Carlos Prosperi dice que agresión de colectivos es un crimen de lesa humanidad

Los parlamentarios Carlos Prosperi y Delsa Solórzano saludaron la decisión del Parlamento Europeo en respaldar a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela

El diputado Carlos Prosperi, designado como jefe de fracción de la bancada opositora, reiteró este jueves la denuncia sobre la agresión que recibió un grupo de parlamentarios cuando intentaron ingresar al Palacio Federal Legislativo y fueron agredidos por grupos civiles armados y recordó que la militarización de las inmediaciones del parlamento «no es una novedad».

Indicó que la «comisión verificadora» enviada este miércoles al Capitolio, compuesta por él, Carlos Berrizbeitia, Delsa Solórzano y Angelo Palmieri, viajaron en el vehículo que usa el presidente de la AN, Juan Guaidó, y relató que pasaron varios puntos de control hasta que llegaron cerca de las inmediaciones del Banco de Venezuela, se abrió el piquete dispuesto y «bajo la mirada complaciente» de los cuerpos de seguridad del Estado, los civiles armados perpetraron las acciones, que calificó como crímenes de lesa humanidad.

Reveló que acudirán a instancias internacionales correspondientes para denunciar lo ocurrido, mientras que celebró el pronunciamiento de la Unión Interparlamentaria y del Parlamento Europeo, instancia que reconoció a Guaidó como presidente interino de Venezuela.

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Aseveró que este martes se convocará nuevamente una sesión en el Capitolio. «Insistiremos en sesionar en el Palacio. Pero si creen que militarizando y secuestrando y poniendo paramilitares no vamos a sesionar, están equivocados. La Asamblea Nacional seguirá sesionando. No está representada por un espacio físico, sino en los millones de venezolanos» que los eligieron como sus representantes legislativos.

Insistió en que la única directiva de la Asamblea Nacional es la que lidera Juan Guaidó y considera que lo ocurrido desde el 5 de enero es para evitar el funcionamiento del parlamento.

Manifestó su solidaridad con los diputados pertenecientes a la fracción de Primero Justicia, quienes denunciaron que existe un intento de secuestrar la tarjeta de la tolda aurinegra por parte de unos legisladores y con la anuencia del Tribunal Supremo de Justicia. Agregó al respecto que es una «arremetida contra las diferentes organizaciones políticas. Primero Justicia no está representado en sus letras, sino en muchos hombres y mujeres».

Por su parte, la diputada Delsa Solórzano calificó de «cómplice» al fiscal designado por la impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab, de permitir este tipo de acciones en contra de diputados por parte de los colectivos y de «amparar a los usurpadores»

Se refirió a las imágenes en donde sale el conductor del programa Zurda Konducta Oswaldo Rivero, conocido por el alias de «Cabeza e’ mango», quien fue retratado en una foto con un hombre que empuñaba una pistola contra otro sujeto bajo la mirada de un funcionario policial. Al respecto, dijo que Rivero «no es periodista y no puede ser llamado reportero».

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Describió que el día en cuestión estaban presentes efectivos de todos los cuerpos de seguridad como la Dgcim, Sebin, Cicpc, Guardia Nacional, PNB y el mismo Ejército. «Ayer pusieron de aderezo los colectivos», que según acusó, actuaron bajo la mirada de estos agentes sin que ellos hicieran algo por evitar el ataque.

Sin embargo, subrayó que las declaraciones que ofreciera «Mango» por las redes sociales, en las que asegura que son funcionarios que iban de civiles, «es reconocer que algunos son colectivos» y recordó que en el caso de la «masacre de El Junquito», donde el expiloto del Cicpc, Óscar Pérez y su grupo fueron asesinados, había presencia de colectivos y una prueba de ello fue la muerte de Heyker Vásquez, quien tenía un uniforme de la PNB en el momento de su fallecimiento.

Agregó que en la resolución del Parlamento Europeo también se pidió que se reconozcan a los representantes de Guaidó como diplomáticos de Venezuela, mientras que se refirió al presidente de la impuesta asamblea constituyente, Diosdado Cabello, al responder que es el pueblo quién decide el ingreso al Palacio Federal Legislativo y no a él.