Casos de civiles rezagados en justicia militar irán al sistema penal ordinario
Tarek William Saab afirmó que en el sistema de Justicia en Venezuela da respuesta y que no es necesaria una instancia internacional para ello
El fiscal designado por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, informó este jueves 21 de octubre que representantes del Ministerio Público sostuvieron una mesa de trabajo con figuras de la Justicia Militar con el fin de hacer cumplir la ley y pasar los casos que quedan de civiles en esa instancia a la jurisdicción penal ordinaria.
En su alocución de los jueves, Saab explicó que de esa forma se busca hacer cumplir la con la reforma al Código Orgánico de Justicia Militar, el cual prohíbe que civiles sean juzgados por instancias castrenses. En ese sentido, dijo que se acordó la Justicia Militar declinará las competencias de los casos que entren en ese supuesto.
«A nuestra llegada al Ministerio Público en 2017, la mayoría de las causas fueron declinadas de esa jurisdicción a la penal ordinaria. Las causas que están rezagadas, en los próximos días serán transferidas y colocadas en la jurisdicción penal ordinaria», manifestó.
Tarek William Saab aclaró que en estos casos, como son civiles juzgados por delitos militares, el ejercicio de la acción penal será ejercido por los fiscales adscritos a la Dirección en lo Constitucional y Contencioso Administrativo adscrita a la Dirección General de Protección de DDHH.
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En ese sentido, expresó que de esta forma se da dicha dirección un rango, valor y calidad técnica vinculada al tema de los DDHH, lo que calificó como un «paso trascendental en materia de administración de justicia».
El anuncio de esta y otras reformas que se hacen al sistema judicial actual ocurren mientras el Estado venezolano está a la espera de la decisión de la Corte Penal Internacional de continuar con el caso denominado «Venezuela I», en el cual Colombia y un grupo de países denunciaron a la administración de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad y violar los DDHH de la ciudadanía.
Julio Borges, designado como comisionado de Relaciones Exteriores por la Asamblea Nacional electa en 2015, emitió un comunicado el martes 19 de octubre para alertar a la comunidad internacional de una «maniobra» realizada por parte de la administración de Maduro que estaría buscando atrasar la puesta en marcha de dicha investigación ante la CPI.
Aunque no le mencionó directamente, Tarek William Saab se refirió a Borges -y a los demás detractores de su gestión- al asegurar que desde que fuera designado fiscal por la extinta constituyente se ha logrado «avanzar de manera firme y sostenida» junto a otras instituciones del Estado para que no exista la impunidad en el país, como a su juicio sí hubo en el periodo comprenido entre 1960 y 1999.
En ese sentido, resaltó que la jurisdicción interna ha tenido resultados positivos en la administración de justicia en Venezuela «sin tener que recurrir a instancias trasnacionales e internacionales porque existe, digan lo que digan los propagandistas de oficio o los que buscan de una manera lamentable usar el tema de los DDHH para ganar alguna ventaja política circunstancial» un trabajo que les respalda desde la promulgación de la Constitución de 1999.
Resaltó que durante su acción como activista de DDHH en las décadas de 1980 y 1990 «no hubo nunca u dedo movido por un juez o fiscal para promover la justicia» y que desde hace más de 20 años se ha buscado cambiar en positivo la faz sobre el tema de violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela.
Hizo hincapié en la resolución del caso de Daniel Quéliz, joven asesinado de un disparo durante las protestas de 2017 y mencionó la sentencia lograda contra los dos funcionarios de PoliCarabobo que habrían perpetrado el hecho. También se refirió al caso de David Vallenilla al dar algunos avances sobre ese proceso, diciendo que tras la nueva realización del juicio contra el sargento que accionó el arma de fuego, se han presentado más de 30 pruebas y que el viernes 22 de octubre se presentarán otras cuatro. Esperan que ese mismo día se presenten las conclusiones.
Aprovechó para dar un balance de las condenas por violación a los DDHH que se ha logrado en el tiempo que ha estado al frente de la Fiscalía, desglosándolo de la siguiente forma las 185 personas condenadas:
- 119 por homicidio en distintas calificaciones
- 5 por tratos inhumanos o degradantes
- 10 por tratos cruel
- 9 por privación ilegitima de libertad
- 1 por uso indebido de arma de fuego
- 1 por usurpación y abuso de autoridad
- 40 por delitos ordinarios
Saab mencionó que otro de los avances en la reforma que se lleva a cabo del sistema de justicia es la puesta en marcha de un «plan especial de regularización funcional de fiscales provisorios activos del Ministerio Público», con lo que busca ascender a aquellos funcionarios que así lo merezcan debido a sus méritos.
Para ello, se apoyarán en la Escuela Nacional de Fiscales, organismo que buscará reconocer la trayectoria de estos fiscales provisorios que, para obtener un ascenso, deben haber ocupado de forma ininterrumpida su cargo por cuatro años de forma ininterrumpida y así poder pasar a la titularidad.
Manifestó que no se pretende obviar la necesidad del concurso público a los cargos, sino más bien «proveer condiciones necesarias» que permitan realizar el séptimo concurso público de credenciales y oposición del Ministerio Público».
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«Este plan tiene como objeto fortalecer independencia de despachos fiscales a los fines de garantizar la justicia y DDHH de la población. Un gran avance importante de nuestra gestión en pro de los profesionales que día a día estudian, trabajan, tienen la obligación de investigar, imputar, acusar, trabajar en audiencias correspondientes», describió.
Finalizó diciendo que la Oficina de Atención a la Víctima, que adquirió rango legal en la reforma de Ley de Protección de Víctimas, testigos y demás sujetos procesales, ya ha atendido de junio a la fecha 685 ciudadanos:
- 340 que denunciaron presunta violación a los DDHH por funcionarios policiales y militares
- 345 orientación jurídica y remisiones a otros entes por no tratarse de asuntos penales vinculados a DDHH
