Cartas y fotos no llenan el vacío de los desaparecidos en el bote «Jhonaily José»
Entre abril, mayo y junio de 2019 se perdieron en altamar tres embarcaciones que llevaban más de 90 personas en total. Dos de ellas zarparon, con 23 días de diferencia, desde Güiria rumbo a Trinidad y Tobago. Al «Jhonaily José» se le perdió el rastro el 23 de abril. Los familiares están convencidos de que el caso se vincula con el tráfico humano y ya se cumplen tres años de total impunidad, ante la poca diligencia del fiscal general Tarek William Saab y las demás autoridades del gobierno de Nicolás Maduro
«Tu hija se ahogó», es el anuncio sin titubeo que una voz desconocida da al teléfono. No da tiempo de responder porque cuelgan la llamada. Te falta el aire y por más que intentas inhalar no puedes, sientes que todo tu cuerpo se detuvo. Apenas reacciones comenzarás a buscar respuestas ante organismos de seguridad, pero solo recibirás muecas de desinterés, amenazas y amedrentamiento. La falta de aire vuelve entre minutos, horas, días, semanas y años acompañada por el mar de dudas de no saber cuál es la verdad, porque nunca apareció un cuerpo que certificara o desmintiera aquella noticia.
Esta es la historia de Ana Arias, madre de Luisannys Betancourt, desaparecida en 2019, cuando apenas tenía 15 años.
Entre abril, mayo y junio se perdieron en altamar tres embarcaciones. Dos zarparon desde Güiria, un pueblo ubicado en el estado Sucre, al oriente de Venezuela, en los botes «Jhonaily José» (23 de abril) y «Ana María» (16 de mayo) y un peñero en las costas del estado Falcón (7 de junio. Bote sin nombre). Por estos hechos más de 90 personas desaparecieron.
Las primeras 38 personas zarparon en el «Jhonaily José» el 23 de abril para arribar a Trinidad y Tobago, sin embargo, nunca llegaron. Solo nueve personas lograron retornar a Venezuela. Los otros 28 permanecen en paradero desconocido. Los sobrevivientes guardan silencio sobre lo ocurrido.
Los familiares de los desaparecidos están convencidos de que el caso se vincula con el tráfico humano. De la desaparición del Jhonaily José ya se cumplen tres años de total impunidad ante la poca diligencia del fiscal general Tarek William Saab y las demás autoridades del gobierno de Nicolás Maduro. Insisten en dar al traste con las hipótesis y versiones dadas por las autoridades de que la embarcación zozobró. Por el contrario, afirman a TalCual que el único naufragio es al que han ido a parar sus denuncias.
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En el peñero «Jhonaily José» iba Luisannys Betancourt, que no había regresado a su casa desde el 15 de abril, cuando salió en bata de dormir y sin documentos con dos jóvenes de su edad que fueron a buscarla avanzada la noche. Pese a denuncias de Arias ante el Comando Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional (GN) de su desaparición, nunca se hizo nada. Solo le dijeron «espere 72 horas que su hija está de rumba».
Ana Arias/ Foto: Daniel Hernández
26.280 horas después
Las 72 horas ya pasaron. Para ser más precisos han transcurrido 36 meses, 1.095 días y alrededor de 26.280 horas. Ana Arias aún espera a su hija y una actuación diligente del Estado.
Arias es costurera. Está sentada frente a su máquina de coser en su casa, ubicada en Cumaná, capital del estado Sucre. Frente a ella una foto de Luisannys.
«Mi casa no es tan grande y las fotos están por donde siempre paso. Aquí tengo una y cada vez que la veo la bendigo, la miro, y le pregunto: ‘¿dónde estás?’, ‘¿por qué no sé nada de ti?’”, dice con la voz quebrada.
Así es su día a día, pasando segundo a segundo de la incertidumbre al miedo.
