectado por pobreza multidimensional. La percepción de inseguridad alimentaria alcanzaba al 78, 1 % de los consultados. El 41,1 % reportó haberse quedado sin alimentos. Y si bien la situación de pobreza extrema bajó de 50,5 % a 36,5 tras la estabilización de la inflación y un moderado crecimiento económico, los investigadores advierten que por la nueva coyuntura institucional del país se puede producir «un schock negativo de ingresos». Ya esa etapa se percibe.
Acaba de conocerse también el informe anual del 2024 de la ONG Acceso a la Justicia, en el cual se revela que en el último año «se intensificó el uso de inhabilitaciones masivas, leyes represivas y procesos judiciales arbitrarios para eliminar cualquier forma de disidencia, mientras se consolidaba un sistema electoral carente de garantías mínimas que sepultó los últimos vestigios de pluralidad política en el país». El amplio estudio concluye en que se ha producido «el colapso definitivo de la fachada democrática en Venezuela».
La organización mundial Human Rights Watch (HRW) dio a conocer esta semana un informe producto de 101 entrevistas a víctimas y sus familias, testigos, defensores de derechos humanos, periodistas y diversas fuentes que a su juicio aportaron «información creíble» sobre la implicación de las fuerzas de seguridad del Estado y paramilitares afines al gobierno venezolano en asesinatos –25 se produjeron tras el robo electoral del 28-J–, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias».
La tristemente célebre Operación Tuntún, copiada hasta en su denominación de origen del régimen cubano, es señalada como «un esfuerzo por intimidar, acosar y reprimir a críticos y manifestantes en todo el país, especialmente en áreas de bajos ingresos».
Por su parte, la organización venezolana Provea en su informe del 2024 afirma que «con el desconocimiento de los anhelos de cambio expresados en las elecciones del 28 de julio y la represión a las protestas populares se socavó definitivamente la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho». Además, la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) mantiene al 86,5 % de la población en la pobreza.
Difícil imaginar cuanto más se podrá agudizar la situación de la familia venezolana en la preocupante coyuntura que se avecina. Elementalmente, ¿cómo se puede abordar? Todo indica que sin un gran acuerdo nacional para líneas macros de actuación en las que sea prelación la vigencia del Estado de Derecho, será imposible que el país reinicie la ruta hacia el rescate integral de las condiciones de vida para sus ciudadanos.
Y difícil sobre todo cuando frente a esta realidad que angustia y conmueve, Nicolás Maduro, ya con 13 años de descalabros en el poder, se ufana de estar viviendo su «mejor momento político».
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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