Casos de desaparecidos en Táchira ponen a prueba protocolos de búsqueda y salvamento
En Táchira, las autoridades desplegaron dos grandes operativos tras la presunta desaparición de peregrinos en La Grita y con la tragedia generada por la crecida de una quebrada en Lobatera. Ambos sucesos pusieron a prueba los protocolos de investigación, búsqueda y salvamento. El director de Protección Civil en la entidad, Yernaldo Canal, indica que los protocolos tienen diferentes procedimientos para los casos en que se presume la existencia de un delito y cuando se trata de eventos naturales. En los casos de investigaciones policiales, hay criterios de selectividad, coinciden Magaly Huggins, psicóloga social y criminóloga, y el periodista Javier Ignacio Mayorca, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado
En el estado Táchira, en el último mes y medio se registraron dos hechos que captaron la atención de la opinión pública y de los organismos de seguridad.
Ambos sucesos pusieron a prueba los protocolos de investigación, búsqueda y salvamento. Estos protocolos tienen diferentes procedimientos para los casos en que se presume la existencia de un delito y cuando se trata de eventos naturales.
A finales de agosto, se recibió la denuncia sobre la supuesta desaparición de un grupo de católicos que estaba en un retiro en La Grita. Semanas después, el 23 de septiembre, se conoció que un grupo de personas, de la Iglesia metodista, desapareció tras la crecida de la quebrada La Molina, en el sector conocido como Potrero de Las Casas, del municipio Lobatera.
El 8 de septiembre, en el estado Táchira, el sector Páramo La Negra, en La Grita, tras un operativo policial dirigido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), fue encontrado un grupo de 16 personas, entre ellas seis menores de edad, que había sido reportado como desaparecido desde principios de mes.
Sobre el caso de La Grita, en entrevista con TalCual, el director de Protección Civil (PC) Táchira, Yesnardo Canal, narra que se estableció un protocolo primario luego de que fue interpuesta la denuncia por la presunta desaparición de 16 personas.
En este operativo, encabezado por el Cicpc, que depende del Viceministerio Integrado de Investigación Penal, participaron la Policía y Protección Civil Táchira, funcionarios del Destacamento 214 de la Guardia Nacional (GN), efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB); la dirección de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Jáuregui (La Grita); y funcionarios del equipo de Búsqueda y Salvamento (SAR). Además, se activó un dron de alta resolución que fue enviado por el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos Ichaso.
«En este caso, es el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas quien abre la investigación. Inicialmente, el organismo solicita el apoyo por parte de Protección Civil (PC) del municipio y, al superar las 72 horas, se pide el apoyo a Protección Civil Táchira que comienza a organizar el personal para hacer el despliegue en el sitio», señala Canal.
El funcionario añade que dentro de esa investigación se tomó en cuenta la trayectoria del inicio de la ruta de las personas que estaban buscando.
El caso, que inicialmente solo fue reseñado por la prensa regional, adquirió alcance nacional luego de que, el 5 de septiembre, el comisario general de la Policía de Táchira, Wilman Rivera Torres informó que, a mediados de agosto, el Cicpc del municipio Jáuregui (Táchira) recibió la denuncia sobre la desaparición de una veintena de personas.
Las primeras alertas de este incidente se difundieron en los medios de comunicación locales el 3 de septiembre, en medio de un cruce de información y de rumores que apuntaban hacia la movilización de una secta. Pero la travesía del grupo a la montaña, según reportó La Nación, fue el 22 de agosto.
El director de Protección Civil Táchira narró que, en el caso de Lobatera, el protocolo se activó tras un incremento de caudal de la quebrada La Molina, «en un presunto dique que se hizo en la parte posterior», y tomó de sorpresa al grupo que disfrutaba del pozo.
!Allí actuó de manera primaria la Protección Civil del municipio con el organismo de seguridad. Al superar la capacidad, de igual manera, solicita el apoyo de Protección Civil Táchira que se despliega en el sitio, haciendo verificación de la información que comunica los funcionarios del municipio», indica Yesnaldo Canal.