La actuación de las autoridades en el caso ha sido casi imperceptible, por no decir incompetente. Al cierre de 2019, el comité de familiares de los desaparecidos protestó ante el Ministerio Público para exigir al Estado acciones para esclarecer el caso. Sin embargo, la respuesta del organismo fue confusa: solo les dijeron que la investigación «avanzaba», pero no dieron mayores detalles a los parientes.
El día de la protesta, los familiares se dirigieron a la sede de Interpol, en Caracas. En el organismo fueron notificados de que la Fiscalía no había compartido la información de la desaparición de la primera embarcación y, por esta razón, aún no se había activado la alerta amarilla para los desaparecidos, y la alerta roja para los presuntos responsables de la desaparición del bote «Jhonaily José».
El 20 de febrero del 2020, los parientes volvieron a protestar para exigir respuestas a las autoridades. En ese momento funcionarios del Ministerio Público prometieron que serían designados nuevos funcionarios para investigar los casos, por lo que tendrían que volver a proporcionar datos, los mismos que habían repetido una y otra vez.
En diciembre de 2020 fue que el fiscal designado por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, reconoció la existencia de bandas dedicadas a la trata y al trafico personas desde Güiria, estado Sucre (un año y ocho meses después de la desaparición del Jhonaily José); ello luego de un naufragio ocurrido entre las costas de esa localidad sucrense y Trinidad y Tobago en el que murieron ahogadas más de 30 personas.
Al cierre del 2021 la manifestación se repitió. Los familiares denunciaron que las promesas del MP nunca se cumplieron y que el caso solo ha quedado en una lista de nombres.
«Y pensar que este día pudieron haber rescatado a mi hija cuando denuncié su desaparición. No estuviera pasando por esto. Pido fuerzas a Dios para seguir buscando. Que me permita verla y lo demás lo dejo en sus manos», comenta Ana al recordar el «peloteo» de los organismos de gobierno.
Todo apunta a la trata de personas. El 18 de abril del 2019 a las 4 de la tarde Ana Arias pudo hablar con Luisannys. Recibió un llamada de un número desconocido. Era su hija exclamándole que quería irse de dónde estaba. Luego de colgar, a través de mensajes de texto, le dijo que para que la pudieran dejar ir debía darles a las personas que la tenían privada de su libertad 200 dólares. La llamada no se repitió. Los mensajes tampoco.
A tres años de ese abril, la habitación de Luisannys Betancourt está intacta. Es el lugar al que Ana acude para sentir que su hija está con ellos. Así en todo este tiempo, al menos una vez al día, puede que vaya a la entrada de su hogar, «pequeño y de tres habitaciones» con la esperanza de verla llegar o que alguien le grite: «Encontraron a tu hija».
Trama más allá del Jhonaily José
Otro de los indicios que revela parte de un modus operandi de mafias de trata y tráfico de personas es la cantidad de mujeres que van en las embarcaciones desaparecidas.
De los 38 pasajeros que abordaron la embarcación «Jhonaili José», 29 eran mujeres, parte de un perfil que caracteriza estos casos. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, 7 de cada 10 víctimas de trata son niñas y mujeres.
En el caso venezolano la estadística es un subregistro que hace aún más vulnerable a la población debido al contexto migratorio. Carmen Mercedes González, directora de la Oficina Nacional contra la delincuencia organizada del Ministerio de Interior y Justicia, explicó en 2019 que solo pueden contabilizar los datos que llegan como denuncias formales ante los cuerpos de seguridad.
Aunque no da cifras totales, pone en contexto que entre 2017 y 2018 los casos de trata aumentaron 25%. Detalló en ese entonces que el número de niños, niñas y adolescentes involucrados también repuntó: 12% en un año, y solo se refiere a los casos que llevan a cabo todo el proceso de denuncia. Apenas una punta de todos los casos que se hunden en la oscuridad del mar.
El relato de Ana da cuentas que Betancourt habría salido de su casa a Güiria. No sabe si inicialmente tenía intenciones de zarpar a Trinidad.
