Caracas y Miranda con más ejecuciones extrajudiciales en el primer semestre del 2020
Miranda fue la que tuvo mayor cantidad de violaciones al derecho a la vida siendo el municipio Sucre el que concentró el mayor número de ejecuciones extrajudiciales con 28
De acuerdo con un trabajo realizado por el Centro Gumilla y el Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea), durante los primeros seis meses del año más de 200 personas perdieron la vida en ejecuciones extrajudiciales.
Según los organismos, 129 de ellas fueron localizadas en el estado Miranda y 72 en el Distrito Capital.
En la mayoría de los casos, la versión oficial estableció que dichas personas habrían fallecido luego de enfrentarse a los cuerpos de seguridad del Estado, “de esta manera pasaron a formar parte de las estadísticas oficiales definidas como muertes por resistencia a la autoridad”, uno de los modos en que el régimen de Nicolás Maduro presenta públicamente las violaciones al derecho a la vida.
La investigación señaló que en el caso del Distrito Capital, de los 72 fallecidos por violencia policial, en 37 de ellos los familiares o vecinos de las víctimas denunciaron que las personas habrían sido detenidas y posteriormente asesinadas.
El informe de Provea y Gumilla indicó que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue responsable de 56 casos (43%) en el estado Miranda, mientras que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y su componente Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) se situó en el segundo lugar con 49 (38%), le siguen las actuaciones conjuntas entre el Cicpc y PNB-FAES con 12 (9%), además de las policías de los municipios Baruta con 5 (4%), Independencia con 3 (2%), Cristóbal Rojas con 2 (2%) Los Salias con 1 (1%) y Sucre 1 (1%).
“Las víctimas de la violencia institucional del Estado siguen siendo personas jóvenes. Vivir en una zona popular, ser hombre y tener una edad entre 18 y 30 años te convierte en una víctima potencial en los operativos de los organismos de seguridad”, señalaron las organizaciones que realizaron dicha investigación, quienes agregaron que los operativos de los cuerpos de seguridad del Estado son realizados en altas horas de la noche y sin orden judicial.
“Efectivos policiales se presentan con capuchas, sin identificación visible de sus nombres, como lo establece la ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, conforme al artículo 66”, expresaron.
De las dos entidades, Miranda fue mayor cantidad de violaciones al derecho a la vida tuvo, siendo el municipio Sucre el más afectado con 28 ejecuciones extrajudiciales.
Organizaciones detallaron que Enero, febrero, abril y mayo fueron los meses más letales de los cuerpos de seguridad, mientras que los días lunes, martes, miércoles y viernes concentraron la mayor cantidad de fallecidos en operativos realizados.
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De la misma manera, destacaron que la alta letalidad con la que actúan los cuerpos policiales es contraria a la Constitución, la cual establece que el “derecho a la vida es inviolable y ninguna autoridad puede aplicar la pena de muerte”, un hecho que viene ocurriendo a diario en todo el territorio nacional.
Se pudo conocer con mayor detalle las circunstancias en las cuales ocurrieron 81 ejecuciones extrajudiciales de 201 entre Miranda y Distrito Capital, identificando patrones de actuación y posibles causas de las muertes.
La violencia policial y militar sigue presente en las barriadas afectando a los menos favorecidos, esto en un contexto de Emergencia Humanitaria Compleja de instalación lenta que se agravó aún más con la llegada del Coronavirus al país en marzo, aumentando los riesgos a la integridad física y vida de las personas de escasos recursos económicos.
Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han realizado varias recomendaciones de medidas y políticas públicas que deben ser implementadas con el fin de mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela; sin embargo, la administración de Maduro ha desoído, las recomendaciones realizadas por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