Canal añade que se actuó con conocimiento de maniobra en cuanto al sistema de anclaje para poder extraer a las personas que quedaron con vida al otro lado del río.
«Posteriormente se inicia la búsqueda de las 10 personas según relato de quienes estuvieron en el pozo al momento del evento y después se hacen los protocolos de búsqueda y rescate de las personas que fueron arrastradas por el cuerpo de agua», afirmó el funcionario.
Nos encontramos en el Río San Pedro en #Lobatera donde gracias a los esfuerzos del @MIJP_Vzla, @PCivilTachira, @PoliciaTachira, @PNBVzla y a la comunidad organizada hemos recuperado 8 personas que lamentablemente fallecieron y seguimos buscando a 2 personas más. pic.twitter.com/j6YUitQhdS
— Freddy Bernal (@FreddyBernal) September 25, 2022
El director de Protección Civil Táchira, según informó el portal de La Nación el 5 de octubre, todavía continuaban las operaciones de búsqueda y rescate (SAR) para tratar de ubicar al último de los desaparecidos. Se trata del joven Jhon Jarvey Jáuregui Parra, de 23 años.
Su madre, Keyla Marelis Parra, solicita al gobernador de Táchira, Freddy Bernal (PSUV), que pida prestado a Funvisis un georradar (GPR). «Este aparato es necesario para detectar vacíos debajo de la tierra. Esto nos agilizaría la detección del cuerpo de mi hijo», expresó Parra.
Los peregrinos en Táchira
Javier Ignacio Mayorca, periodista especializado en criminalística y miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, explica que la desaparición constituye un delito cuando es forzada y participan elementos del Estado. Advierte que, hasta donde se conoce, esta no fue la situación ocurrida con los peregrinos del Táchira.
«En este caso se reporta la desaparición de personas de manera casi simultánea y ligados a los mismos hechos. Entonces, eso llamó la atención y generó cierta situación de escándalo en el Táchira. Por eso se movilizan, y hay una actuación quizás un poco más diligente y con mayor cantidad de funcionarios destinada a la búsqueda de las personas», expresa Mayorca sobre el protocolo aplicado por el Cicpc.
#EsNoticia El Director del CICPC @DouglasRicoVzla informó que luego de arduas labores se ubico a la familia que en redes sociales habían dado como desaparecida en la Grita, logrando determinar que las mismas estaban en un "retiro espiritual". Todo fue un Fake News. pic.twitter.com/PSf4l7LaOY
— Michel Caballero Palma (@MichelCaballero) September 9, 2022
El periodista enfatiza que no todos los casos de desaparición son tratados de la misma manera y eso es muy claro, expresa.
Mayorca recuerda el caso del grupo religioso Tradición, Familia y Propiedad, que durante el gobierno del expresidente Jaime Lusinchi estuvo involucrado en un escándalo público. El periodista señala que, en ese momento, se cuestionó la forma cómo las autoridades irrumpieron en el lugar donde se encontraba este grupo, ubicado en el municipio Chacao.
El grupo también se dedicaba a la oración: «Lo que se pudo fue sacar a las personas de allí, pero no hubo manera de enjuiciar a nadie porque no había delito».
Tanto Javier Ignacio Mayorca como Magaly Huggins, psicóloga social, criminóloga y profesora universitaria, destacan que en Venezuela existen los derechos constitucionales a la libertad de reunión (artículo 53) y a la libertad de culto (artículo 59), y así se evidenció en Táchira.
Sin embargo, llaman la atención sobre el hecho de que los peregrinos que se unieron a la iniciativa de Rosa Edilia García, una feligrés que perteneció a la Renovación Carismática, no informaran a la familia, con lo cual se disparó la alerta. Agregan que la preocupación dio pie a que la familia pusiera la denuncia.
«Lógicamente, si es un secuestro masivo, algún tipo de tráfico de personas, o alguna posibilidad de que hayan sido llevados para entregarlos a las fuerzas de los terroristas, de esas organizaciones, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de ese tipo de cosas, o de grupos que hacen sacrificios humanos, inmediatamente está bien que se hayan movilizado los cuerpos de seguridad, y que haya sido el Cicpc, porque están suponiendo que hay un hecho delictivo serio», asevera la profesora Magaly Huggins.