La carta después de lo del «Jhonaily José»
Yeukarys Sifontes también desapareció tras zarpar en el mismo bote que Luisannys. Ella sí avisó a su madre, Eukarys Alcalá, lo que haría, aunque en una carta que pidió a una vecina se la entregara luego de que el bote zarpara.
Eukarys Alcalá, madre de Yeukarys Sifontes, al igual que Ana Arias, lleva estos tres años en incertidumbre y asumiendo la crianza de su nieto, el hijo de la joven, también desaparecida en el «Jhonaily José».
Entre sus cosas aún guarda la carta en la que Sifontes contaba que se iba a Trinidad para trabajar por un mejor sueldo y mejorar las condiciones de vida de la familia.
«Mami me duele dejarte a ti y al niño (su hijo) pero voy a trabajar», es parte de lo que se lee en la nota manuscrita. La joven se marchó huyendo de la crisis humanitaria compleja que azota a Venezuela y que ha sido especialmente dura en el estado Sucre. Buscaba trabajar para mejorar las condiciones de vida de su familia.
Alcalá, maestra de profesión, al igual que Ana y los parientes de los otros 26 desaparecidos, ha tenido que navegar entre la incertidumbre y el miedo y bregar con la inacción de las autoridades.
En este tiempo también le ha tocado repetir a su nieto, de cinco años, que su mamá se fue en un bote y pronto volverá. No puede quebrarse porque si ella se desploma: «¿Quién verá por Lucas?».
Está segura de que tanto su hija como las demás personas están vivas porque «el mar todo lo devuelve».
Eukaris Alcalá / Foto: Daniel Hernández
A finales de ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió al régimen de Nicolás Maduro brindar información sobre la investigación de las desapariciones de los venezolanos.
Los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidieron especificar las medidas legislativas que se han adoptado para proteger a las personas de la trata de persona, prevenir la explotación laboral o sexual y supervisar las agencias privadas de contratación.
En el comunicado, también dirigido a los gobiernos de Aruba, Bonaire, Curazao y Trinidad y Tobago, los relatores manifestaron su preocupación por la «aparente» falta de acciones efectivas por parte de las autoridades venezolanas para impedir la trata de personas e investigar y enjuiciar a los involucrados. Hasta ahora se desconoce si el gobierno respondió al exhorto.
«Señor, devuélveme a mi familiar» es lo que padres, madres, hermanos y otros parientes piden, en tanto, a su fe. Confiados en que más temprano que tarde las 28 personas dejarán de formar parte de una lista de desaparecidos.
Yeukarys Sifontes (18), Anabelle Aguilera (23), Daniamis Medina (36), Yocselys Rojas (20), Unyerlin Vásquez (16), Omarlys Velásquez (16), Luisannys Betancourt (15), Melany Patinez (22), Zulmaris Patinez (34), Ruth Patinez, Inés Araujo, Ender Blanco, Carmen Lares, Deiker Marín (19), Luisa Marín (29), Frank Hernández (22), Estéfani Flores, Sariana López, Francelis Blandín, Amanda Guilarte, Yonder Quijada (25), Anyerlis Benítez, Anderson Cabrera, Hector Torres, Rosmilys Laguado (16), Michelle Sánchez (17), son algunas de las personas que permanecen desaparecidas y que habían abordado el bote Jhonaily José.
En mayo de 2020, TalCual publicó una investigación sobre lo ocurrido en 2019 en dos embarcaciones que partieron desde el puerto de Güiria, en el estado Sucre, hacia Trinidad y Tobago. Con apenas 23 días de diferencia zarparon y desaparecieron en el mar sin dejar rastro de 60 personas. En el trabajo se evidencia cómo las instituciones de gobierno han ignorado las alertas que apuntan el desarrollo de un delito de magnitud internacional: el tráfico de personas y la explotación sexual, en el cual Venezuela se posiciona como el primer país con prevalencia en Latinoamérica, según índices mundiales.
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