Carlos Pino: un viejo amigo de las FARC expulsado por Colombia
Las actividades profesionales de Pino no están claras, pues aunque Venezuela lo muestra como funcionario diplomático, no está acreditado como tal ante la Cancillería colombiana
Muchas son las interrogantes que han salido a la luz luego de la expulsión del venezolano Carlos Pino García por parte de las autoridades colombianas, luego que se comprobara su vinculación con actividades contrarias al orden institucional en el ese país.
En una somera investigación se pudo comprobar que no es la primera vez que Pino García tiene problemas con las autoridades colombianas, lo que hace deducir que su relación con los círculos de poder en Caracas son bastante estrechos.
De acuerdo con una nota del diario bogotano El Tiempo, el venezolano casado con la exsecretaria de gobierno de Bogotá durante la gestión de Gustavo Petro en la alcaldía capitalina tiene viejos vínculos con los sectores opositores neogranadinos, que van más allá de sus nupcias con Gloria Inés Florez.
De hecho, sus actividades profesionales no están claras, pues aunque Venezuela lo muestra como funcionario diplomático en realidad no está acreditado como tal ante la Cancillería colombiana, por lo que carece de inmunidad y pasaporte diplomático.
Es más, sus escarceos con las autoridades del vecino país son de vieja data y vienen de 1999, cuando estuvo involucrado en una primera orden de expulsión por su supuesta relación con la guerrilla colombiana, al parecer actuando entonces como cercano al gobierno del fallecido Hugo Chávez.
Según El Tiempo, el 26 de mayo de 1999, una operación del Ejército en las selvas del Vichada dio con la baja de Josué Elíseo Prieto, alias Esteban González, quien era considerado el ‘Ministro de Hacienda’ de las FARC.
Prieto se encontraban cuatro ciudadanos venezolanos, quienes presuntamente estuvieron vinculados a la guerrilla colombiana: Carlos Manuel Pino García, Pedro Guzmán Tambor, Miguel Salazar Hernández y Carlos Félix Zambrano.
En su momento, el Gobierno venezolano exigió la deportación inmediata de los ciudadanos. Caracas sostuvo que los cuatro detenido no se conocían entre sí y que dos de ellos estaban realizando investigaciones universitarias. Para esa fecha, Pino García tenía 44 años y era empleado de la Universidad Central de Venezuela.
La Cancillería venezolana incluso acusó a Colombia de maltrato físico y sicológico de los detenidos, quienes supuestamente fueron golpeados y amenazados de muerte.
Tras su investigación, la Fiscalía concluyó que los cuatro venezolanos detenidos eran colaboradores de las FARC y que había pruebas suficientes para enjuiciarlos por el delito de rebelión. Pino sostuvo en su defensa que estaba en el sitio averiguando cómo era el lugar porque estaba interesado en desarrollo turístico.
Resultó más que sospechoso que un extranjero quisiera montar un negocio relacionado con turismo en una intricada zona selvática que, además, era feudo de la guerrilla.
No obstante el empeño de las autoridades colombianas, la información demandada a Venezuela nunca llegó, por lo que tras un año de que iniciara la investigación y en apego a las leyes de ese país, los investigados quedaron en libertad condicional tras el pago de una causión.
Posteriormente, Pino se casó con Florez, política de izquierda ligada a guerrilla, quein años después apoyaría al exguerrillero Gustavo Petro en su carrera política al punto de nombrarla Secretaria de Gobierno durante su gestión en la alcaldía bogotana.
Sin mayores rastros sobre su trayectoria política durante los últimos 18 años, Pino García apareció años después como supuesto asesor de la oficina diplomática venezolana en Bogotá.
Más recientemente, el nombre del presunto asesor salió a colación a raíz de la expulsión de 17 personas de los campamentos de refugiados para venezolanos, varios de ellos acusados de ser «patriotas cooperantes» del gobierno de Nicolás Maduro; lo cual fue corroborado por algunos de los propios refugiados.