La investigadora enfatiza, asimismo, que al gobernador de Táchira no le convenía que el caso se convirtiera en algo serio.
«¿A cuántos casos no le hacen ninguna reacción? ¿Cuántos casos no pasan desapercibidos? La cotidianidad la dejan pasar. Pero, imagínense el impacto que hubiera tenido si el desenlace fuese otro. Para cualquier gobernador de cualquier tendencia es sumamente delicado», asevera Magaly Huggins.
Por su parte, el periodista Javier Ignacio Mayorca, especializado en criminalística y miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, enfatiza que la investigación de los casos tiene un factor de selectividad.
«Desde luego que hay una selectividad en la actuación. Siempre. ¿Por qué? Porque no hay recursos, porque, a veces, no importa», puntualiza Javier Mayorca.
En este sentido, cifras extraoficiales indican que en el primer semestre de 2022, fueron denunciadas 620 desapariciones ante Cicpc en todo el país. En Táchira se registraron siete denuncias.
Tras ser hallados, Rosa Edilia García, líder del grupo en oración, agradeció la búsqueda de los organismos de seguridad y, en especial, del Cicpc: «Damos gracias al gobierno estadal y nacional porque esclarecieron el caso, pero nosotros no estábamos desaparecidos», se le oyó decir en un video divulgados en las redes sociales del comisario Douglas Rico.
Insistió en que no estaban desaparecidos. «Nosotros estábamos en un retiro de oración, solamente rezando el rosario, la sangre de Cristo, la misericordia, pidiendo por la santa madre Iglesia, por el Papa y la salud de los enfermitos y la humanidad».
Para Magaly Huggins quizás, en el interés nacional que originó el despliegue de seguridad en la zona, haya pesado el hecho de que el gobernador de Táchira, Freddy Bernal, es una figura de peso dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
«El manejo de estos casos se basa en decisiones discrecionales porque no hay un sistema operante de justicia. Hay una máquina que se maneja de acuerdo a los intereses de quienes tienen el poder», puntualiza Magaly Huggins.
Es probable, indica Magaly Huggins, que en otro momento futuro se le pueda restar importancia a casos similares dado el revuelo que se armó con este grupo, inicialmente denunciado como «desaparecido» y con malos pronósticos.
«Eso es lo peligroso en este tipo de situaciones porque no hay un sistema de justicia operante, porque no hay un sistema de justicia capaz de responder a las necesidades concretas por delitos o causas probables de delitos en el país. Ese es el verdadero problema, porque si no, no tendría ningún sentido porque refleja el juego de los intereses políticos y, a la vez, refleja la carencia absoluta», subraya.
En ese contexto, un excomisario consultado para este trabajo, y que conversó de forma off the record, señala que no está del todo clara la situación de este caso registrado en Táchira.
«Desde un primer momento hubo una confusión, y se manejó una información falsa porque el grupo no estaba desaparecido. No vale la pena opinar sobre eso cuando se quiere sacar un provecho político, un provecho policial», puntualiza.
Tras encontrar a los tachirenses, a principios de septiembre, el ministro Ceballos Ichaso destacó que el gobierno mantiene «monitoreo nacional y acción permanente, directa y dinámica, sobre todos los eventos en materia de seguridad ciudadana, para proteger al pueblo de Venezuela, por orden de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro, como garantía del texto constitucional y fortalecer la defensa de todos».
Mantenemos monitoreo nacional y acción permanente, directa y dinámica, sobre todos los eventos en materia de seguridad ciudadana, para proteger al Pueblo de Venezuela, por orden de nuestro CJ @NicolasMaduro, como garantía del texto constitucional y fortalecer la defensa de todos https://t.co/xZxoWl3OiE
— @FuerzaDinamica Remigio Ceballos Ichaso (@CeballosIchaso1) September 10, 2022
